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Los derribos de Liencres y la moratoria de Vuelta Ostrera: el mundo al revés

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HOY, 1 DE DICIEMBRE, la madre de todas las noticias es la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que ha instado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, a iniciar en el plazo máximo de 15 días el derribo de las 17 viviendas que conforman la urbanización Cerrias I, en Liencres. La decisión judicial es tan sorprendente como absurda: conociendo como funciona la Administración en España concede nada menos que quince días para derribar unas viviendas en las que viven familias: padres, abuelos y niños que no han conocido otro hogar que este en el que viven. Pero es absurda porque mientras la justicia acepta que una instalación medioambiental como la de Vuelta Ostrera tenga una moratoria de varios años -y no estamos hablando de personas y familias- en este caso ordena el derribo sin moratoria ni transiciones, que diecisiete familias sean desalojadas sin más, es decir, que pierdan su hogar que pagaron con el sudor de su frente, con sus sacrificios y en el que con seguridad han construido ilusiones y felicidad.

¿Pero por qué hay que derribar estas viviendas?. El Ayuntamiento y el Gobierno regional dieron el visto bueno al proyecto y licencia porque todo se ajustaba al Plan General de Urbanismo vigente.  Pero esta seguridad jurídica al parecer no es suficiente. No se ha alterado la ley, ni se ha dado una licencia contra la legalidad. Pero se decide su derribo. Fue ARCA quien denunció esta urbanización, pero también denunció otras que están más cerca de la costa. Pero, curioso, esas edificaciones más cerca de la costa que las declaradas illegales, tienen nombres y apellidos y ARCA retiró esos recursos. Por tanto, la sorpresa es que se ordena el derribo de lo que está más lejos del mar y se mantiene lo que está más cerca de la costa.

Pero al margen de estas consideraciones, centrémonos en lo ordenado por el TSJC y ese plazo de quince días, es decir, dicisiete familias que perderán su hogar en vísperas de la Navidad.  Según la orden judicial, el alcalde de Piélagos en 15 días debe derribar las viviendas. Al parecer, al juez competente le trae sin cuidado que no exista proyecto, que el Ayuntamiento probablemente no tenga consignación económica para tal fin y, finalmente, si hay empresa o no que tenga interés en concursar y proceder al derribo. Y, además, ¿quién será el encargado de ordenar a la Guardia Civil que proceda al desalojo de las familias, participando de un espectáculo deprimente para cualquier conciencia humana como es el de destruir un hogar  que una familia ha pagado con el sudor de la frente?.

No vamos a discutir que las sentencias son para cumplirlas. Pero si esa "cosa" de Vuelta Ostrera tiene una moratoria de años hasta que se construya otra, ¿como es posible que se decrete el derribo de viviendas habitadas sin la moratoria suficiente que permita la construcción de nuevos hogares para los afectados?. Que nos lo expliquen, porque no lo entendemos. Es más, nos parece tan irritante que consideramos que lo que se hace en nombre de la justicia es, a la vista está, una injusticia social insoportable.

En fín, ahí está esa asociación de intereses inconfesables que se llama ARCA a la que importa poco la paz y felicidad que ven alteradas unas familias. Por cierto, una asociación que en boca de su presidente ensalza la figura de Vicente Mediavilla, anterior consejero de Ordenación del Territorio, y condena como "preshistórica" la política del actual consejero, José María Mazón. Estos fervores de ARCA son clarificadores:  en ese tiempo se movieron como quisieron en la etapa de una tal Mirian García, directora general de Urbanismo (acababa de estrenarse como arquitecto) y que de forma irresponsable se la encomendaron unas funciones para las que no estaba preparada, al menos para entender el desarrollo armónico de Cantabria. Desde que Mazón ejerce estas competencias  ha intentado, primero, poner cordura y sensatez que fueron las virtudes que faltaron  entonces en la gestión del urbanismo y, segundo, corregir una política urbanística que de la mano de ARCA nos llevaba al descalabro general.  La prueba más fehaciente que es que a los cuatro años, la tal Miriam García salió del cargo de directora general. Lo hizo por la puerta de atrás.Nefasta su etapa e imprudente quien la nombró.

Enfrentarse a ARCA con la ley es un deber. Someterse por complicidad a sus criterios, es apuntarse a esta esperpéntica decisión de que familias inocentes pierdan su tesoro más preciado: su vivienda.

 

 

 

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