YA HAN COMENZADO LAS REUNIONES DEL PACTO DE TOLEDO con un claro objetivo: menos jubilaciones anticipadas y más trabajadores que deciden alargar su vida laboral más allá de los 65 años. Este es el mensaje que el ministro José Luis Escrivá dejó en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo pero sin profundizar, algo que sí hizo en una entrevista en Onda Cero, dejando claro que uno de sus planteamientos pasan por endurecer unas penalizaciones que considera insuficientes. Este tipo de medidas podría justificarse en el hecho de que cada día se producen más jubilaciones anticipadas voluntarias a los 63 años como bien ponen de manifiesto los números:  en la última década cerca de 1,5 millones de personas las que han salido del mercado laboral antes de los 65 años, es decir, se jubilaron anticipadamente.

Por tanto, la gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo se desincentiva en la actualidad las prejubilaciones? Existen unos coeficientes reductores que oscilan entre el 6% y el 8% de merma de la base reguladora (que es sobre la que se calcula la prestación final) por cada año que se adelante su retiro. Sin embargo, esa reducción se sitúa en el entorno del 2% o 3%, lo que a juicio de los expertos y del propio ministro es "un desincentivo bajo".

La razón es que el coeficiente reductor del 8% se calcula sobre la base reguladora que es muy superior a la pensión máxima -ya que esta está topada- y la base reguladora se reduce sin que apenas afecte a la prestación. Por ello, lo que pretende Escrivá es que la reducción del 8% anual se aplique sobre la pensión para que haya una reducción real por cada año de adelanto.

Como cualquier otra reforma de pensiones, esta se haría de forma gradual para dar tiempo a los futuros pensionistas a adaptarse.

Así, para una persona que haya estado cotizando por la base máxima (48.841 euros al año) y quiera jubilarse a los 63 años su pensión sería de 36.064 euros al año, en lugar de los 37.566 que le corresponderían si se jubilara a los 65. Esto supone un recorte real del 2% por cada año, algo que sucede porque la base reguladora por la que se le calcula (4.070 euros al mes) es muy superior a la pensión máxima (2.683 euros mensuales) y esa fuerte diferencia entra la base máxima y la pensión máxima reduce la merma del 8% al 2%. Así, su penalización por retirarse dos años antes es de poco más de 100 euros al mes, mientras que si se le aplicara el 8% real por cada año, como sugiere Escrivá, la pérdida se cuadruplicaría y llegaría a los 430 euros al mes.

El actual diseño de recortes beneficia en real a las rentas más altas, ya que un cotizante medio, el que viene a ganar unos 1.600 euros a mes, si se jubila a los 63 años sí sufriría un recorte real de su pensión del 8% anual, con lo que su prestación sería de 1.075 euros al mes, en lugar de los 1.280 euros que cobraría si lo hiciera a los 65 años, es decir, perdería cada mes 205 euros.

Todo indica, pues, que por ahí va a ir los objetivos del Pacto de Toledo: penalizar más las prejubilaciones o jubilaciones voluntarias a los 63 años y alargar en lo posible la edad real de jubilación.