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OTRO "GOLPE" JUDICIAL AP PP Y AL CANDIDATO RAJOY
En medio de las negociaciones para formar Gobierno el PP ha vuelto a recibir un nuevo golpe en su flanco más débil, el de la corrupción. Horas después de qu Rajoy y Rivera se reunieran, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han entrado en la sede del PP de Génova para llevarse el portátil del exgerente regional del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez Moliner. Los agentes también han registrado su domicilio y el de Javier López Madrid, así como los dos despachos del yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de administración de OHL.
La operación se enmarca en la "trama Púnica" de supuesta financiación ilegal del PP en Madrid. El juez Eloy Velasco ha ordenado ayer jueves cinco registros en el domicilio y dos despachos del empresario tras la publicación estos días en "El Español" de la existencia de esta parte de la investigación, sobre las sospechas de que el empresario habría dado al exgerente regional del PP miles de euros. Los hechos investigados podrían encajar en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales. Beltrán fue apartado de la gerencia del PP madrileño y como asesor municipal tras destaparse el escándalo de las "tarjetas black". El exgerente se había gastado 58.000 euros en "tarjetas b".
La conexión entre Gutiérrez Moliner y López Madrid se habría descubierto gracias a la colaboración del empresario David Marjaliza, que salió de la cárcel el pasado mes de diciembre bajo fianza de 100.000 euros después de aceptar colaborar con la justicia. El empresario habría ayudado a los investigadores a interpretar un documento manuscrito de Francisco Granados. Granados, exnúmero dos del PP madrileño, es el único que sigue en prisión por la "operación Púnica", conocida como la trama del 3% madrileño. El juez Velasco decidió una investigación que se inició en el 2014 y por las que están imputadas más de 100 personas y que alcanza ya los 50.000 folios en 65 tomos. El Ayuntamiento de Madrid concedió, entre el 2005 y el 2014, contratos por valor de 32,4 millones de euros a empresas vinculadas a la trama Púnica. En esta red de corrupción aparecen los mismos "conseguidores", según el juez, que han ido expandiendo "influencias" entre ellos y con diferentes administraciones públicas. También se investiga a "diversos órganos de contratación" y a "diferentes formaciones políticas en épocas diversas en el tiempo". Tanto el PSOE como Ciudadanos y Podemos se apresuraron ya a pedir explicaciones al PP.
DOS SEMANAS DESPUÉS DE VALENCIA
"No ha habido, que yo sepa, ningún tipo de financión ilegal", asegura Esperanza Aguirre, del PP de Madrid, que ha prometido "colaboración con la justicia a tope". El registro de Génova se produce apenas dos semanas después de la redada en otra sede del PP, entonces en Valencia, que terminó con la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y 24 arrestos.
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