Edita: Cantabria Ediciones On Line 24 horas. Director: José Ramón SAIZ FERNÁNDEZ
Diario Digital controlado por OJD

El Gobierno central elude valorar las propuestas del G8 autonómico, pero reconoce que «suman»

El presidente cántabro lamentó que dos comunidades -Extremadura y La Rioja- impidieran una declaración institucional sobre el lobo y el rechazo a las tesis que mantienen otras comunidades con las mayores poblaciones de esta especie.

Enviar a un amigo
23-11-2021

 

 

El Gobierno de España se maneja con mucha prudencia al valorar la iniciativa de ocho presidentes de comunidades autónomas (Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura), que el martes firmaron en Santiago una declaración institucional con 35 puntos. En ella se incluyen algunas medidas concretas que, a juicio de los firmantes, deberían tenerse en cuenta en el inminente diseño del nuevo sistema de financiación. Pese a que el anfitrión del foro fue el popular Alberto Núñez Feijoo, ese tiento tiene mucho que ver con la rubrica de cinco presidentes socialistas, que anteriormente —el 5 de noviembre— adelantaron en Ferraz parte de los contenidos que se iban a plasmar. Solo dos líderes territoriales del PSOE —Valencia y Baleares—, se han mantenido al margen.

Desde el Ministerio de Hacienda, responsable de presentar el nuevo modelo de reparto de fondos a las comunidades, eludieron un día después valorar las propuestas concretas incluidas en el documento, como un mayor peso en la ponderación en las áreas afectadas por la despoblación, el aislamiento, la orografía o la dispersión, ni aquellas relacionadas con el envejecimiento, que repercute en el gasto sanitario y social. Pero reconocen que la declaración de Santiago «suma» en un debate «complejo» en el que todas las partes tendrán que hacer un esfuerzo por acercar sensibilidades para lograr un «consenso más amplio».

 Santander – 23.11.2021

El presidente de Cantabria, Miguel Revilla, ha afirmado hoy que la próxima Ley de Financiación Autonómica será clave para “corregir o agravar” el “gran desastre” de España, que a su juicio han ejemplificado hoy en el encuentro celebrado en Santiago de Compostela las ocho comunidades autónomas participantes, que representan el 64% del territorio, pero solo el 22% de la población. “Ésta es la foto y esto es lo que nos tiene aquí para corregir esa deriva que es una catástrofe señalada desde Europa, porque somos el país peor articulado”.

Revilla ha resumido de este modo el espíritu del encuentro y la declaración que ha firmado en la capital gallega junto a sus homólogos de Galicia, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Castilla y León, Alberto Núñez Feijoo, Adrián Barbón, Concha Andreu, Emiliano García-Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente.

El presidente cántabro ha reivindicado el derecho de los derechos de los ciudadanos de estos territorios a recibir los mismos servicios públicos, y de la misma calidad, que los que se prestan en los territorios más poblados, para lo cual es imprescindible el reparto de la financiación autonómica en función del coste efectivo de los servicios, como es “lógico y justo”, y no por el peso de la población.

No obstante, también ha expresado su “temor” a que la influencia de los votos condicione las decisiones que deben adoptar los partidos políticos, frente al planteamiento “sensato” de las autonomías reunidas en Santiago de Compostela, que defienden el derecho de todos los ciudadanos a los mismos servicios públicos, con independencia del lugar donde vivan.

En este sentido, ha valorado el resultado del encuentro institucional, saldado con “acuerdos importantes”, tras una reunión en la que se hablado “como si no hubiera partidos políticos”, con apoyos mutuos al margen de los postulados partidistas

“Ha salido todo muy bien y hemos llegado a acuerdos importantes”, ha recalcado Revilla, quien no obstante ha lamentado la falta de consenso respecto a la propuesta que él mismo planteó para introducir en la declaración institucional un apoyo expreso a la gestión del lobo realizada por las comunidades autónomas con las mayores poblaciones de esta especie, que rechazan el incremento de la protección promovido por el Ministerio de Transición Ecológica.

La falta de apoyo de La Rioja y Extremadura ha obligado a introducir como adenda a la declaración esa propuesta, en la que Cantabria, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla La Mancha y Aragón muestran su apoyo a la ganadería extensiva “fundamental en la economía de las zonas rurales”; apoyan a las comunidades que albergan la práctica totalidad de los lobos de España en sus planteamientos para lograr un modelo de coexistencia basado en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de dichas comunidades, y piden al Gobierno centran que “recupere los espacios de consenso y diálogo sobre la gestión y conservación del lobo”.

“Es un tema polémico, pero muy importante y tiene que ver con la despoblación”, ha explicado el jefe del Ejecutivo cántabro, quien ha defendido la gestión “equilibrada” realizada por Cantabria, Galicia, Asturias y Castilla y León, las autonomías que concentran el 95% de la población de esta especie, y que “no quieren acabar con el lobo”, sino garantizar su convivencia con el sector ganadero.

De hecho, ha reiterado que en este momento hay en esos territorios “más lobos que nunca”, por lo que es necesario un control poblacional como el realizado hasta ahora, exclusivamente por las autoridades competentes, con el fin de proteger a “los ganaderos y a las personas que viven en los pueblos”, ya que de lo contrario –ha concluido- “los echamos de allí”.

Declaración

El encuentro de presidentes autonómicos, celebrado bajo el lema ‘Foro de Santiago, Camino de Consenso’, se ha saldado con la firma de una declaración institucional formada por 35 puntos que desarrollan la postura común de las 8 comunidades en torno a la futura Ley de Financiación Autonómica, el desafío demográfico y la despoblación.

Todos los presidentes han destacado en sus intervenciones el objetivo de construir un consenso multilateral para buscar soluciones a los problemas comunes, así como el trabajo, la reflexión y el “sosiego” que han hecho posible la firma de una declaración que tiene vocación de evolucionar y perdurar en el tiempo. Además, han ensalzado el valor del diálogo territorial para lograr una financiación autonómica que tenga en cuenta las necesidades de los diferentes territorios.

 

LA REUNIÓN SEGÚN LA VOZ DE GALICIA

Ocho presidentes, tres partidos, un acuerdo con 35 puntos y un objetivo compartido: una financiación autonómica más justa, equilibrada, solidaria y que responda al coste real de los servicios, más caros allí donde la población está más envejecida y dispersa en territorios poco poblados. Son las líneas que unen la declaración institucional conjunta firmada por Javier Lambán (Aragón-PSOE), Emiliano García-Page (Castilla La Mancha-PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León-PP), Guillermo Fernández Vara (Extremadura-PSOE), Concha Andreu (La Rioja-PSOE), Miguel Ángel Revilla (Cantabria-Partido Regionalista de Cantabria) y Alberto Núñez Feijoo (Galicia-PP), que ejerció de anfitrión en Santiago. Hemos tomado la crónica de La Voz de Galicia.

El documento rubricado por las ocho comunidades, que representan un 62 % del territorio de España y a un 24 % de su población, incide en un elemento común, y es la necesidad de elevar la crisis demográfica a la primera línea política, teniendo presente que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos con independencia de dónde vivan.

Para combatir los efectos de la pérdida de población, los presidentes se han puesto como objetivo universalizar la gratuidad para el acceso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una medida que Galicia va a implantar el próximo curso y para la que todas piden el respaldo del Gobierno de España. Y también se hace una mención expresa a realizar un esfuerzo por el retorno de españoles en el extranjero, así como sus descendientes, un flujo que permita compensar la pérdida de habitantes. Para esas personas y para las que quieran vivir en zonas rurales, habrá que ofrecerles buenas alternativas. Sin salir de este ámbito, el acuerdo incluye la defensa conjunta de la cadena alimentaria, de forma que los ganaderos y agricultores se puedan garantizar un sustento y precios justos. Asimismo, piden que se garanticen los servicios bancarios, postales y farmacéuticos en los ayuntamientos menos poblados, garantizando las infraestructuras tecnológicas para acortar la brecha digital.

En materia sanitaria, los presidentes han pactado con carácter genérico un sistema más homogéneo en todos los territorios, y para ello solicitan al Gobierno que habiliten la formación y creación de nuevas plazas de médicos para afrontar las jubilaciones masivas que se avecinan, y para favorecer áreas especialmente mal dotadas como la medicina de familia o la pediatría.

En el documento hay artículos solidarios con territorios concretos con problemas especialmente acusados, como es el caso de la despoblación en Cuenca, Soria y Teruel, provincias con una media de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que no entran en los parámetros de la Unión Europea para ser consideradas zonas escasamente pobladas (8 habitantes), por lo que tampoco pueden acceder a fondos extraordinarios, que sería el objetivo que se trasladará a Bruselas.

En cuestiones estrictamente económicas, los presidentes plantean que se aproveche la negociación del nuevo modelo para dotar de más recursos el sistema, corrigiendo los déficits anteriores y posibilitando que ninguna comunidad acabe con menos recursos que con el modelo en vigor, planteado en el 2009 y pendiente de renovación desde el 2014. Para afinar los nuevos cálculos, y poniendo el foco en los gastos sanitarios, se propone al Gobierno que se incluya un nuevo tramo de edad, uno de mayores de 65 años, y otro especial para los que superan los 85, aumentando su ponderación, en la medida en que se trata de población con una alta demanda de los servicios sanitarios públicos. Este tramo de edad también será tenido en cuenta para actualizar y compensar de una forma más ajustada los gastos relativos a la dependencia. Y para evitar futuros desequilibrios, ponen como reto la revisión y actualización del impacto de las medidas que asuma el Gobierno de España pero que tengan repercusión en las finanzas autonómicas.

El texto acordado también vela por los intereses de las entidades locales, al reclamar que se aborde de forma inminente la reforma de la financiación de los ayuntamientos, y hace mención al cumplimiento por parte del Estado de las normas adelantadas para la gestión de los fondos europeos Next Generation, comprometiéndose a cumplir sus objetivos de digitalización y sostenibilidad pero garantizando también que llegan a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo sería que las comunidades accedan a la gestión directa de un 50 % de los fondos, y que estos tengan un sesgo demográfico para apoyar aquellos territorios con mayores problemas de despoblación.

Desacuerdo con el lobo

El texto aprobado incluye un artículo adicional del que se han descolgado las comunidades de Extremadura y La Rioja, pero que han firmado el resto. Se trata de una petición al Gobierno de España para abrir de nuevo un espacio de consenso y diálogo en torno a la gestión y conservación del lobo. Fue uno de los asuntos que quiso incluir a última hora el presidente cántabro, que justificó su inclusión en la declaración institucional por considerar que la presencia del lobo en el medio rural, que los responsables estatales quieren proteger por ley, supone una amenaza para la agricultura y la ganadería, poniendo en peligro la actividad que sustenta la presencia del hombre en el medio natural.

En sus declaraciones previas y posteriores todos los dirigentes se esforzaron en aclarar que la cita, denominada Foro Santiago. Camino de Consenso no es un frente «contra nadie», pero todos eran conscientes de que, al margen del País Vasco y Navarra, con sendos sistemas forales, hay al menos otras siete comunidades que, respetando la mayor parte de los principios consensuados en Compostela, apuestan por fórmulas de cálculo diferentes que encajan mejor en su perfil demográfico, más joven y dinámico. El contrapeso lo conforman por un lado Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que se consideran infrafinanciadas con el actual modelo; y, por otro, Baleares, Cataluña y Madrid, que son las tres comunidades que más aportan y menos reciben en el actual reparto.

Pese a que el encuentro se presentó como un acto transversal de presidentes, los dirigentes de los dos partidos principales partidos llegaron aleccionados por sendas direcciones. De hecho, los dirigentes socialistas pidieron un aplazamiento de la cita, prevista para el día 2, para buscar una posición común coordinada con Ferraz, mientras que Génova ha pedido «luz y taquígrafos» y ha delegado en Feijoo el posicionamiento popular en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará a principios del 2022 en La Palma y en la que se abordarán más asuntos que el de la financiación autonómica.

Los presidentes

Alberto Núñez Feijoo (Galicia): «Son cuestiones en las que creemos que tenemos razón, y lo tenemos que decir con respeto al que discrepa. Creo que hemos sido útiles, desde el rigor, la transparencia y la lealtad, con los ciudadanos, con nosotros mismos y con el Gobierno de la nación»

Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León): «La financiación autonómica es la esencia de la justicia social, que empieza por garantizar una financiación que cubra los servicios públicos de todas las personas vivan donde vivan. Esta reunión y esta declaración tienen como base la igualdad y la cohesión territorial de toda España».

Guillermo Fernández Vara (Extremadura): «La pandemia nos ha puesto a prueba, sobre todo a la capacidad del sistema nacional de salud en un momento de máximo estrés. Ahora queda un shock postraumático, por eso es importante hablar de qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener».

Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha): «Hemos sumado constructivamente, sin la pretensión de tener toda la verdad, pero el puzle de la pluralidad lo tiene que componer el Estado. La pluralidad no se contrapone con la unidad, y este formato me parece que se está consolidando. Tenemos la idea de que casi todas las comunidades autónomas podrían compartir estos asuntos con nosotros, así que no se agota el circuito».

Javier Lambán (Aragón): «Los debates han tenido elementos interesantes que compartimos. Se han centrado en la financiación y la despoblación, en el abandono de la España rural e interior. Porque despoblación y financiación son dos caras de la misma moneda».

Concepción Andreu (La Rioja): «Ha sido un encuentro de consenso necesario. El centro es la ciudadanía, abordando el reto demográfico desde todas las variantes. Y sirve de apoyo al Gobierno de España: si ocho comunidades tienen puntos en común será más fácil alcanzar el consenso».

Adrián Barbón (Asturias): «Cuando uno habla de financiación autonómica habla de qué estado queremos ofertar. Luego cada comunidad lo aplicará de una manera u otra, pero si no hay financiación ponemos en riesgo los servicios. No defendemos tener más posibilidades, sino que los servicios tengan la misma calidad en todo el territorio».

Miguel Ángel Revilla (Cantabria): «La financiación no se puede calcular por habitante, porque de esa forma contribuimos a que haya más Madrid, más Valencia, Barcelona o Sevilla. Hay que hacerlo en función del coste de los servicios. ¿Cuál es el temor? Que los políticos están condicionados por los votos, que están donde vive mucha gente».