Lunes, 16 de mayo

09:30 horas

Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Tribunal del Jurado 49/2019 (Salón de Actos)

Malversación

Seis empleados públicos del Ayuntamiento de Santillana del Mar acusados de malversación de caudales públicos por apropiarse de talonarios para el cobro de la tasa de estacionamiento de vehículos.

Según los escritos de acusación de la fiscalía y del consistorio, los seis empleados –cinco trabajadores laborales fijos y un policía local- “con ánimo de enriquecimiento propio”, en el verano de 2016 “se apoderaron en diversas ocasiones” de hasta 140 talonarios que se encontraban depositados en las instalaciones del Ayuntamiento.

Los trece trabajadores del consistorio encargados del cobro manual de la tasa por estacionamiento de vehículos durante la temporada estival recibían unos talonarios numerados en las oficinas del Ayuntamiento, previa firma del correspondiente recibo.

Una vez cobrados los tiques, los empleados debían ingresar el dinero recaudado en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, y entregar en la tesorería municipal el justificante del ingreso y las matrices de los talonarios.

Ante la existencia de indicios de que alguno de los cobradores estaba utilizando talonarios que no le habían sido entregados, los responsables municipales hicieron recuento y comprobaron que faltaban 140, con 100 tiques cada uno a dos euros el tique, lo que suponía la desaparición de un total de 28.000 euros.

Convocados los trece trabajadores encargados del cobro del aparcamiento, cuatro de ellos reconocieron que se habían apropiado de talonarios. Ese mismo día, otro más y un policía local también reconocieron su participación.

A partir de ese momento, uno por uno fueron devolviendo talonarios -70 en total- y diversas cantidades de dinero por los talonarios ya utilizados.

Finalmente, los seis acudieron al Ayuntamiento a entregar conjuntamente 8.000 eros, sumando la cantidad total devuelta 14.000 euros, correspondientes a los 70 talonarios que no aparecieron.

Los hechos constituyen, a juicio de las acusaciones, un delito continuado de malversación de caudales públicos.

La acusación particular, que ejerce el Ayuntamiento de Santillana del Mar, solicita para cada uno de ellos una pena de 18 meses de prisión e inhabilitación para cargo o empleo público de 5 años.

No solicita indemnización alguna ya que los acusados repararon “de modo efectivo e íntegro” el perjuicio causado al patrimonio público.

El ministerio fiscal, por su parte, solicita la misma condena para uno de ellos -18 meses de prisión y 5 de inhabilitación, pues el dinero que sacó por los talonarios ascendió a 5.000 euros.

Para el resto, la pena solicitada por la fiscalía es de 9 meses de prisión y 10 meses de inhabilitación para empleo o cargo público, ya que o no llegaron a usar los talonarios o las cantidades obtenidas no superan los 4.000 euros

Tampoco pide el ministerio fiscal indemnización “al sentirse el Ayuntamiento de Santillana del Mar totalmente reparado”.

Nota:

El lunes 16 se realizará la selección de los miembros del jurado. Posteriormente dará comienzo la audiencia pública, con el interrogatorio de los acusados.

El juicio está señalado hasta el jueves 19, con sesiones que darán comienzo a las diez de la mañana.

El viernes 20 se entregará el objeto del veredicto al jurado para su deliberación.

Martes, 17 de mayo

 

10:00 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Abreviado 10/2022

Falsificación y falso testimonio

Dos acusados de actuar con falsedad para tratar de engañar a una juez en un procedimiento civil.

Según el escrito de la fiscalía, uno de los acusados había sido demandado por no abonar rentas debidas. En el juicio por desahucio llevado en un juzgado de primera instancia de Santander, el acusado alegó haber abonado a la demandante un total de 26.000 euros, 2.000 de ellos que efectivamente fueron ingresados en la cuenta de la demandante y otros 24.000, que justificó con un documento de recibo de pago en el que figuraba la firma de aquella.

Explica el ministerio público que el acusado elaboró “unilateralmente” el documento, para lo que “simuló la firma de la demandante”, y lo presentó en el procedimiento civil “con la única finalidad de provocar error en la juzgadora y conseguir una sentencia desestimatoria de la demanda”.

Posteriormente, en el acto de la vista, el acusado propuso como testigo a otro hombre “sabiendo que iba a mentir en su testimonio para apoyar sus alegaciones”.

Este testigo, ahora también acusado, “no obstante haber sido apercibido de su obligación de decir verdad y de las penas previstas para el delito de falso testimonio”, con el fin de “favorecer los intereses del otro acusado, allí demandado, mintió en su testimonio”.

Así, afirmó que había acompañado al otro acusado a la casa de la demandante “donde presenció cómo ésta firmó” el documento de recibo de pago y cómo el acusado “le hizo entrega de varios fajos de billetes que harían un total de veintitantos mil euros, reconociendo el documento cuando le fue exhibido”.

A pesar de la actuación de los dos acusados, la juzgadora no admitió el engaño y dictó sentencia estimando las pretensiones de la parte demandante.

Según la fiscalía, los hechos narrados constituyen delitos de falsificación en documento privado y presentación de testigos falsos, que atribuye al primero de los acusados; y delito de falso testimonio, que atribuye al segundo.

La pena solicitada para el acusado de falsificar y presentar testigos falsos asciende a dos años de prisión y 2.700 euros de multa.

Para el acusado de mentir durante el juicio, la pena que pide la fiscalía es de un año de prisión y la misma multa que solicita para el anterior: 2.700 euros.

Miércoles, 18 de mayo

 

09:30 horas

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria

Procedimiento Abreviado 71/2021

Estafa

Acusados madre e hijo de encargar unas ventanas para la vivienda del segundo y no abonarlas.

Según el escrito del ministerio fiscal, la primera, como administradora única de una mercantil dedicada a la construcción, “a sabiendas de la falta de solvencia de la misma y las dificultades económicas que atravesaba para hacer frente a los pagos”, actuó “en connivencia” con su hijo, ingeniero en la empresa.

Así, “guiados ambos por la intención de obtener un ilícito beneficio”, la primera encargó unas ventanas para el domicilio particular del hijo por importe de 26.400 euros, “a sabiendas de que nunca se iba a abonar por carecer la empresa de efectivo, teniendo incluso una deuda anterior y no abonada” con la mercantil de ventanas.

Según la fiscalía, los hechos constituyen un delito de estafa, que imputa a la acusada como autora y al hijo como cooperador necesario. La pena solicitada para cada uno de ellos asciende a 18 meses de prisión, y solicita una indemnización que deberían abonar de manera solidaria entre ambos de 26.400 euros, el importe de las ventanas que no fue abonado.

Por su parte, la acusación particular que ejerce la empresa de ventanas califica los hechos como una estafa agravada por la cuantía, y solicita una pena de tres años de cárcel para cada uno de los dos acusados, así como una indemnización por el importe de las ventanas.