Los constructores piden que "las administraciones impulsen la ejecución de obras públicas"

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, se ha reunido con la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP) para abordar las políticas de vivienda que tiene en marcha el Gobierno, las necesidades actuales de la región en la materia y posibles vías de colaboración con el sector.

En el encuentro, que ambas partes han calificado de "muy cordial", la titular del departamento ha explicado los tres ejes de la acción del Ejecutivo en este campo: ampliación del parque público, movilización de la vivienda vacía y potenciación de la rehabilitación, bajo criterios de accesibilidad y eficiencia energética.

Dentro de este marco, y teniendo siempre muy presente al ciudadano y el derecho fundamental de contar con una vivienda digna, se han presentado diferentes propuestas relativas a las de protección oficial, de protección social y en régimen de alquiler.

Por su parte, la patronal de la construcción ha planteado a la administración medidas orientadas a la agilización de trámites, como licencias y licitaciones, y también a minimizar el precio de la vivienda, de financiación y fiscalidad, en materia de formación, y propuestas para introducir en el nuevo Plan de Vivienda.

En la entrevista también han participado la directora general de Vivienda, Eugenia Gómez, así como el secretario de la ACP, Máximo Sainz.

La consejera ha recabado la colaboración del sector para que Cantabria aproveche los fondos europeos de recuperación económica destinados a vivienda y regeneración urbana, ya que a su juicio la iniciativa pública y privada deben colaborar y trabajar conjuntamente en el desarrollo de actuaciones integrales que permitan mejorar el entorno, lograr hogares más acogedores y, además, cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por Europa para el año 2050.

Por su parte, el presidente de la asociación ha destacado que, desde el punto de vista de políticas de vivienda. “tenemos muchísimos puntos en común y, para poder desarrollar todo lo que venga en adelante, ofrecemos nuestra colaboración en lo que haga falta de cara a esos posibles desarrollos.”

En materia de rehabilitación de vivienda y regeneración de entornos urbanos, los constructores son conscientes de que llegará una cantidad importante de dinero “que si se canaliza bien se convertirá en trabajo”, por lo que, ha dicho, lo que esperamos es transmitir a nuestras empresas la formación y la decisión para intervenir en este sector y que las empresas y los ciudadanos se beneficien de estas ayudas”.

Propuestas

La Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria ha trasladado a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales diferentes propuestas en materia de promoción y construcción de viviendas en la región, que abarcan el desarrollo de nuevo suelo -por iniciativa pública y privada- para VPO y el desarrollo de estos pisos, o la mejora de la eficiencia energética de los mismos mediante la concesión de ayudas directas para calificaciones A, B ó C.

La renovación y rehabilitación urbana y la mejora del parque construido, en barrios y centros urbanos degradados o en núcleos rurales, la creación de otro público de vivienda en alquiler, la promoción de alojamientos protegidos para estudiantes, o la constitución de líneas financieras de estímulo para facilitar la promoción, rehabilitación y adquisición de vivienda son otras peticiones de la ACP, que propone en relación a esto último la firma de un convenio entre el Ejecutivo, la asociación y entidades financieras para favorecer el acceso al crédito de cara a la compra.

“Las administraciones deben impulsar la ejecución de obras públicas”, defiende la patronal, que también pide “máxima celeridad en la licitación” y “máxima urgencia en las adjudicaciones”, así como un “apoyo tangible y decidido” a las empresas cántabras y acabar con la morosidad, que se está convirtiendo en un “problema endémico” para el sector.

Al este respecto, los representantes de los constructores y promotores de la región abogan por diferentes reformas normativas, como la Ley del Suelo -en tramitación en la actualidad- para revisar los límites máximos de densidad y edificabilidad y el régimen jurídico del suelo urbano en ámbitos de renovación o reforma urbana, o para disminuir el porcentaje de cesión del aprovechamiento al 5 por ciento. El sector también pide una ley autonómica de vivienda para facilitar y garantizar el acceso a este derecho.

Nuevas licitaciones para infraestructuras y servicios, reformar la normativa sobre la concesión de licencias urbanísticas, destinar el superávit municipal a obras públicas y apostar por la formación son otras demandas de la construcción, que está “plenamente capacitada y preparada para absorber muchos trabajadores de otros sectores“ mediante procesos formativos y de "reciclado" para su posterior incorporación a esta actividad.

En este sentido, la ACP apuesta por dichos fondos de formación, que permitirán la reactivación del mercado laboral cuando pase la actual coyuntura de crisis por la pandemia del coronavirus.