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EL CONSTITUCIONAL RESUELVE HOY LA DECLARACIÓN INDEPENDENTISTA

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El pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto hacer pública este miércoles la sentencia en la que declara ilegal la declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya. Los jueces comenzaron a estudiar este martes el borrador de la sentencia redactado por el magistrado conservador Andrés Ollero. Fuentes jurídicas sostienen que la resolución se aprobará por unanimidad.

Los magistrados iniciaron su debate con un acuerdo sobre el carácter jurídico y no solo político de esta declaración. Los jueces se apoyaron en la doctrina que establecieron en el 2014 cuando también tumbaron el texto sobre el derecho a decidir acordado por la Cámara catalana en enero del 2013. No obstante, los magistrados reconocen que, al igual que entonces, esta declaración "tiene un trasfondo político que no se puede obviar".

LA REDACCIÓN DE LA SENTENCIA

Por ello, las fuentes consultadas explicaron que los jueces del alto tribunal buscan dictar una sentencia "que sea clara, precisa y respetuosa" con este acto parlamentario porque "en una sociedad democrática es preciso respetar las formas". Estas fuentes confirmaron que en la primera sesión, los togados se dedicaron a aclarar conceptos del borrador propuesto por Ollero y a hacer matizaciones a este texto. Todo ello con el fin de que la resolución ofrezca "un tono pacifico".

Estas fuentes explicaron que en la resolución no se van a realizar más advertencias a las autoridades catalanas para que respeten este fallo. Por el contrario, van a insistir (como ocurrió cuando anularon la declaración del derecho a decidir) en el hecho de que la Constitución permite defender todas las ideas incluso las contrarias a la Carta Magna siempre y cuando se respeten los cauces legales.

Los magistrados ya habían acordado que el tribunal debería dar una respuesta al desafío independentista antes de las próximas elecciones del 20-D. El alto tribunal aceleró los trámites cuando suspendió esta declaración el pasado 11 de noviembre al acortar en cinco días el plazo para que la cámara catalana presentara las alegaciones  a la demanda del Gobierno.

Los togados tienen encima de su mesa los escritos de la Abogacía del Estado y del Parlament de Catalunya. El Gobierno pidió al TC que anule esta declaración porque "ordena la secesión del España por medios no democráticos". Y porque la cámara catalana "se atribuye un poder constituyente capaz de iniciar un proceso rupturista que se impone unilateralmente con menosprecio del estado de derecho".


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