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¿GOLPE DE EFECTO U OTRA CASUALIDAD?

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¿GOLPE DE EFECTO O CASUALIDAD? Veamos. El juez Carlos Ramos y el fiscal anticorrupción José Grinda han desarrollado con la Guardia Civil una amplia operación para encontrar pruebas contra el diputado Gordó (actualmente no adscrito), al que se le atribuye haber contactado con empresarios para exigirles comisiones ilegales para la extinta Convergència, de la que había sido dirigente. El magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autorizado que agentes del instituto armado y el fiscal acudieran al Parlament, a la Conselleria de Justícia, al Palau de la Generalitat y el Centre de Telecomunicacions y Tecnologies de la Informació (CTTI) en busca de las agendas, registro de visitas y correos electrónicos. Se ha entregado la agenda oficial, pero no la personal, que era la que se buscaba. El parlamentario será interrogado el lunes en calidad de investigado. 

A unas decenas de kilómetros, Rajoy llegaba a Lleida para inaugurar un parador y recibir las críticas de un grupo de manifestantes independentistas. El Jefe de Gobierno, después de aguantar el "chaparrón" de los manifestantes y confirmarse que Puigdemont no acudiría al acto, procedió a la inauguración de un nuevo parador.

Más allá de lo que se diga sobre las motivaciones de esta actuación de la Guardia Civil, la noticia es la siguiente: efectivos de este cuerpo policial han irrumpido por orden judicial en la mañana de ayer en el Parlament de Cataluña y el Palacio de la Generalitat en busca de pruebas del caso del 3%, el que investiga el cobro de comisiones ilegales de Convergència.

En el caso de la Generalitat, el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha impedido a los 5 efectivos de la Guardia Civil el acceso, algo que no ha sucedido en el Parlament. Iban vestidos de paisano y querían dos documentos concretos. Según varios medios, la Benemérita buscaba en estos documentos datos que acrediten las gestiones del ex conseller de Justicia Germà Gordó, imputado en la causa y que está pendiente de declarar ante el tribunal que lo juzga.

La Generalitat no obstruyó a la Justicia porque se comprometió a facilitarles la información que pedían. El tribunal que ha permitido este registro es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Sí ha permitido el acceso a agentes de este Cuerpo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Querían el correo electrónico institucional de Gordó del Departamento de Equipamientos, Infraestructura y Seguridad.

También se han enviado agentes para registrar el Centro de Telecomunicaciónes y Tecnologías de la Información (CTTI).

En el Parlament, la "conselleria" y el Palau, se ha requerido la entrega de información, mientras que en la sede del CTTI en L"Hospitalet de Llobregat se ha practicado una entrada y registro para poder acceder, a través de los servidores de la Generalitat, a los correos electrónicos que tiene o ha tenido Gordó desde que ocupó el cargo de secretario del Govern. Sin embargo, el objetivo principal era encontrar su agenda informática para contrastar su información con los documentos incautados a otros investigados por el caso 3% y que, según los investigadores, desvelan que el parlamentario hizo de intermediario.

La búsqueda de la agenda o las agendas de Gordó ha sido lo prioritario. Y es que la Generalitat, según consta en la causa, contestó en su día a las peticiones de la justicia de que no constaba en sus archivos la agenda oficial del diputado en la época en que ejerció como secretario del Govern (diciembre del 2010 a diciembre del 2012), ni que dicho documento esté en formato electrónico, "al haberse eliminado el buzón del servidor departamental debido a una migración de datos". La Guardia Civil, por orden del juez, ha querido comprobar in situ si eso era así y si podía hallar otras pruebas que incriminen al exdiputado de Junts pel Si.

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