Más allá de condenar el escándalo, y situarlo como una práctica ilegal y antidemocrática que ha afectado a diputados y a la ciudadanía catalana que defiende el proyecto independentista, el texto también ha hecho otras exigencias. Así, ha reclamado al Gobierno la "máxima información y transparencia", una comisión de investigación pública en el Congreso de los Diputados (si bién esta propuesta ya fue rechazada hace unas semanas con el voto del PSOE), y que se asuman las responsabilidades políticas necesarias (un sinónimo de dimisiones). De hecho, la moción utiliza esta misma palabra en referencia a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para quien remarcan la necesidad de que abandone su cargo después de reconocer y justificar el espionaje a los independentistas.