Sobornos, regalos y coches a cambio de adjudicaciones de dinero público en la Consejería de Obras Públicas (PRC). Todas las novedades del mayor escándalo de corrupción del siglo XXI en Cantabria
La Policía halló en la casa de un jefe de servicio de la Consejería de Obras Públicas (PRC) una caja fuerte oculta en una pared que contenía 530.000 euros. También están detenidos altos cargos de API, Rucecan y La Encina.
25-02-2023
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria. En el marco de la operación, se ha procedido a la detención de ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos.
Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.
Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.
Tras las primeras actuaciones, se forma un equipo conjunto con la UDEF de Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.
Incremento patrimonial no justificado
Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.
El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.
Vehículos y regalos costeados por las adjudicatarias
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.
Registros y bloqueos de cuentas
La fase de explotación de la operación se concretó el pasado miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los correspondientes domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.
Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario investigado se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.
En los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Vox señala a Revilla como máximo responsable
El Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Cantabria ha solicitado las comparecencias urgentes tanto del Presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, como del Consejero de Obras Públicas, José Luís Gochicoa, tras el registro por parte de la UDEF y de la Agencia Tributaria en dicha consejería regionalista
El portavoz de VOX en la Cámara, Cristóbal Palacio, ha registrado dichas solicitudes de comparecencia con el fin de que “el máximo responsable del Gobierno de Cantabria explique a los ciudadanos de forma detallada el por qué de los registros en una sede de su Ejecutivo”.
VOX resalta que, de confirmarse los datos conocidos hasta ahora, “los mecanismos de control del propio Gobierno han fallado” y, por ello, su “máximo responsable” es el que debe comparecer para explicar lo sucedido. “Los montañeses merecen transparencia en asuntos de este calado”, declara el portavoz.
Palacio ha defendido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se cuestiona si “esta situación” se ha podido “repetir” en otros departamentos del Gobierno.
Unidas Podemos espera que se asuman responsabilidades políticas en Obras “por no vigilar adecuadamente la consejería”
Izquierda Unida y Podemos esperan que se asuman responsabilidades políticas en el seno de la consejería de Obras y el Gobierno de Cantabria “por no vigilar adecuadamente” lo que ha ocurrido en el departamento estos años.
Así se han pronunciado conjuntamente ambas formaciones tras conocerse que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria se han personado en la sede de la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por orden de un Juzgado de Madrid para registrarla, ante presuntas irregularidades en adjudicaciones del Servicio de Mantenimiento y Carreteras.
“Es de agradecer que el consejero, José Luis Gochicoa, se ponga a disposición de la justicia y de la prensa para facilitar la investigación y la información, faltaría más, pero hubiese sido más útil si hubiese en su departamento la suficiente transparencia, contrapesos y sistemas de fiscalización que evite un caso tan gordo como lo que se intuye y se va conociendo”, afirma la candidata a la presidencia de Podemos e IU, Mónica Rodero.
“Parece que las implicaciones de la investigación abarcan a personal funcionario, empresas y particulares, pero el consejero es el responsable de que todo funcione correctamente en su área y es evidente que algo falla”, ha añadido.
Por su parte, la portavoz de IU y número 2 de la lista, Carmen Martín, ha preguntado al presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, “qué va a hacer y decir” o si, por el contrario, “se va a mantener alejado de los focos, precisamente, cuando más explicaciones hay que dar”.
Además, Martín ha añadido que esperan decisiones y actuaciones rápidas en el seno del Gobierno para que “la sombra de sospecha de ilícitos penales no se alargue demasiado como acostumbran PSOE y PRC cuando gobiernan”.
CS pide la comparecencia de Gochicoa en el Parlamento
El portavoz de Ciudadanos (CS) Félix Álvarez, ha registrado en el Parlamento de Cantabria la solicitud de comparecencia del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, para que explique cuáles han sido los motivos que han llevado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional y a la Agencia Tributaria, a efectuar un registro en las oficinas de la consejería, así como en ciertos domicilios y empresas.
Álvarez ha denunciado que, aunque se sabe de momento poco sobre este asunto, “todo apesta desde hace mucho tiempo en la región, tanto en la forma en que los distintos gobiernos manejan el dinero público, como en algunas adjudicaciones y contrataciones”.
“Sabemos que la investigación ha sido impulsada por un juzgado de Madrid, que afecta al Servicio de Mantenimiento de Carreteras y que se investiga a algún funcionario y ciertas empresas. Cantabria, desgraciadamente, sigue siendo noticia por presuntos casos de corrupción”, ha subrayado Álvarez, que añade que el Gobierno, como siempre, no sabe nada.
“Yo no sé nada, dice el Gobierno de Revilla. Como siempre. ¿Han vuelto a fallar los órganos de control? ¿Han vuelto a mirar para otro lado? ¿Se ha vuelto a favorecer a los de siempre?”, pregunta Álvarez, que insiste en que el consejero ha de dar explicaciones urgentemente de lo que está ocurriendo, y recuerda que finaliza esta legislatura salpicada de numerosos casos, “raros, extraños y turbios”.