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La Abogacía del Estado pide dos años y medio de prisión para Mezquita y Huerta y seis exdirectivos de Sniace

La Fiscalía solicita una condena de 16 meses de prisión para cada uno por permitir vertidos contaminantes al río Saja-Besaya. Por su parte, la Abogacía del Estado reclama una indemnización de 50 millones de euros por los daños causados.

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11-07-2021

 Cantabria24horas.

DOS JORNADAS CON JUICIO.

En la jornada del pasado miércoles, varios testigos desmintieron las declaraciones del martes de varios acusados; en concreto afirmaron estos testigos que el  vertido contaminante de Sniace al río Saja-Besaya «no estaba amparado» por la autorización ambiental integrada (AAI) que el Gobierno de Cantabria había concedido a la empresa para que vertiera sus aguas a la ría de San Martín, y no al río. Así lo señaló en su declaración un agente del Seprona encargado de recoger muestras de agua y de inspeccionar también las obras para la evacuación de los fluidos de la fábrica de Torrelavega durante su declaración como testigo esta segunda jornada.

En la sesión de este miércoles también ha testificado el jefe de control de la contaminación de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, quien también ha apuntado que «no se correspondía el vertido con la autorización».

Ante el titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santander han comparecido, además, el denunciante de los hechos y otros responsables del muestreo del agua, quienes han señalado respectivamente que los vertidos eran del color de la «coca-cola» y «a veces soltaban unos gases que no se podía respirar».

En el juicio también ha declarado el jefe del servicio de gestión ambiental del Centro de Investigación del Medio Ambiente, encargado de la analítica «periódica» del agua en la zona del vertido a petición de la Consejería, a la que se remitían las muestras.

«Se recogió un poco de todo, en muchos puntos y durante mucho tiempo», ha resumido. Por su parte, el jefe del laboratorio del CIMA ha precisado que «casi todas» las muestras las tomaban técnicos de la Dirección General de Obras Hidráulicas y luego se las remitían a ellos para el análisis. Y en cualquier caso, ha subrayado que «no había problemas» para tomarlas por parte de Sniace.

DECLARACIÓN DE DOS AGENTES DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA GUARDIA CIVIL. 

También han comparecido dos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que realizaron varias muestras, primero por la denuncia de los vertidos y después con motivo de la investigación abierta, y que remitían al Instituto de Toxicología en Madrid.

«No estaba amparado ese vertido al río», ha indicado uno de los efectivos del Seprona, quien ha remarcado que la AAI no daba «permiso» para que los fluidos fueran al Saja-Besaya. 

EL JUICIO COMENZÓ EL MARTES, 13 DE JULIO

 

En la mañana de ayer comenzó el juicio contra ocho exdirectivos de Sniace a quienes se acusa de presunto delito medioambiental. Entre los acusados se encuentra el que fuera presidente de la empresa, Blas Mezquita, y el exalcalde de Santander, Manuel Huerta, que en ese tiempo era consejero de la empresa torrelaveguense.

 

En la primera sesión del juicio -la previsión es que dure cinco- los miembros del Consejo de Administración de Sniace entre 2008 y 2010 han coincidido en declarar que los vertidos contaminantes de la fábrica de Torrelavega al río Saja-Besaya durante esos años estaban "amparados" por la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria había concedido a la empresa. En este sentido, el que fuera presidente, Blas Mezquita, ha señalado que nunca fueron informados de ilegalidad por los vertidos, al estimar que estaban autorizados por las Administraciones. El juicio continuará este miércoles a las 9 horas.

 

AGENDA JUDICIAL

 

Martes, 13 de julio

 

09,00 horas

 

Juzgado de lo Penal nº 2 (Salón de Actos Salesas)

 

Procedimiento Abreviado 83/2020

 

Delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente

 

Ocho personas acusadas de delito ambiental por los vertidos de la empresa SNIACE al rio Saja-Besaya entre 2008 y 2010.

 

Se trata de una causa del Juzgado de lo Penal nº2 que sienta en el banquillo, como se ha señalado, a Blas Mezquita, presidente que fue de la sociedad y a siete directivos acusados todos ellos de delito ambiental. El juicio se desarrollará durante cinco sesiones y fue suspendido en pasado mes de febrero por el contacto estrecho con un positivo de coronavirus de uno de los abogados. 

 

 

 

Entre los imputados se encuentra el ya citado Blas Mezquita y el que fuera alcalde de Santander del PP, Manuel Huerta.  

 

 

 

Según el escrito del ministerio fiscal, la empresa carecía de autorización para realizar vertidos de las aguas derivadas de su proceso industrial al río Saja-Besaya, ya que la Confederación Hidrográfica del Norte le revocó en 2006 la autorización que tenía desde 2002 “por el carácter abusivo de los vertidos que venía realizando”.

 

Por otro lado, la empresa obtuvo en 2008 Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Consejería de Medio Ambiente para verter las aguas procedentes del proceso industrial a la ría de San Martín a través de un colector de industriales y únicamente las aguas de refrigeración y pluviales o de escorrentía al río Saja-Besaya.

 

Tal y como mantiene la fiscalía, el colector de industriales no estuvo en funcionamiento  y la empresa, “a sabiendas de que carecía autorización administrativa para realizar vertidos de las aguas derivadas del proceso industrial en el río Saja-Besaya, de manera continua y reiterada realizó vertidos de dichas aguas, alterándose por ello la calidad de las mismas, no respetándose los parámetros acordados en la AAI”.

 

“En consecuencia, se vio gravemente afectada la calidad de las aguas del río Besaya”, tal y como se desprende de las analíticas realizadas, entre otros, por el Instituto Nacional de Toxicología.

 

“Los vertidos relatados han perjudicado la calidad de las aguas del río Besaya, generando una situación de riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales y del ecosistema fluvial en general, generando unas condiciones inidóneas para la vida de los peces por ausencia de oxígeno”, señala la fiscalía.

 

Y añade que los valores de demanda química de oxígeno y de carbono orgánico total que se desprenden de las analíticas “son indicativos de contaminación por materia orgánica”.

 

“Las concentraciones de sólidos en suspensión  que el vertido de SNIACE ha provocado –continúa el escrito- influyen en la transparencia del agua, factor decisivo para la claridad y productividad de los ecosistemas, ya que las aguas turbias impiden la penetración de luz”, además “crean depósitos sobre las plantas y branquias de los peces, favoreciendo la aparición de condiciones anaerobias y alterando la alimentación de determinadas especies piscícolas”.

 

Por todo ello, la fiscalía acusa al que fuera jefe de operaciones de la compañía como autor material de un delito continuado contra los recursos materiales y el medio ambiente, pues cree que es el responsable de la decisión de realizar los vertidos contaminantes.

 

También acusa al presidente de la compañía y al resto del consejo de administración como autores del citado delito, ya que considera que cometieron el ilícito por omisión, al ser conocedores de los hechos y no oponerse o prohibir los mismos.

 

La pena solicitada para cada uno de ellos asciende a dieciséis meses de prisión, multa de 6.000 euros e inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad relacionada con la emisión de vertidos al medio natural por tiempo de 20 meses.

 

Además, solicita que todos ellos indemnicen conjunta y solidariamente al Estado en la cantidad que se fije en sentencia o en ejecución de la misma por el perjuicio causado al medio natural.

Además de la fiscalía, están personadas dos acusaciones particulares: Ecologistas en Acción, que se suma a la petición de la fiscalía, y la Abogacía del Estado, que pide para cada uno de los ocho acusados una pena de dos años y seis meses de prisión, multa de 10.200 euros e inhabilitación para ejercer actividad relacionada con vertidos durante dos años.

 

La indemnización solicitada por la Abogacía del Estado para que abonen de manera conjunta y solidaria los ocho acusados asciende a cincuenta millones de euros.

 

Nota: 

 

Este juicio está señalado para los días 13, 14, 19, 20 y 22 de julio, con sesiones que darán comienzo a las nueve de la mañana.