Denuncian un nuevo desahucio por parte de Liberbank en la calle Enrique Gran de Santander

Andrés es pintor y Noemí ha trabajado en el sector de la limpieza

12-12-2019

El juzgado de instrucción nº 5 de Santander tiene programado un nuevo lanzamiento para el viernes 13 de diciembre a las 10 horas en la calle Enrique Gran, de Santander. En este caso la denuncia presentada por Liberbank va dirigida contra una pareja, Noemí y Andrés, de 46 y 29 años de edad. Andrés es pintor y Noemí ha trabajado en el sector de la limpieza. Actualmente, no trabajan ninguno de los dos y llevan en desempleo desde hace cinco o seis años. Sobreviven gracias a una exiguarenta básica de 430 euros y a las ayudas de familiares, como la madre de Andrés, que es vecina en un piso de alquiler del mismo edificio. 

La pareja entró a vivir en el piso de la calle Enrique Gran hace dos años, a finales de 2017. A raíz de sus problemas económicos y después de agotar todos sus ahorros, no les quedó otro remedio. Según Andrés, que vivió anteriormente con su madre en el mismo bloque de viviendas, el inmueble propiedad de Liberbank llevaba vacío más de 30 años. En ese sentido, la plataforma Stop-Desahucios, que apoyan a la pareja, informan que este piso, que no ha sido habitado durante décadas, fue adquirido por CajaCantabria en 2010 después de un proceso de ejecución hipotecaria. 

Según fuentes de la plataforma, todavía existe alguna posibilidad de suspender el desahucio en vía judicial. Para Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma Stop-Desahucios, todos estos procedimientos deberían hacerse por la vía civil. “Las entidades bancarias suelen denunciar por usurpación porque los procesos penales son más baratos. Lo ético y lo más razonable desde el punto de vista jurídico sería que optaran por el procedimiento civil, ya que el sistema penal no está creado para practicar desahucios sino para otras cuestiones. De hecho, no hay normas específicas que avalen muchos de los desalojos practicados por los juzgados de instrucción. Y que se gane o no el juicio depende demasiado de la pericia del abogado de turno y de la sensibilidad del juez que toque”, expresa Mazorra.

Hoy mismo, a primera hora de la mañana, han presentado escrito solicitando la suspensión del lanzamiento. “Han existido algunas irregularidades, por ejemplo, la falta de legitimidad de Liberbank para presentar la denuncia ya que en el registro de la propiedad todavía figura CajaCantabria. Ese sería un motivo de nulidad. También se ha solicitado la intervención de los servicios sociales. Según las últimas reformas, habría que comunicar a los servicios sociales cuando existen casos de posible vulnerabilidad socioeconómica. En este caso, se aplica lo que se llama el derecho supletorio, es decir, que la legislación civil sustituya a la penal”, explica el portavoz del sindicato social.

Desatención

Según la plataforma Stop-Desahucios, uno de los problemas que se encuentran los afectados y las plataformas es la negativa de la oficina de emergencia habitacional a ayudar a estas familias. A pesar de que la ley de vivienda protegida les ampara, según los miembros del colectivo, dicha oficina rechaza a precarios y a ocupas. Sólo ofrecen viviendas de alquiler social a las personas que sufren una ejecución hipotecaria o que dejan de pagar el alquiler. Para Roberto Mazorra, esto no es comprensible: “el tema legal es importante ya que la ley no establece diferencias entre afectados o entre procedimientos judiciales, lo cual sería discriminatorio e inconstitucional. Además, muchos de los llamados ‘ocupas’ no son tales ya que proceden de antiguas ejecuciones hipotecarias o impagos de alquiler, así como de cesiones de inmuebles y de muchas otras circunstancias. Las visicitudes de los precarios y los mal llamados ‘ocupas’ son un mundo mucho más complejo que lo que se visualiza en los medios. Sin embargo, lo más relevante es el tema humano: ¿qué hacemos con todas estas familias, muchas de ellas con menores y algunas con personas con discapacidad?, ¿las dejamos en la calle?”. 

“En este momento, sólo en la plataforma existen diecisiete casos –precarios, ocupas y otras circunstancias similares– con riesgo inminente de desahucio por denuncias de las entidades bancarias. A todos ellos los rechazan las administraciones públicas, es una vergüenza”, concluye Mazorra.