El portavoz del PSOE en Astillero rechaza presentar el reconocimiento de compatibilidad que recoge la Ley de Transparencia

Está generando, además de la habitual curiosidad, cierta polémica, por algunos "vacíos" en esas declaraciones.

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11-02-2019

El portavoz del PSOE de Astillero rechaza presentar el reconocimiento de compatibilidad que recoge la Ley de Transparencia.

El paso dado en el Ayuntamiento de Astillero para aplicar la Ley de Transparencia y que los vecinos tengan acceso a través de la web municipal a las declaraciones de bienes, intereses e incompatibilidades de los miembros de la Corporación, está generando, además de la habitual curiosidad, cierta polémica, por algunos "vacíos" en esas declaraciones.

Como ya informó Cantabria24Horas, son varios los concejales y portavoces de grupos municipales que no han presentado su declaración de bienes y en otros es la declaración de incompatibilidades, a la que están obligados los cargos públicos con algún tipo de retribución económica que trabajan para la administración, lo que no se ha cumplido.

En el Grupo Municipal Popular las declaraciones de su portavoz, Fernando Arronte, y la concejala Consuelo Castañeda, no aparecen en el apartado de Transparencia de la web del Ayuntamiento, aunque aseguran que facilitaron la de 2015, pero tienen que adaptarla. Arronte ha explicado a Cantabria24Horas que pensaba que era suficiente con la realizada a principios de legislatura y que por motivos laborales no ha podido entregarla al secretario municipal, algo que pretende “realizar cuanto antes”.
Caso muy distinto es el del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Salomón Martín. Aunque los cuatro integrantes del grupo han presentado su declaración, como recogió Cantabria24Horas en la del portavoz no figura el reconocimiento de compatibilidad –necesario al estar al trabajar para la administración como docente en un instituto público- ni consta la dedicación parcial en el momento en que fue nombrado teniente de alcalde con retribución económica del Ayuntamiento.

Martín, en declaraciones a este medio, ha rechazado dicha obligación. “No tengo la obligación de solicitar compatibilidad; he mandado a los medios la legislación vigente en la materia y se recoge en dos disposiciones legales, después de solicitar informe jurídico a expertos en la materia”.

El socialista asegura además que “hay tres concejales del PRC que han modificado sus declaraciones en dos días y no recogen todos sus ingresos, cosa que yo no he hecho”. Según Martín, “el alcalde no informa de sus beneficios como accionista de su sociedad, ni de su dedicación como portavoz de la oposición en 2014; igual hace la primera teniente de alcalde”. Opina que el alcalde “también debería informar de su sueldo en el Parlamento y de su compatibilidad en el pleno”.

En cuanto al Grupo de Izquierda Unida, su portavoz y líder de la formación a nivel regional, Leticia Martínez, registró su declaración el 31 de enero, justo un día después de que el alcalde Francisco Ortiz anunciase que ya se podía consultar en el portal de transparencia municipal los datos de la Corporación. IU ha indicado que el otro concejal del grupo en Astillero, Enrique Iglesias Santiago, “hizo su declaración de bienes cuando tomó posesión, y la tienen en secretaría, pero no lo subieron a la web”.

Finalmente, en su condición de alcalde y de miembro del Grupo Municipal Regionalista, Francisco Ortiz ha afirmado que “en todo momento he tratado de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia”. En septiembre de 2018 solicitó a los concejales que presentasen sus declaraciones iniciales “ajustadas a los modelos aprobados en pleno y adaptadas a la Ley de Transparencia”, ha dicho, y “pasado un tiempo más que prudencial ha sido ya el momento de publicarlas en la web municipal, a pesar de que algunas faltan y otras pudieran no ser completas”.
Preguntado por las discrepancias expresadas por el portavoz del PSOE sobre sus obligaciones en el reconocimiento de incompatibilidades, Ortiz no ha querido entrar a valorarlas. Se ha limitado a decir que “no es a mí a quien corresponde decirlo, entiendo que deberán ser los jurídicos municipales los que determinen qué obligaciones tenemos en este tema los miembros de la Corporación”.