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FRANCO, AHORA EL PAZO DE MEIRÁS

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El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado una demanda de la Abogacía del Estado contra la familia del dictador Francisco Franco, para reclamar la devolución del Pazo de Meirás. La aparición de un acta notarial de 1938 desmonta la versión de los Franco sobre la adquisición del pazo y podría servir para que el Estado recuperase la titularidad de la que fuera residencia de veraneo del dictador.

Tal y como ha revelado el diario 'El País', la Abogacía del Estado ha encontrado un acta notarial de 1938 que certifica la venta del Pazo de Meirás por parte de los herederos de Emilia Pardo Bazán a la 'Junta pro-Pazo'. Este contrato serviría para demostrar el fraude en la supuesta compra del Pazo por parte de Franco en 1941 por 85.000 pesetas.

La demanda, presentada ante el Juzgado de Primera Instancia 1 de A Coruña, pretende conseguir una reivindicación histórica, la devolución del Pazo al Estado. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que lleva más de un año tratando de cumplir su promesa de exhumar a Franco del Valle de los Caídos, abre un nuevo frente contra la familia del dictador en los tribunales.

Sánchez asegura que la Abogacía del Estado dispone de "todos los mecanismos legales para demostrar que los Franco actuaron contra derecho". El abogado de la familia Franco asegura que no recibido aún la notificación de la demanda y confía en que sea desestimada. 

Los abogados del Estado consideran que la compraventa fue simulada para "encubrir la donación anteriormente celebrada y permitir una inscripción a título particular de un edificio que había sido transmitido previamente a la Jefatura del Estado". Estos hechos supondrían un delito de falsedad en documento público.

El Pazo de Meirás es una casa señorial situada en el término municipal de Sada, de finales del siglo XIX, y que la familia Franco tomó como suyo para uso personal. Desde hace años es reclamado para que pase a manos exclusivas del pueblo.

Después de que fuera declarado Bien de Interés Cultural en el año 2008, los propietarios tienen el deber de abrirlo al público al menos 4 días al mes. La familia Franco se ha opuesto en numerosas ocasiones pero en 2010 el Tribunal Supremo confirmó su obligación legal.

En 2018, meses después de que la familia pusiera a la venta el Pazo por 8 millones de euros, la Diputación provincial exigió al Gobierno de Sánchez su recuperación. La expropiación del inmueble a la familia del dictador ha sido una reclamación tanto de las asociaciones y organizaciones en defensa de la Memoria Histórica, como de PSOE, Unidos Podemos o el BNG. Debido a las peticiones por devolver el pazo al patrimonio público, la Xunta creó una comisión para estudiar si "hubo vicios ocultos" en la donación del inmueble a Franco.

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