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LAS RESIDENCIAS DE MAYORES COMO NEGOCIO

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LEEMOS EN LA VANGUARDIA La aprobación en el 2006 de la ley de la Dependencia supuso un hito para un amplio colectivo de población apenas amparado hasta entonces por unos servicios sociales escasamente financiados y diseminados entre diferentes administraciones o por entidades del tercer sector. El amplio consenso político que consiguió la ley no evitó que su desarrollo a lo largo de los siguientes años, la irrupción de la crisis del 2008 y el debate político alentado por administraciones de diverso signo acabasen configurando un modelo que ya en su primera gran evaluación, realizada por el mismo Gobierno de Rodríguez Zapatero que la había tramitado y enviado a aprobación, apuntaba “desequilibrios” y “disfuncionalidades”. El debate instalado en el sector desde un principio, sin embargo, saltó por los aires con la eclosión de la pandemia en los meses de marzo y abril, cuando se evidenció que el sistema tenía los pies de barro y las residencias de ancianos habían sido incapaces de responder a una emergencia sanitaria y en muchos, casos abandonadas a su suerte entre el desconcierto y la indignación de usuarios y familiares. En su primera gran evaluación, la ley de Dependencia ya presentó diversas dudas ¿Por qué el sistema sanitario público dejó en manos de instituciones adscritas al ámbito social el mayor problema de salud pública de las últimas décadas? Más allá del debate competencial e incluso ético, este triste episodio ha evidenciado la necesidad de reformular un modelo que no satisface ni a las administraciones que lo gestionan bajo un tenso sistema de corresponsabilidad, ni a la patronal ni a los sindicatos. Todos coinciden en una notable falta de financiación y de reconocimiento, aunque el debate, que se desarrolla en mesas de negociación de diversos ámbitos territoriales, sigue sin concreciones, más allá de declaraciones institucionales como la que realizó el Parlament de Catalunya en julio o el pacto de Estado por la Dependencia que aprobó el Parlamento de Andalucía y ha presentado esta semana en Madrid. Un hombre habla por teléfono desde su habitación en una residencia en Murcia Un hombre habla por teléfono desde su habitación en una residencia en Murcia (Marcial Guillén / EFE) AMPLIAR “Ha pasado lo que ha pasado y aún así seguiremos sin aprender la lección porque la gente aún cree que el sistema de dependencia debe de ser un modelo low cost , casi de caridad, donde el sistema sanitario, además, pueda descargar parte de sus gastos”, señala Juan José García Ferrer, secretario general de la Asociación y la Fundación Lares, dos entidades que agrupan a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro. “No conseguiremos ningún avance hasta que el sistema de dependencia tutee de igual a igual al sistema sanitario, porque es tan importante curar como cuidar”, añade. “No vamos a aprender la lección si creemos que el sistema debe ser ‘low cost’” El sector atiende a día de hoy a 1,2 millones de personas con dependencia reconocida –la gran mayoría, mayores de 65 años–, básicamente residencias, centros de día y otros espacios sociosanitarios y programas de atención domiciliaria. Otras 300.000 están en trámite. Las plazas de residencias rondan las 380.000 en toda España. Sin embargo, la pirámide poblacional hace prever que en solo diez años la cifra de dependientes supere los 2,1 millones. Lo que ya de por sí exige una importante reestructuración del sector. También lo aconseja la evolución de la edad y esperanza de vida de los residentes, que ha pasado también en solo una década de los 4,5 años –habían llegado a ser hasta 8– a los 2,5 actuales sin que por ello se hayan producido cambios ni en el modelo de atención ni estructural de los centros. Ni, evidentemente, en la dotación presupuestaria. Según la patronal, actualmente hasta un 97% de los residentes sufre patologías crónicas avanzadas y más de un 60% presenta demencias o problemas físicos que requieren una atención continua. Una residencia de ancianos durante la crisis de la Covid Una residencia de ancianos durante la crisis de la Covid (Mercè Gili) AMPLIAR “Este modelo no da más de sí ni desde el punto de vista jurídico ni económico. Por no hablar de la pérdida de derechos individuales a los que condenamos a los ancianos con un sistema tan rígido que deberíamos cambiar de raíz”, señala Manuel Blanco Desar, autor del estudio Una sociedad sin hijos. El declive demográfico y sus implicaciones (ED Libros). Médicos sin Fronteras también ha alertado del fracaso del actual modelo en el informe Poco, tarde y mal. El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la Covid-19 en España , que hizo público en agosto para denunciar los “déficits estructurales, de recursos y de supervisión sanitaria de estos centros”. Como todos los actores del sector, la oenegé incide en las deficiencias originadas por la falta de coordinación entre residencias, centros de atención primaria y hospitales, así como entre las diferentes administraciones competentes y las empresas gestoras. Médicos sin Fronteras ha incidido en la falta de coordinación entre el sistema sanitario y el asistencial “No podemos sanitarizar las residencias, porque no las podemos convertir en hospitales de enfermos crónicos, su función no puede ser esa. Y homologar los servicios sociosanitarios con los sanitarios tampoco es realista, porque es imposible aumentar el nivel de financiación que ello exigiría. Entre una cosa y la otra debemos encontrar una fórmula intermedia, sostenible y con futuro”, señala Guillem López-Casasnovas, miembro de la comisión de reforma de la ley de Dependencia promovida por la Generalitat de Catalunya. De hecho, la brecha presupuestaria entre estos dos ámbitos que la pandemia mezcló –en comunidades como Catalunya, Salut asumió la tutela de las residencias relevando a Treball, Afers Socials i Famílies– es acusada. Una plaza hospitalaria, por ejemplo, tiene un coste medio en España de 650 euros al día, incluyendo las de cuidados paliativos, el servicio que mejor podría equipararse al que también prestan las residencias, donde el coste medio se sitúa en 53 euros diarios, con comunidades donde las plazas de asignan a un coste de 35. Servicios de ámbito social como el que ofrecen los centros de menores tutelados representan un coste medio de 250 euros diarios por plaza. Más de un 60% de los residentes presenta disfunciones que requieren atención continua “Más que las diferencias de precios entre las comunidades, el gran problema es que el presupuesto no se ajusta en ningún caso al coste del servicio. Tampoco tiene ningún sentido que en cada municipio o comunidad existan diferencias en cobertura. Se deben homogeneizar”, señala desde el sector Oriol Fuertes, CEO de Qida, entidad asociada a la Unió Catalana d’Hospitals. Además de estas diferencias, el sistema parte también con un déficit presupuestario estructural, como denuncia García Ferrer. “De los 1.100 millones que necesita el sistema cada año, sólo 820 están garantizados presupuestariamente, el resto es déficit de partida”. Un déficit que se suele repartir entre las administraciones que cubren diferentes servicios y no los cobran y la ingeniería financiera de los propios centros. Los gestionados por comunidades religiosas o del tercer sector, recurriendo a voluntarios –incluidos los miembros de las congregaciones–, donaciones y bancos de alimentos y los privados aprovechando todo tipo de acuerdos con proveedores –entre ellos las farmacias– y compensando con las cuotas de las plazas privadas el déficit que generan las concertadas. La diferencia salarial de los trabajadores en residencias llega al 40% con otros de sus misma categoría profesional La diferencia salarial de los trabajadores en residencias llega al 40% con otros de sus misma categoría profesional (Dani Duch) AMPLIAR Una cama de hospital tiene un coste medio de 650 euros diarios; las de las residencias están en los 53 En cuanto a las diferencias salariales, la brecha se sitúa en un también pronunciado 30% y hasta 40% entre los trabajadores de sanitarios y sociosanitarios, pese a tener la misma categoría profesional, como denuncian los sindicatos. Con el añadido de que en este baile de competencias se da la paradoja de que si bien son las autonomías las que acaban fijando el precio de las plazas residenciales y los ratios entre personal y residentes, el convenio laboral es de ámbito estatal. Un auxiliar de geriatría cobra 997 euros brutos mensuales, a los que puede sumar 18 brutos por trabajar en fin de semana y otros 18 por antigüedad. “Es una situación de precariedad que hace que el personal de las residencias acostumbre a estar desmotivado, pluriempleado y acumule problemas de salud”, dice Pep Martínez, representante de CC.OO. en el sector en Catalunya. En cuanto al personal sanitario que presta servicio en estos centros, se da una acusada movilidad, siendo una rara excepción los facultativos que presten su servicio exclusivamente en un único centro, con su impacto sobre la calidad del servicio.

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