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TODOS PENDIENTES DE UN TRIBUNAL SUPREMO DIVIDIDO EN TORNO A LAS HIPOTECAS

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EL PLENO DE LA SALA TERCERA del Tribunal Supremo continua hoy debatiendo sobre la jurisprudencia a aplicar en el asunto de los actos jurídicos documentados de las hipotecas. Millones de hipotecados están pendientes de la decisión que tomarán los 31 jueces (finalmente son 28 los que asisten) del Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desde este lunes decidirán si mantienen o no el giro jurisprudencial que tres sentencias de este tribunal en el mes de octubre han obligado a las entidades bancarias a pagar el impuesto de los actos jurídicos documentados, en contra de lo que habían venido haciendo hasta ahora.

Todos los analistas dan por sentado que el Pleno ratificará que son los bancos los máximos interesados de la firma de la hipoteca y por tanto deben ser las entidades y no los clientes los que tienen que abonar el impuesto.  Sin embargo, existe una gran división entre los magistrados que votarán la propuesta final.

No obstante, no hay tanto consenso sobre la retroactividad del mismo, ni en cuanto a quién dirigir sus reclamaciones: las comunidades autónomas por tratarse de un impuesto o las entidades bancarias por estar englobado con el resto de los gastos (gastos de registro, gestoría y notaría…) que acarrea una hipoteca, en cláusulas ya consideradas abusivas por los tribunales y por tanto nulas desde sus orígenes.

Básicamente, se plantean estos posibles escenarios: que la obligación para que la banca pague el impuesto sólo se aplique de ahora en adelante; que los usuario puedan reclamar lo abonado indebidamente en los últimos cuatro años por ser el periodo de prescripción en materia de impuestos, o que se remonte más allá sin un límite fijo o con los últimos quince años por ser el momento de prescripción de las deudas.

Las implicaciones económicas para el sector bancario variarían notablemente de confirmarse uno u otro escenario. En este sentido se explica el caos que provocó el giro jurisprudencial del Tribunal Supremo y la inseguridad jurídica que se dejó sentir después de que sólo tres días después de la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas, el presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo, Luis María Díez-Picazo, elevara al Pleno el asunto para que se pronunciara sobre la conveniencia de confirmar o no el fallo que modificaba radicalmente su propia jurisprudencia anterior. Una decisión que llevó al propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a reunir a los jueces de la polémica sentencia y a pedir disculpas públicamente a la ciudadanía por la gestión que se había hecho de este asunto.

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