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SE LIMITAN LOS COCHES OFICIALES, LOS GASTOS DE REPRESENTACIÃ“N Y LAS TARJETAS DE CRÃ‰DITO

Este lunes ha entrado en vigor la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la AdministraciÃ³n General del Estado, impulsada por el Gobierno dentro del plan de regeneraciÃ³n democrÃ¡tica. En palabras del Ejecutivo central, se trata de "una de las normas mÃ¡s avanzadas en cuanto al control de los mÃ¡ximos responsables del sector pÃºblico".

La ley, publicada en el BoletÃn Oficial del Estado (BOE) el pasado 31 de marzo, forma parte de las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy para luchar contra la corrupciÃ³n y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones pÃºblicas, segÃºn ha destacado el Ministerio de Hacienda y Administraciones PÃºblicas en un comunicado.

La nueva norma establece un rÃ©gimen integral de obligaciones y cautelas que se inician con anterioridad al nombramiento del alto cargo por el Consejo de Ministros y que se extienden hasta los dos aÃ±os siguientes en los que su situaciÃ³n patrimonial y profesional se sigue sometiendo al escrutinio de la denominada Oficina de Conflictos de Intereses.

IDONEIDAD Y HONORABILIDAD

Dentro de las principales novedades, los altos cargos deberÃ¡n demostrar su idoneidad antes del nombramiento por el Consejo de Ministros, un requisito que debe ser comprobable y documentado y al que pueden tener acceso los ciudadanos y que se aplicarÃ¡ tambiÃ©n para los cargos del sector pÃºblico empresarial.

Junto a su formaciÃ³n y experiencia tÃ©cnica para el desempeÃ±o del cargo del que se trate, deberÃ¡ probar su honorabilidad y, por tanto, que no haya sido condenado por sentencia firme o inhabilitado para cargo pÃºblico o por la regulaciÃ³n concursal, o expedientado por infracciÃ³n muy grave.

La ley impone trabas en cuanto a la utilizaciÃ³n de vehÃculos oficiales, gastos de representaciÃ³n y atenciÃ³n protocolarias y prohÃbe, con carÃ¡cter general, la utilizaciÃ³n de tarjetas de crÃ©dito. TambiÃ©n se endurece el rÃ©gimen de prevenciÃ³n de conflictos de intereses y se amplÃan los mecanismos de control. De este modo, ademÃ¡s de entregar la copia de las declaraciones tributarias del IRPF y, en su caso, del Impuesto del Patrimonio correspondientes al aÃ±o fiscal en curso, tambiÃ©n deberÃ¡n presentar las de los dos ejercicios anteriores, asÃ como certificaciÃ³n de la Agencia Tributaria de que estÃ¡ al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

REQUISITOS CONTRA LAS "PUERTAS GIRATORIAS"

La nueva normativa endurece asimismo los requisitos para otorgar la compatibilidad al cese y combatir las denominadas "puertas giratorias".

Finalmente, se aumenta la informaciÃ³n que se ha de suministrar al Congreso de los Diputados sobre el nÃºmero de altos cargos y el cumplimiento de sus obligaciones.