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 MARIANO RAJOY sabe que las condiciones que le ha impuesto Albert Rivera  antes de empezar a negociar son un peaje que tiene que pagar si quiere ser investido. Sumar los 32 escaños de Ciudadanos, a los que se añadiría el de Coalición Canaria, es la única vía que le queda para aumentar la presión y tratar de doblegar al PSOE, cuya dirección se mantiene firme en el no ante el silencio de los barones y frente a las voces de exdirigentes históricos que abogan por la abstención.

Pero algunas de las exigencias planteadas por el líder de la formación naranja no son fáciles de aceptar por el PP,  en especial una reforma electoral para dotar de más proporcionalidad al sistema, la expulsión de los cargos públicos de los investigados o la comisión de investigación sobre el caso Bárcenas. Dos de ellas no dependen solo del partido más votado -el fin de los aforamientos y los cambios en la reglas electorales-; otras dos ya las ha asumido -rechazo a los indultos a corruptos y limitación de mandatos- y la comisión parlamentaria saldría adelante sin su voto.

El comité ejecutivo dirá sí a las exigencias en su reunión de mañana, aunque la incógnita es en qué formato lo hará. Fuentes populares señalan que el voto favorable irá acompañado de algunos matices, observaciones y apreciaciones dada su «compleja arquitectura jurídica». Ciudadanos ya ha advertido de que no se puede tocar ni una coma de su documento.

Ley electoral

El PP no quiere más proporcionalidad. Rajoy ya advirtió de que la reforma de la ley electoral requiere el beneplácito del principal partido de la oposición, el PSOE, incluso aunque no supusiera modificar la Constitución. Pero, más allá de este escollo, la propuesta de Rivera que aboga por una mayor proporcionalidad, listas desbloqueadas y fin de voto rogado choca con los intereses del PP. En cualquier caso, está efectuada en términos tan generales que permite margen de maniobra a Rajoy, que la puede aceptar y remitirse luego a unas largas y complejas negociaciones posteriores para plasmar su cumplimiento.

Caso Bárcenas

Tragar el sapo de decir sí a investigar supuestos trapos sucios. El PP sabe que si hay legislatura, se creará una comisión de investigación sobre el caso Bárcenas y su supuesta financiación ilegal. Hay mayoría suficiente en el Congreso. El PSOE lo escenificó la semana pasada, registrando la petición de la comisión, que extendió a todas las tramas de corrupción que afectan a los populares. Pero una cosa es resignarse y otra votar a favor, sabiendo que por ella desfilarían el propio Rajoy y la plana mayor actual y pasada del partido, que debería enfrentarse en minoría a los demás grupos, que irían a degüello. Los populares tratarán de diluir el impacto de esta medida exigiendo comisiones de investigación sobre los escándalos de los demás partidos. Ya han dejado caer incluso que podrían pedir una sobre los ERE andaluces en el Senado, por la que tendría que pasar Susana Díaz.

Apartar a los investigados

El PP tendrá que claudicar. Varios dirigentes populares han manifestado ya sus pegas a la expulsión de los investigados de los cargos públicos, al igual que a la supresión de los aforamientos a los políticos que demanda Ciudadanos, porque pueden dar vía libre a que tengan éxito lo que llaman querellas criminales de carácter partidista, que se presentan con el único objetivo de dañar la imagen de los adversarios políticos. El PP fija el momento para apartar a los investigados por corrupción en la apertura de juicio oral. Ciudadanos ha tenido que hacer malabarismos para justificar por qué está dispuesto a negociar con un partido investigado por corrupción y al mismo tiempo exige el apartamiento de las personas imputadas.

Fecha de la investidura

Rajoy tendría que desdecirse. Pero quizá la condición más difícil de aceptar por Rajoy es presentarse a la investidura. El presidente del Gobierno en funciones ha argumentado una y otra vez que solo se someterá al debate y la votación subsiguiente si cuenta de antemano con la mayoría suficiente para superarla. Esa fue su justificación para declinar el ofrecimiento del rey tras el 20D. Incluso tras aceptar ahora el encargo de Felipe VI se ha resistido a aclarar si se sometería o no a la investidura. Rivera le exige que fije fecha y hora. Si no lo hace, no habrá ninguna negociación. Es decir, que Rajoy tendría que desdecirse y fracasar en su investidura, siempre que el PSOE mantenga su no. Sería el precio a pagar para tratar de que los socialistas cambiarán su voto en una posterior votación. Fuentes populares señalan que la fecha podría no conocerse mañana, sino en una posterior reunión de Rajoy y Rivera.