Sañudo (AVIP) dice que hay que conciliar vida laboral y familiar, pero con atención personal a los vecinos
Roberto Ruiz Argumosa, portavoz del PSOE, instó a la Corporación municipal a iniciar los trabajos para el desarrollo del teletrabajo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la legislación vigente.
08-08-2020
El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria, correspondiente al mes de agosto, el inicio del estudio de la implantación del teletrabajo entre los empleados municipales.
PSOE, PRC y AVIP aprobaron la moción presentada por el grupo municipal CIUDADANOS, después de que el portavoz de esta formación aceptase la propuesta del equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) de no imponer una propuesta de acuerdo “taxativa” sino avanzar en el desarrollo de esta cuestión mediante la realización de unos estudios previos e informes técnicos, que permitan determinar cómo implementar el teletrabajo en el Consistorio y sus consecuencias.
Así lo propuso el portavoz del grupo municipal PSOE, Roberto Ruiz Argumosa, quien instó a la Corporación municipal a iniciar los trabajos para el desarrollo del teletrabajo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la legislación vigente, con el fin de decidir, posteriormente, “qué queremos hacer y el método más adecuado”.
Según defendió el portavoz del grupo municipal CIUDADANOS, Marco Antonio Pelayo, en la presentación de su moción, ésta tenía tres objetivos: hacer un estudio sobre la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Consistorio para ver cuáles son aquellos susceptibles de ser desarrollados a través del teletrabajo, el desarrollo reglamentario del teletrabajo y su puesta en marcha en el Ayuntamiento de Piélagos.
“Aquí concluyen distintas competencias” ya que no está expresamente regulado, argumentó Pelayo, quien, por ello, se mostró partidario de “abril el melón” y explorar diferentes vías para su desarrollo, una iniciativa que contó con la abstención del PP.
El portavoz del grupo municipal de AVIP, Luis Sañudo, recomendó equilibrar la seguridad en el trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar con la atención personal que deben recibir, en su opinión, los vecinos y vecinas que acuden al Consistorio a realizar cualquier tipo de trámite o gestión.
“El teletrabajo dicen que ha venido para quedarse”, expuso el portavoz del grupo municipal PRC, Alfredo Rodríguez Otero, quien consideró necesario “probarlo”, pero sin dejar de lado la atención ciudadana presencial.
“No vamos a entrar en una cuestión que está claro hay diferentes interpretaciones y bastantes lagunas, pero lo único que hay claro es que, al parecer va a haber una Ley estatal y que es la que todos tendremos que acatar”, manifestó el portavoz del grupo municipal PP, Carlos Caramés, quien añadió “no vamos a volvernos locos con el asunto”.
Otros acuerdos
PSOE, PRC y AVIP dieron luz verde con la abstención de CIUDADANOS y PP a la remisión a la CROTU de la propuesta de rectificación de un error existente en el vigente PGOU del Ayuntamiento de Piélagos, en vigor desde 1993, que afecta a dos parcelas ubicadas en el Barrio La Sierra, en la localidad de Liencres.
“No se ha cambiado nada”, aclaró Ruiz Argumosa, quien explicó que “se detecta un error material porque existe una calificación del suelo como urbano, al que no se le asignó el número de la ordenanza que hay que aplicar y lo que puede hacer la Corporación municipal es lo que hizo en su momento con el Plan General”.
“Sólo puede corregir un error de un acuerdo quien ha tomado dicho acuerdo”, aseveró el portavoz del grupo municipal PSOE, quien recordó que el Ayuntamiento de Piélagos no aprobó el PGOU sino que fue la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU).
Por ello, añadió, “detectado el error, el Ayuntamiento informa de la existencia del mismo, propone la solución más conveniente, a criterio de los técnicos municipales y la remite a la CROTU para que la apruebe o proponga otra alternativa”.
Además, PSOE, PRC, AVIP y CUDADANOS respaldaron con sus votos la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2019, dictaminada favorablemente por la Comisión especial de cuentas, y su remisión al Tribunal de Cuentas para su fiscalización, que contó con la abstención del PP.