La ocupación ilegal de casas en Cantabria desciende un 33 por ciento en el primer semestre
También desciende en Navarra, Baleares y País Vasco, ofreciendo Asturias y La Rioja tasas bajas. En España el fenómeno "okupa" sube un 5 por ciento.
10-08-2020
SEGÚN EL SISTEMA ESTADÍSTICO DE CRIMINALIDAD (SEC) DEL MINISTERIO DEL INTERIOR un total de 24 viviendas han sido ocupadas ilegalmente en Cantabria en el periodo enero-junio de 2020. Este dado apunta a que el fenómeno "okupa" también alcanza a nuestra Comunidad Autónoma., si bien el número de casas ocupadas ilegalmente en el primer semestre del año ha descendido un 33 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior al bajar de 36 a 24. Navarra también se ha sumado a este descenso con un 42 por ciento (de 59 ha bajado a 39) y el País Vasco con una caída del 2,7 (de 111 viviendas ocupadas ilegalmente en 2019 ha pasado a 108. El descenso ha sido mucho más fuerte en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A nivel nacional, este delito ha aumentado en un 5 por ciento.
En relación a Comunidades uniprovinciales de la zona norte, el dato de 2020 contrasta fuertemente con Asturias que tiene 20 casas ocupadas ilegalmente, pero con una población de 1,037 millones, mientras la de Cantabria es de 581.641; Navarra presenta 34 ocupaciones y cuenta con una población de 650.000 habitantes y La Rioja, 6 con una población en 2018 de 315.675.
El problema no es nuevo en Cantabria. A finales del pasado mes de julio se celebró una concentración de personas de Meruelo indignadas por la ocupación ilegal de viviendas. En concreto, el Ayuntamiento de Meruelo apeló a la colaboración ciudadana como instrumento fundamental para evitar la ocupación ilegal de viviendas mientras no sea modificada la legislación vigente en torno a este asunto.
Esa fue una de las principales conclusiones que se extrajeron de la reunión que se celebró en el Centro Cívico Municipal para abordar este problema que viene afectando al municipio en los últimos meses. A la cita, convocada por el propio Ayuntamiento de Meruelo ante la inquietud generada entre los ciudadanos y propietarios por la ocupación de varias viviendas, acudieron numerosos vecinos que llenaron el salón de actos del Centro Cívico, respetando en todo momento las medidas sanitarias y la distancia de seguridad. La inquietud fue tal que se llegaron a organiar rondas ciudadanas para evitar las ocupaciones ilegales.
Durante los últimos meses se han incrementado el número de ocupaciones ilegales en viviendas vacías o de residencia habitual, sobre todo en los meses de verano y tras la situación extraordinaria actual. En muchos casos, quienes están detrás de estos actos delictivos son mafias que aprovechan para hacer negocio.
Esta es una de las mayores preocupaciones de los propietarios, ya que el proceso de desalojo puede llegar a ser bastante lento y costoso. En julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018, que modificaba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, más conocida como 'ley de desahucio exprés'.
Esta normativa incluye novedades para agilizar la devolución de la vivienda ocupada mediante la vía civil. El propietario tiene que presentar una demanda de recuperación inmediata de la vivienda y los ocupantes tienen un plazo de cinco días para justificar que viven allí.
De este modo, se abre un plazo de 30 días para recuperar el inmueble, aunque en ocasiones puede retrasarse unos meses, sobre todo si los okupas presentan documentos falsificados.
Algunas administraciones autonómicas y municipales han desarrollado marcos regulatorios que "favorecen el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como el de la propiedad privada", añade la experta. Además, aclara, no se ha resuelto el problema real, "que es promover una alternativa habitacional para los colectivos más vulnerables".
Los profesionales destacan que años atrás el perfil del okupa solía coincidir con una persona o una familia con situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Sin embargo, también existen profesionales que se dedican a la okupación como un negocio.
Estos okupas son profesionales que saben en qué momento proceder a la ocupación, que normalmente se realiza "en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos", destaca el promotor y director de Noucastor, Manel Roger. En estos casos, cambian las cerraduras y suelen ocupar prácticamente el edificio "para luego vender los pisos a personas que quieren realmente okupar por 1.200 o 1.500 euros".
PROBLEMA EN AUMENTO
La ocupación ilegal de viviendas crece cada año en España. Si en 2013 la Guardia Civil, la Policía Nacional y los cuerpos policiales autonómicos y locales dieron cuenta de 7.739 casos, en 2018 la cifra fue de 12.214, un crecimiento del 58% en cinco años. Los datos más actuales apuntan que la tendencia sigue al alza. Sólo entre enero y junio de este año el número de denuncias por okupación ha sido de 7.450, un 5% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos facilitados por el Ministerio del Interior. Con estas cifras, se puede decir que de media se producen al día 41 denuncias por okupación de un inmueble.
En estos momentos, la estadística ofrece estos datos: Cataluña, 3.611 viviendas ocupadas ilegalmente; Madrid, 657, andalucía, 1.103 y resto Comunidades Autónomas, 1.434.
INFORME DE ASVAL
En los últimos meses y, sobre todo, a raíz de la pandemia provocada por el covid-19, han aumentado los casos de ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de particulares y empresas, según informa idealista/news, que estima que en la mayoría de las ocasiones, quienes están detrás son mafias que hacen negocio facilitando el acceso ilegal a personas con muy poca vulnerabilidad social.
Según datos del propio Ministerio del Interior, la ocupación ilegal ha crecido en España desde el año 2016 casi un 50% y entre 2018 y 2019 ha aumentado un 20%, hasta las 14.394 okupaciones. Por su parte, los datos que maneja el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas reflejan que en el último año el 61% de las fincas vacías en España han tenido casos de ocupación y en Cataluña, el 88%.
Con estos casos al alza, los despachos de abogados han visto aumentar considerablemente las denuncias de propietarios por usurpación de la vivienda tanto la vacacional como la habitual. Salvador Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, señala que el confinamiento provocado por el covid-19 ha sido aprovechado por los okupas para entrar ilegalmente y quedarse en los inmuebles, al verse obligados sus titulares a ausentarse tras la declaración del estado de alarma.
Beatriz Toribio, directora general de ASVAL (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), sostiene que “la ocupación ilegal se ha convertido en uno de los mayores problemas al que se enfrenta el mercado del alquiler. Algunas Administraciones Públicas han generado marcos regulatorios que favorecen el fenómeno de la ocupación frente a derechos consagrados en la Constitución como es el de la propiedad privada. Todo esto genera una enorme inseguridad jurídica. Pero, además, no se soluciona el problema real que es promover una alternativa habitacional para los colectivos más vulnerables”.
Toribio va más allá y recuerda que, aunque no hay datos oficiales de la evolución de la ocupación en lo que llevamos de 2020, asegura que las nuevas regulaciones desarrolladas por determinados gobiernos autonómicos y municipales, como la catalana, podrían estar empujando a determinados colectivos a utilizar cada vez más esta vía. “Son un claro efecto llamada hacia la ocupación”, añade.
El perfil actual del okupa
Los expertos coinciden en señalar que hace muchos años el perfil del okupa coincidía con una persona vulnerable socialmente. Sin embargo, hoy en día la mayoría de los okupas son personas sin necesidades sociales que aparecen en los juzgados para declarar “con móviles de última generación”, comenta el juez de primera instancia de Barcelona Fernando Valdivia. Apostilla que han aumentado las okupaciones porque “desde la Administración se está provocando que pase esto, los populismos no ayudan”.
“El problema no está en los juzgados, sino en la cobardía de los políticos que no reconocen que es un proceso antisocial y lesiona la propiedad privada. Hay muy pocos okupas con estado de necesidad. Para muchos es una forma de vivir. Y luego llevan un iPhone de última generación y tienen barriga, es decir, que comen mucho”, señala el magistrado en una ponencia online organizada por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC).
En su opinión, la mayoría de okupas son “filoanarquistas, violentos y muy bien organizados, con poca necesidad de vivienda y que la mayoría se va a dormir a sus casas, u ocupantes que son niños de 'familias bien' que juegan a okupar”.
Manel Roger, promotor en Barcelona y director de Noucastor, señala que hoy en día los okupas son profesionales y saben perfectamente cuándo ocupar las viviendas de obra nueva, que es justo en el momento de la entrega de las llaves a los verdaderos propietarios o inquilinos. “Son profesionales, cambian las cerraduras y okupan casi todo el edificio para luego “vender” los pisos a personas que quieren realmente okupar por 1.200 o 1.500 euros. Y suelen convocar a más okupas que viviendas hay para sacarle más beneficio (ilegal)”, apunta Roger.
Ramón Riera, fundador y propietario en Eurofincas, comenta que muchos de los okupas se organizan porque “detrás tienen un apoyo logístico, es decir, detrás hay mafias que proporcionan contratos falsos, llaves y también tienen apoyo de organizaciones o asociaciones, como Okupar Barcelona, que te dicen qué tienes que hacer para okupar una vivienda”.
Qué falla para que esté aumentando la ocupación ilegal
Los expertos consultados recalcan que no hay una respuesta rápida y útil por ninguna de las Administraciones y poderes públicos que pueden intervenir en primera instancia. Enrique Vendrell, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y coordinador en el Consejo General de Administradores de Fincas de España, señala que “en la vía penal, a los “okupas” les basta decir que actuaron por necesidad o que alguien les “cedió” la vivienda para evitar la condena penal”.
Además, Salvador Salcedo recuerda que la vía penal, invocando un posible delito de usurpación, tampoco es rápida y eficaz. “Si los okupas niegan el acceso a la policía, previa denuncia del propietario, éste deberá acudir al juez y con bastante probabilidad celebrarse juicio”, señala para añadir que se acordará el desalojo una vez se dicte sentencia de condena, procedimiento que se prolongará durante varios meses.
En la vía civil, Vendrell asegura que ha mejorado la situación tras la última reforma procesal de 2018 (Ley 5/2018 de 11 de junio) limitada a viviendas y a propietarios particulares (no a bancos, socimis o promotoras). Sin embargo, “la falta de agilidad procesal provocada por la escasez de medios y de recursos provocan una demora injustificable para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo cual es aprovechado por los ocupantes y por las organizaciones que los dirigen, perfectamente conocedores de la ineficiencia del sistema judicial y de la lentitud del proceso, cuyo trámite se esfuerzan en entorpecer a fin de obtener el máximo beneficio de las ocupaciones”, subraya Vendrell.
El conocido como procedimiento de “lanzamiento express” para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas no ha dado sus frutos porque “a pesar de que los ocupas tenían un plazo de cinco días (desde que eran requeridos) para presentar el título que justificase su okupación y si no lo presentaban en 20 días debían ser desalojados, al tener una ley muy garantista, lo que hacen los okupas es presentar contratos de arrendamientos falsos u otros documentos (también falsos) que acreditan una ocupación”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Por eso, en opinión de Zurdo, hoy en día antes de 7-8 meses es difícil recuperar la posesión de la vivienda ocupada.
Y ante la larga espera que sufren los propietarios por recuperar su vivienda, han surgido empresas que evitan acudir a la vía judicial. Es el caso de Desokupa, una empresa que ejerce técnicas (el control de acceso, por ejemplo) para devolver la casa okupada a su dueño en menos de una semana y por un precio de unos 3.000 euros.
Qué cambios hay que hacer en las leyes para agilizar los desalojos
Desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España abogan por modificar la Ley que regula los procedimientos penales (Ley de Enjuiciamiento Criminal) para establecer medidas específicas que se puedan acordar provisionalmente desde el inicio de una denuncia penal a fin de que las Fuerzas de Seguridad puedan intervenir desde el primer momento en que es detectada y denunciada por el titular una ocupación ilegal que, además, supone un hecho delictivo.
También aboga por dotar de competencias a los ayuntamientos para que puedan ejercer competencias propias contra la ocupación ilegal (que puedan actuar judicialmente vía juicio verbal sumario), dado que alteran la convivencia en el inmueble y en el vecindario, provocan conflictividad social y generan problemas de seguridad.
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler señalan que “la única manera posible de que sea efectiva una ley que ya tenemos para evitar la ocupación de viviendas (ley 5/2018 del 11 de junio) es exigir que se cumpla y que no caigan los jueces ni los árbitros en las trampas que les tienden los okupas para ganar tiempo, presentando contratos de arrendamientos falsos”.
José Ramón Zurdo, además, propone modificar el código penal para endurecer la pena del delito de usurpación y que sea una pena de prisión menor (y no una simple multa). También aboga por modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, permitiendo que las desocupaciones de viviendas sean tramitadas por órganos administrativos como los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. “Y luego con los okupas ya fuera de las viviendas, que se inicien los procedimientos judiciales por si se hubiera vulnerado algún derecho de los ocupantes, o sea en otras palabras, cambiándose el orden de proceder actual”, sentencia.
Desde ASVAL también piden un marco regulatorio que promueva una alternativa habitacional y que las Administraciones Públicas aumenten el parque de viviendas social en alquiler porque en España apenas representa un 2% frente al 30% de Países Bajos o el 17% de Francia y Reino Unido.