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Que Montoro tome nota de la reforma fiscal de Italia
El Gobierno de Italia ha aprobado un decreto que reducirá la presión fiscal sobre el trabajo y que costará a las arcas del Estado 6.900 millones de euros en el 2014. La previsible reducción de ingresos que supondrá esta bajada de impuestos estará compensada por el aumento de las tasas a las operaciones financieras y con recortes en defensa y en la administración, entre otras medidas, según ha anunciado el primer ministro, Matteo Renzi.
Esta bajada de impuestos es la medida estrella del Ejecutivo de Renzi. Consiste en la reducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para permitir que quienes ganen menos de 25.000 euros al año vean su nómina aumentada en 80 euros al mes aproximadamente. Con esta iniciativa, que entrará en vigor el próximo mes de mayo, el Gobierno busca impulsar la demanda interna y reactivar el consumo.
Para poner en práctica este plan, el Gobierno ha tenido que buscar vías para cubrir el descenso de ingresos. Renzi ha señalado que quienes más contribuirán a saldar esta reducción de ingresos serán los bancos y, por esta razón, ha anunciado una subida de impuestos sobre las operaciones financieras para embolsarse así un total de 1.800 millones de euros en el 2014.
De los beneficios a las empresas el Gobierno italiano prevé conseguir este año 1.000 millones de euros, mientras que con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) espera recaudar otros 600 millones de euros.
Recortes en innovación y administración
Asimismo se llevarán a cabo recortes en Innovación que sumarán los 100 millones de euros, otro tanto de la simplificación de las instituciones municipales, y con el ajuste en la inversión en bienes y servicios el Estado dejará de gastar 2.100 millones de euros.
Por otro lado, con la lucha contra la evasión fiscal se espera recaudar 300 millones de euros, mientras que la "sobriedad" institucional supondrá a las arcas públicas un ahorro de 900 millones de euros.
Sobre la reducción del gasto en las instituciones, Renzi ha afirmado que los órganos constitucionales como la Cámara de los Diputados, el Senado, la jefatura del Estado o el Tribunal Constitucional tendrán que contribuir ajustando sus presupuestos en "no menos" de 55 millones de euros cada una. Asimismo, ha limitado el número de coches oficiales de cada ministerio, que no podrán superar los cinco vehículos por sede.
El Ejecutivo también llevará a cabo un recorte en Defensa de 400 millones de euros y otro ajuste presupuestario al ente audiovisual RAI de 150 millones de euros.
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