Solvay reconoce que sin ayudas públicas no se garantiza el futuro de la planta
Para USO, la decisión de Solvay de llevar a cabo una huida hacia adelante sin afrontar las inversiones con sus propios recursos es una pérdida de tiempo que puede ser irrecuperable
23-05-2019
En la jornada de información celebrada por la dirección de Solvay con la plantilla de la fábrica de Barreda, la empresa ha reafirmado que las inversiones imprescindibles de más de 200 millones de euros están condicionadas a:
-La aprobación de sus alegaciones para ampliar la quema de carbón hasta el año 2030, que el Plan de Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) enviado por el Gobierno central a la Unión Europea que fija el fin en diciembre de 2024
- Subvenciones de las administraciones públicas a través de un plan renove de la vieja cogeneración Solvay II que finaliza su vida útil en junio de 2023La regulación de un mayor peso de la cogeneración en el mix energético y un nuevo régimen retributivo de la cogeneración para sustituir el carbón por gas natural.
-La intervención de la empresa, que corrió a cargo del director, Jorge Oliveira, y su equipo de dirección, reconoció antes toda la plantilla que las inversiones del grupo químico están condicionadas a las ayudas públicas para hacerla competitiva. Sin estas ayudas el Grupo Solvay “no garantiza la inversión” y por tanto su futuro.
Para USO-Solvay, la dirección no termina de afrontar el reto del abandono del carbón en la fecha fijada por el Gobierno central, ratificando que las inversiones del grupo para la transición energética siguen condicionas a las decisiones políticas.
Para USO, la decisión de Solvay de llevar a cabo una huida hacia adelante sin afrontar las inversiones con sus propios recursos es una pérdida de tiempo que puede ser irrecuperable, poniendo en grave riesgo llegar a tiempo con la transición energética realizada y por tanto el futuro industrial y del empleo consolidado.
El sindicato USO seguirá insistiendo en la necesidad de un esfuerzo compartido para buscar una solución definitiva a la continuidad del complejo industrial mediante la constitución de una mesa de diálogo social impulsada por el futuro Gobierno de Cantabria.