El sindicato UGT ha denunciado en un comunicado que el ministerio no ha respondido a las preguntas de los sindicatos ni ha aceptado ninguna de sus propuestas.
“La Administración está haciendo gala durante todo este proceso de una actitud irresponsable, intolerante y contradictoria”, sostienen. La organización sindical asegura que se está poniendo en riesgo el futuro de los profesionales sin llevar a cabo un diálogo real con los afectados.
UGT tilda de “lavado de cara” para acabar por desregular completamente el sector en favor de empresas de trabajo temporal (ETT) y otras compañías multiservicio. “Las consecuencias de todo ello ya los conocemos: mayor precariedad y peores salarios”, aseguran.
Por su parte, el ministerio de Fomento, sostiene que se han encontrado con una “posición de intransigencia en el proceso de negociación” y de presión y coacción a las empresas. El Gobierno asegura que durante la cita, de una hora escasa de duración, los sindicatos no quisieron negociar otra cosa que la creación de un registro y la restricción a la libre contratación de los empleos.
Dos aspectos que el Gobierno considera blindados por la denuncia de la Comisión Europea por atentar contra la libre competencia. España se enfrentaría a una posible multa de 134.000 euros diarios si incumple el mandato europeo.