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EL "ENREDO" DE LA FISCALIDAD MADRILEÑA
La actual polémica por el supuesto dumping fiscal que hace la Comunidad de Madrid con sus políticas económicas autonómicas no es nueva. En realidad, viene de lejos, y se reavivó en la etapa del Gobierno de Zapatero, se habló durante el mandato de Rajoy e incluso al comienzo de la era Sánchez se tomó como un asunto a tratar.
Ahora el actual presidente del Ejecutivo quiere afrontar la 'armonización' fiscal a petición de sus socios de legislatura, sobre todo ERC, clave para que salgan adelante los Presupuestos.
Para empezar, la llamada 'armonización' fiscal es, sobre el papel, un imposible en España porque la propia Constitución valida los privilegios fiscales de Navarra y Euskadi, que tienen un régimen propio reconocido en la Carta Magna y siempre motivo de debate nacional.
El modelo de financiación autonómica lleva años siendo un tema delicado en nuestro país y con el presidente Zapatero se intentó reformar en 2009.
Ese nuevo modelo de financiación autonómica que se gestó en el segundo gobierno de ZP ya planteaba un veto a regiones como Madrid al proponer que las comunidades que rebajen unilateralmente los impuestos a sus ciudadanos no dispondrían de acceso al fondo autonómico para el rescate, en tiempos de crisis económica financiera (2008-2014).
Desde tiempos de Aguirre
Por entonces la presidenta madrileña era Esperanza Aguirre, quien hizo bandera de sus ideas liberales e impuso un sistema de bajada generalizada de impuestos en la Comunidad de Madrid. Con ello ganaba elecciones y enemigos fuera de su territorio. Y es que este veto que intentó el Gobierno Zapatero parecía pensado contra Madrid, que era acusada por algunas regiones de practicar algo que se denominaba entonces "dumping social".
Sin embargo, por 2009 se acusaba también a otras autonomías de practicarlo: en concreto a Euskadi, que durante los 1990 con el PNV desarrolló un sistema de incentivación para acaparar capitales con una política fiscal de bajos impuestos.
De Madrid siempre fue muy cuestionada la visióin sobre el impuesto de sucesiones y donaciones, el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, el impuesto de matriculación de vehículos...
Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha y Extremadura se consideraban regiones "pobres" y perjudicadas por estas políticas fiscales de regiones más ricas que, además, con estas políticas fiscales, atraían empresas y capitales.
En el caso del famoso impuesto de sucesiones y donaciones, que intenta que los patrimonios de las familias más adineradas pasen parcialmente al conjunto de la sociedad y no se hereden en su totalidad, la realidad es que está generalizado su bonificación, y no es sólo algo que sea bandera de Madrid.
País Vasco, Andalucía, Cantabria, Extremadura, Madrid y Murcia son las autonomías que menos gravan las fortunas y patrimonios heredados.
Además, en Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Galicia, este impuesto se paga casi de manera simbólica, dependiendo del importe. Cataluña o Comunidad Valenciana son las más duras con este impuesto.
NUEVAS DISPUTAS
Nueva batalla a la vista entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, esta vez, a costa de la fiscalidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que se debe abordar la "armonización fiscal" alegando que es una cuestión de "igualdad de oportunidades entre los españoles vivan donde vivan". Sánchez se ha pronunciado así después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya rechazado modificar su sistema fiscal.
La cuestión de la fiscalidad autonómica ha acaparado el foco político y mediático después de que ERC anunciase un pacto con Moncloa para apoyar los Presupuestos a cambio del compromiso de emprender una reforma para "acabar con el dumping fiscal de Madrid". Los republicanos catalanes se referían al impuesto de Patrimonio, que se aplica en toda España pero que en la región madrileña está bonificado al 100%.
Sin embargo, antes de la negociación de los Presupuestos, el Ejecutivo había defendido la necesidad de abordar con las autonomías una reforma para poner fin a la "competencia fiscal desleal". Y en esta línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a Díaz Ayuso que hay "presidentes regionales del PP que son conscientes de que tenemos problemas en el sistema fiscal con determinados impuestos".
"Tenemos una gran tarea en España respecto a la armonización fiscal, que se tiene que producir en determinados impuestos en nuestro país si queremos garantizar algo en lo que creo que puede estar de acuerdo todo el mundo, incluida la señora Ayuso, que es la igualdad de oportunidades de los ciudadanos vivan donde vivan", ha manifestado Sánchez al ser preguntado por las críticas de Ayuso tras el anucio del pacto con ERC.
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