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Fiscal-jefe y magistrada por el turno político: reflexiones sobre las sentencias

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LA ABSOLUCIÓN en las imputaciones de prevaricación administrativa del exconsejero de Cultura y Turismo, Francisco Javier López Marcano, y del alcalde de Polanco (y diputado regional), Julio Cabrero, es la noticia más sobresaliente de las últimas horas, al tiempo que presenta varias lecturas judiciales y políticas. Entre las primeras, podría apuntarse en el caso de Polanco, el varapalo que ha supuesto para el fiscal superior de Cantabria, José Ignacio Tejido Román -elegido hace unos meses- que en sus conclusiones finales pidió elevar la pena de inhabilitación para los imputados, entre ellos el actual alcalde de Polanco y diputado regional. Dicen, los que estuvieron presentes, que el presidente de la sala (a su vez presidente del TSJC), Cesar Tolosa, se le notó cara de circustancias y perplejidad ante la calificación que el fiscal jefe realizaba sobre los hechos enjuiciados.
 
Estaba claro que los imputados no fueron advertidos de ilegalidad alguna y que, como en otros casos, se prueba que los altos funcionarios no siempre cumplen con sus obligaciones, como es la de advertir fehacientemente para que el cargo público o bien se la juegue (con el consiguiente riesgo judicial) o suspenda un procedimiento por ilegal. Quien conozca a Julio Cabrero sabe de su exceso en la prudencia, en ningún caso de temeridad. Se trata de un político con mayúsculas en el que prima el interés general, más o menos como le ha definido su adversario, López Marcano, quien ha señalado que Cabrero dignifica el Parlamento. Y tiene toda la razón. Por eso -y sobre todo por la sentencia absolutoria- estimamos que en este proceso el fiscal jefe ha recibido un varapalo en toda regla no solo por hacer seguidismo de su antecesora, sino por pedir una condena mayor para los tres imputados. En el caso de Julio Cabrero, el PP tiene un excelente diputado que no merece entrar como suplente en la Cámara, sino como candidato titular figurando entre los primeros puestos de la previsible candidatura de Diego para las elecciones de 2016.
 
En cuanto a López Marcano, la primera lectura es política. El exconsejero de Turismo y Cultura ha resistido ante el nuevo intento de sus adversarios de retirarle de la política activa y ha ganado esta batalla judicial que en sectores de sus propias filas regionalistas veían -y algunos esperaban- que le llevara al ostracismo.  Para Miguel Ángel Revilla es, sin duda, una buena noticia ya que podrá sacar pecho en programas televisivos, pero internamente se verá obligado a asumir el criterio de un poder político repartido con Marcano que cada día tiene más partidarios en la organización regionalista para suceder al actual secretario general. Dicen que López Marcano ha tomado buena nota de quienes han jugado a política sin él en estos meses, estimando o esperando que finalmente pasara a formar parte de la nómina de los amortizados.
 
La sentencia tiene, además, otra lectura. El fracaso de la presidenta del tribunal, magistrada Paz Hidalgo, que juzgó al exconsejero y que con su voto particular pone de manifiesto la sospecha de una determinada adscripción política. Elevada a magistrada del TSJC por el Parlamento y la mayoría del PP, en la ciudadanía queda cierto tufillo a que su postura -aunque revestida de argumentos jurídicos- podría esconder o responder a otros criterios.
 
Designada por el Consejo del Poderr Judicial el 26 de mayo de 2011, en el despacho de la agencia Europa Press que facilitaba la noticia puede leerse:  "La letrada Paz Hidalgo será la nueva magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). Así lo ha acordado este jueves el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se ha decantado por la candidata propuesta por el Partido Popular".
 
Es lo que pasa con este tipo de magistrados que llegan por la vía política, a lo que no ha sido ajeno el PRC que en 2011 que permitió a uno  de los suyos intentar acceder a magistrado por este turno viciado de origen.  Fue el polémico caso de Vicente Mediavilla que sin bajarse del coche oficial aspiró al alto puesto en la judicatura aun cuando en aquel momento pertenecía a dos poderes: el ejecutivo (era consejero) y legislativo (también diputado). De haber resultado elegido, Mediavilla habría ostentado el récord mundial en un sistema democrático de haber pertenecido -al menos durante unas horas- a los tres poderes, algo intolerable en un sistema democrático en el que debe primar la independencia de poderes. Precisamente en este empeño -en el de Vicente Mediavilla- se pueden encontrar algunas de las razones por las cuales el PRC no logró sumar más escaños en las elecciones de 2011.
 
En fin, mientras en el PP se esperaba una condena de Marcano -con ese objetivo alentaron la querella- y en el PRC algunos sectores se frotaban las manos porque podía llegar su momento con el más que presumible ostracismo del exconsejero y vicesecretario general del partido, la magistrada propuesta por el PP y presidenta del tribunal ejercía su derecho legítimo a redactar un voto particular a la sentencia que podría responder -como se dice y se sospecha de estos magistrados elevados por el dedazo político- a otros criterios ajenos a los que deben presidir este tipo de actuaciones.
 
Consecuencia, que habría que terminar con estas vías para evitar las impurezas existentes en la judicatura.

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