El Gobierno aprueba un polémico plan de regeneración democrática que genera dudas sobre la libertad de expresión
Sin embargo, este plan ha suscitado fuertes críticas, ya que algunos sectores lo consideran un intento de controlar el discurso mediático y limitar la libertad de prensa bajo la excusa de combatir la desinformación
17-09-2024
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de regeneración democrática impulsado por Pedro Sánchez. Esta medida, presentada como una respuesta personal a lo que el presidente ha llamado "lawfare" o persecución judicial, tiene como trasfondo las acciones legales que tanto él como su esposa, Begoña Gómez, han enfrentado. Sin embargo, este plan ha suscitado fuertes críticas, ya que algunos sectores lo consideran un intento de controlar el discurso mediático y limitar la libertad de prensa bajo la excusa de combatir la desinformación.
Tras las negociaciones con su socio de gobierno, Sumar, el plan incluye algunas novedades controvertidas. Entre ellas, destaca la eliminación del delito de ofensas religiosas del Código Penal, una medida que responde a presiones de grupos progresistas, pero que podría interpretarse como una concesión a ciertos sectores para limitar la crítica religiosa en contextos culturales y artísticos. Sin embargo, el Gobierno no ha dado el paso de eliminar el delito de injurias a la Corona, pese a las demandas de sus aliados de izquierda, lo que pone en duda la coherencia de este esfuerzo "regenerador".
Objetivos cuestionables
Sánchez ha argumentado que este plan es una respuesta a las "campañas de desinformación" que, según él, se han activado en su contra y contra su esposa. Sin embargo, el anuncio ha sido recibido con escepticismo. Durante una reunión con su grupo parlamentario, el presidente aseguró que el plan busca dotar a las Cortes Generales de mayor "transparencia y pluralidad", aunque muchos se preguntan si lo que realmente pretende es aumentar el control sobre los medios que critican su gestión.
Una de las medidas más controvertidas es la regulación de la publicidad institucional, que, según el plan, evitará que ciertos medios de comunicación reciban fondos públicos. Aunque Sánchez lo justifica como una forma de combatir la desinformación, esta acción podría ser utilizada para castigar a medios críticos y premiar a aquellos que son afines a su gobierno. Además, el plan incluye medidas para luchar contra las "fake news", pero sin especificar quién decidirá qué se considera desinformación, lo que abre la puerta a la censura selectiva.
El presidente insiste en que el plan fortalecerá "el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz", pero la ambigüedad de las medidas ha generado preocupación en torno a posibles ataques a la libertad de prensa y la neutralidad informativa. ¿Quién controlará la veracidad de la información? Y, lo más importante, ¿a quién beneficia esta "regeneración"?
Reformas a medias
En el terreno jurídico, el plan elimina el delito de ofensas religiosas, algo que puede verse como un guiño a sectores progresistas, pero el Gobierno ha evitado eliminar el delito de injurias a la Corona, a pesar de las promesas iniciales y las presiones de algunos de sus socios. Esta incongruencia pone en tela de juicio la verdadera intención del plan, que parece priorizar la protección de ciertas instituciones mientras ignora otras demandas legítimas de libertad de expresión, como la de artistas y creadores que han sido perseguidos judicialmente en los últimos años.