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La Fiscalía en el "caso de La Loma" insiste en que algunos acusados recibieron dinero B

Las penas solicitadas para uno de los acusados por su condición de alcalde, al que le atribuye un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, ascienden a diez años de inhabilitación y dos de prisión

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01-12-2019

Este lunes continúa el juicio sobre el desarrollo urbanístico en la zona de Castro Urdiales conocida como La Loma. 

El ministerio fiscal acusa a seis personas por la aprobación de instrumentos urbanísticos irregulares en la zona denominada SUNP (suelo urbanizable no programado) 12.

Además, en el caso de algunos de los acusados que ostentaban cargo público, el ministerio público señala que recibieron contraprestaciones económicas por “promover y silenciar las irregularidades administrativas en la tramitación” de los instrumentos urbanísticos señalados.

Por todo ello, advierte la comisión de delitos de cohecho, prevaricación y prevaricación urbanística, así como falsedad documental en concurso con prevaricación.

Las penas solicitadas para uno de los acusados por su condición de alcalde, al que le atribuye un delito continuado de prevaricación y prevaricación urbanística, ascienden a diez años de inhabilitación y dos de prisión.

Lo reclamado para otro de los acusados que también fue alcalde en una época anterior, al que atribuye un delito continuado de cohecho, suma cuatro años de prisión, inhabilitación para cargo público durante diez años y multa de 149.000 euros.

Asimismo, al que fuera secretario municipal de Castro Urdiales le atribuye un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación, otro delito de prevaricación y un delito continuado de cohecho, sumando las penas pedidas siete años de prisión, veinte de inhabilitación y multa de 1,1 millones de euros.

Por su parte, el fiscal solicita para la asesora jurídica del servicio de disciplina urbanística del Ayuntamiento una pena de cuatro años de cárcel, 442.300 euros de multa e inhabilitación de diez años por un delito continuado de cohecho.

Asimismo, al acusado que ejerció funciones de arquitecto municipal, el ministerio público le considera autor de un delito continuado de cohecho y la pena solicitada es de cuatro años de cárcel, multa de 1,8 millones de euros e inhabilitación para cargo o empleo público de diez años.

Finalmente, la fiscalía también acusa a un promotor inmobiliario, al que atribuye delito de falsedad documental y otro de cohecho, por los que pide cinco años de cárcel, y multa de 39.000 euros.

Junto al ministerio fiscal, también ejerce acusación la Junta Vecinal de Santullán, que solicita condenas para once personas: el que fuera alcalde y los miembros de la junta de gobierno local entre los años 2004 y 2006 –cuando se fueron aprobando los instrumentos urbanísticos objeto del procedimiento-; el secretario municipal, la ingeniera del ayuntamiento, el arquitecto contratado por el consistorio y un promotor inmobiliario.

Entiende que los delitos cometidos son los de prevaricación en concurso con falsedad documental, prevaricación urbanística y cohecho.

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