La corrupción en la gestión pública
Por EMILIO CARRERA
La promulgación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno, y la creación en 2005 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con el objetivo de perseguir casos de corrupción y blanqueo de dinero, de poco han servido, a la luz de los últimos acontecimientos, como remedio contra la epidemia delictiva en la gestión pública de Cantabria y el protagonismo de las empresas implicadas . Lo lamentable en todo este proceso de corrupción y despilfarro del dinero público está relacionado, como en muchos otros procesos similares que permanecen ocultos a los elementales procedimienos de control y seguimiento en la adjudicación y conclusión de obras o inversiones realizadas, con un sistema de contrataciones públicas contaminado por el clientelismo y el tráfico de influencias cada vez más ajeno a la calidad de los resultados finales en la ejecución de las obras y con los exagerados márgenes de beneficios de las empresas –y de los funcionarios cómplices– protagonistas de las autorizaciones y ejecuciones de los proyectos. Es urgente y necesario, por tanto, una reforma en profundidad de los sistemas de subastas y concursos de adjudicación de la obra pública que incorpore como medidas preventivas la información exhaustiva sobre las condiciones y requisitos con la obligada digitalización y difusión de las normas establecidas al alcance del público y organizaciones en general para que puedan presentar alegaciones, sugerencias, modificaciones o denuncias sobre los modelos o procedimientos oficiales en el desarrollo de las distintas iniciativas, concesiones o ejecuciones de las obras contratadas.
Paralelamente la Administración Pública –Los Ministerios, las Consejerías, los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales...– deberían comprometerse a hacer públicas las contabilidades oficiales de ingresos y gastos, deudas, plantillas, salarios, gestión financiera y presupuestaria...., con períodos de apertura e información públicos mediante páginas webb y folletos o ediciones impresas de transaciones o movimientos de las cuentas municipales con plazos establecidos para presentar sugerencias o alternativas a partidas o destinos de las inversiones. Todo ello acompañado de procesos de participación ciudadana con los que matizar con la mayor precisión y rigor los destinos de los recursos disponibles y poder intervenir en la elaboración de los presupuestos de los propios Ayuntamientos y entidades afines de manera que con esta serie de contrapesos y seguimientos se podrían evitar las posibles y tentadoras corruptelas y desviaciones en la asignación y la rentabilidad de los recursos disponibles. Por todo eso la corrupción y fraudes financieros que se vienen produciendo deberían servir de advertencia para introducir en todas las instituciones, operaciones y consignaciones presupuestarias con una contabilidad accesible para todo el mundo, incluyendo claves y facilidades digitales pormenorizada traducibles a los lenguajes habituales con análisis comparativos, autores o protagonistas de autorizaciones o transferencias de fondos económicos –sin que sirva de excusa para ocultarlos la Ley de Protección de Datos como se ha hecho con algunas investigaciones– y la posibilidad de entablar recursos con la simplificación burocrática y la rapidez en su tramitación y resolución. Unas informaciones qu deberían, también, incluir instancias, personas físicas o jurídicas, y organismos con competencia directa en la resolución de los tema precisando salarios, dietas o comisiones de los responsables, sin perjuicio del seguimiento de la inversión y del patrimonio de los funcionarios encargados de los asuntos tratados que podría ayudar a evitar la presencia de tanta filantropía de Consejerías y empresas beneficiadas en las más insospechadas cuentas millonarias.