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La Policía investiga el «afloramiento» de 790.000 euros de Pesquera

Un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) constata «importantes incrementos» en el patrimonio del exconsejero de Industria del PSOE. El exalto cargo compró 2 viviendas por 750.637 euros en un par de meses.

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19-10-2013

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©EL MUNDO CANTABRIA/JESÚS LASTRA / Santander.-La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, a través de su Brigada de Blanqueo de Capitales, analiza el «afloramiento » de 790.000 euros del exconsejero de Industria del Gobierno regionalsocialista, Miguel Ángel Pesquera (PSOE), durante el transcurso de la investigación en busca de presuntas actuaciones punibles –entre ellas malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude de subvenciones y contra la Seguridad Social– en la fallida puesta en marcha de la fábrica GFB en Orejo (Marina de Cudeyo).


Los agentes policiales así lo hacen constar en un demoledor informe en el que evalúan las relaciones entre Euroamérica, socio costarricense del Ejecutivo de Cantabria en la infructuosa aventura empresarial, y Sodercan para la instalación de la planta de fibroyeso en suelo regional.

El documento forma parte del expediente judicial que instruye el Juzgado de Instrucción nº1 de Santander, a cargo del magistrado Jaime Parra. El texto, al que ha tenido acceso EL MUNDO y fechado en junio, se detiene en los «incrementos patrimoniales detectados en la esfera económico-patrimonial de algunos de los denunciados».

Tal es el caso de Pesquera, de cuyo estudio la UDEF colige que «entre diciembre de 2005 y febrero de 2006» tuvieron lugar «importantes» crecimientos en cuanto a sus propiedades se refiere, «por importe de 750.637,84 euros en adquisiciones inmobiliarias » y por 42.600 euros tras comprar dos coches en noviembre de 2006 y septiembre de 2007.


Los efectivos policiales señalan que la primera operación en el negocio del ladrillo se produjo el 14 de diciembre de 2005, tras hacerse con la propiedad, al 50% junto a su esposa, de una vivienda y dos plazas de garaje inscritas en el Registro de la Propiedad nº32 de Madrid, por un precio de 609.400 euros. Para ello consta la concesión de un préstamo hipotecario de 570.000 euros. La manera de costearlas, según relata la UDEF, se efectuó mediante la entrega de un cheque de 524.481,43 euros, con cargo a una cuenta bancaria, mientras


que «la cantidad de 119.230,44 euros la confiesa recibida la parte vendedora con anterioridad al acto de elevación a público, sin que se constate la forma de pago», se destaca en el informe.
La segunda transacción tuvo lugar apenas dos meses después, el 13 de febrero de 2006, tras adquirir otra vivienda, también al 50% con su cónyuge, por 141.237,84 euros, estando la mencionada finca incluida en el Registro de la Propiedad nº2 de Gijón.

Para hacer frente a la operación el exconsejero de Industria obtuvo una hipoteca de 132.000 euros. No obstante, según la Brigada de Blanqueo de Capitales, «la parte vendedora manifiesta haber recibido el importe íntegro del precio con anterioridad al acto de elevación a público de la venta, sin que se especifique la forma de pago».


Respecto a la obtención de los automóviles, en ambos casos Toyota Prius, la Policía no entra en mayor detalle más allá de su tasación aproximada de 42.600 euros, 20.300 en el primer paso, «según valoración publicada en el BOE»; y 22.300 en el segundo, tal y como consta «en la información remitida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria» mediante la presentación de la información pertinente por parte de la compañía vendedora.


Comprobación
A juicio de los efectivos de la UDEF, «debido al incremento patrimonial aflorado en el plazo temporal referido, que asciende a un total aproximado de 790.000 euros, y que la forma de pago de los precios de las compraventas reflejados en las respectivas escrituras públicas no se concreta, se considera necesaria la comprobación de que todos los abonos realizados tanto en las operaciones inmobiliarias como en la adquisición de los vehículos tienen su procedencia en cargos efectuados en las cuentas bancarias tanto del señor Pesquera como de su esposa».

La Policía lo solicita con el objetivo de «poder constatar que tienen un origen lícito y descartar que su procedencia pueda tener relación con los hechos presuntamente delictivos investigados », esto es, el fiasco de GFB y la pérdida de ingentes sumas de fondos públicos, que el Partido Popular ha contabilizado por encima de 40 millones de euros.

Mandamuentos judiciales

Para esclarecer el origen lícito o ilícito de los fondos cuya procedencia no se ha espeficicado durante las dos operaciones inmobiliarias llevadas a cabo por Miguel Ángel Pesquera, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía propone en su investigación al Juzgado de Instrucción nº1 de Santander la «solicitud de mandamientos judiciales» para que las entidades bancarias en las que el exconsejero de Industria posee depósitos trasladen la información pertinente a la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El objetivo de los agentes policiales, que siguen haciendo pesquisas respecto a los hechos en cuestión, es el de tratar de descartar que los más de 260.000 euros de los que «no se constata» la vía de pago estén vinculados a la implantación fallida de la fábrica de GFB en Orejo (Marina de Cudeyo), instrucción que dirige el magistrado Jaime Parra y en la que Pesquera está imputado.