Ciudadanos presenta una PNL para luchar contra la venta a pérdidas de la leche

Marta García denuncia que esta práctica pone en riesgo el futuro del sector lácteo en Cantabria

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09-09-2019

La diputada de Ciudadanos (Cs) Cantabria, Marta García, ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para luchar contra la venta a pérdidas de la leche, una práctica que implica la venta de un producto por debajo de su precio de producción y que pone en riesgo el futuro de las explotaciones ganaderas de Cantabria.

García ha señalado que en 2010 “había en Cantabria 1.773 ganaderos de leche en la región, cobrando la leche a 0.30 céntimos, y a fecha de diciembre de 2018, apenas quedan 1.150, que cobran el litro de leche a 0.31 céntimos, a pesar de que el IPC se ha incrementado en estos ocho años un 13.4%”. Esta circunstancia, unida a  los altos costes de producción, las amortizaciones y el envejecimiento del sector, hace que la “ganadería de leche esté condenada a la desaparición si el Gobierno no toma las medidas pertinentes para evitarlo”, asevera García.

En este contexto, la Proposición no de Ley registrada por el portavoz parlamentario de Cs, insta al Gobierno de Cantabria a intensificar las inspecciones en la cadena de distribución, velando por el cumplimiento de la Ley de Comercio Minorista de venta a pérdidas. Además, se pide que se incrementen los controles de  etiquetado, para evitar prácticas fraudulentas, así como que se tramiten “de manera prioritaria” los expedientes que remite la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a la Comunidad.

En esta misma línea,  Cs solicita al Ejecutivo regional que se ponga en marcha una campaña de sensibilización e información en los medios de comunicación regionales para que cualquier consumidor pueda identificar los productos que se comercializan como productos ‘reclamo’ y venta a pérdidas.

Por último, a través de la PNL se demanda la implantación de un sello de calidad de la leche a través del ODECA y el fomento del consumo de las producciones locales y de leche pasterizada en colegios, residencias, hospitales y empresas públicas de la región, respetando la legalidad vigente en materia de competencia.