Fulminan a Sainz de la Riva como cónsul de Costa Rica en Cantabria

Fue la Cancillería quien ordenó el cese de uno de los cerebros de GFB. La Embajada no aclara si la destitución obedece a sus imputaciones. El canciller Bruno Stagno siempre dijo no saber por qué se le nombró cónsul

06-10-2013

©EL MUNDO CANTABRIA/ALFONSO RUIZ / Santander.-Mediante el acuerdo 139-09 SE del Servicio Exterior, la Cancillería de Costa Rica designaba en 2009 al empresario cántabro Leandro Sáinz de la Riva, uno de los ‘cerebros’ en el caso GFB –la fallida fábrica de fibroyeso de Orejo–, como cónsul honorario de Costa Rica en
Santander. Bruno Stagno, por entonces canciller, declaraba al diario La Nación «desconocer» el por qué.
Tres años después, 1 de diciembre de 2012, desde la Cancillería se ha dispuesto su destitución fulminante. El sustituto de Stagno, Enrique Castillo, ’no comment’

La Embajada de Costa Rica en España, sita en el Paseo de la Castellana 178 de Madrid, tampoco abundó en las razones que han precipitado el cese, que no había trascendido. «Fue una resolución del cónsul general Guillermo Rojas, que promovió una reorganización», se indicó telefónicamente. No le conocen.

Y lanzan un mensaje: todos los compatriotas que residan en Santander deben dirigirse ya directamente a la capital. No hay ya ningún paso intermedio. En medios costarricenses, sin embargo, no se descarta que la pérdida del Consulado cántabro obedezca, entre otras razones, al caso GFB y a la aparición de Sainz de la Riva en la ‘Operación Poniente’, donde tuvo que comparecer como testigo.

A primera hora de la mañana del 20 de octubre de 2009, un amplio despliegue policial intervenía el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) y detenía a su alcalde, Juan Enciso (PAL) y al entonces interventor municipal en funciones, José Alemán, como supuestos responsables de una trama de corrupción que podría haber malversado por encima de los 150 millones de euros de las arcas públicas.

Ese día también fueron detenidos los principales empresarios implicados en la trama, que giraba en torno a la empresa mixta de servicios municipales, Elsur. Junto a ellos fueron arrestados hasta una decena de sus familiares directos. En total, 20 personas, de las que ocho ingresaron en prisión preventiva. Hoy están ya en libertad bajo fianza.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña, les acusaba de organizar un entramado de subcontratas de Elsur que conseguía desmesurados e ilícitos beneficios del Ayuntamiento por sus contratos. Para ello, la Casona incrementó a partir de 2006 notablemente el canon destinado a Elsur: hasta 33 millones de euros anuales en 2008.

Los informes policiales del caso mantienen que el núcleo duro de la trama –formado por Juan Enciso, José Alemán, considerado el cerebro de la red, y los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, propietarios de subcontratas- había establecido «un sistema de relacionesbasadas en la búsqueda de sus intereses personales, procurándose de manera permanente favores».

Trama empresarial
Las subcontratas de los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán eran las principales beneficiarias. No obstante, el entramado empresarial se complica y enmaraña con un elevado número de sociedades en las que participan de una u otra manera los principales cabecillas de la red así como muchos de sus familiares también imputados.

Se sospecha que éstas habrían sido utilizadas para blanquear el dinero e incluso desviarlo, presuntamente, a otros países, como Costa Rica, hecho que obligó a declarar en Fiscalía al excónsul general Ubaldo García. Ahí es donde entra en escena Sainz de la Riva, al que incluso se le intervienen varias conversaciones telefónicas con personas vinculadas a la trama.

Hoy es administrador de la empresa Nefer Bussiness S.L., con domicilio social en la calle Génova 27 de Madrid y constituida con 3.006 euros en 2007, junto a Galán Martínez. Tiene como  objeto social la compraventa de toda clase de fincas, tanto rústicas como urbanas, así como la explotación y arrendamiento de las mismas, y la promoción y construcción de obras y edificios, tanto públicos como privados, por cuenta propia o de tercero.

La sombra del fibroyeso
Leandro Sainz de la Riva es uno de los ‘fijos’ en los legajos judiciales sobre los que reposan las cenizas de GFB. La fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo dio traslado a comienzos de año al Juzgado de Instrucción de Santander de las Diligencias de Investigación 47/12, correspondientes a las conclusiones de la Comisión de investigación constituida en el Parlamento sobre las actuaciones del Gobierno de Cantabria para la instalación del complejo participado por Euroamérica y Sodercan.

Pedía la apertura de un proceso penal al advertir hechos que pudieran ser constitutivos de delito.
El Juzgado 1 maneja la instrucción, aún en curso. Hay varios imputados.
Pero Fiscalía ya se había pronunciado a finales de 2012 en la fase de calificación del concurso de GFB. Fue rotunda: hubo dolo o negligencia grave que agravó la situación de insolvencia de la empresa.
Culpable.

El documento presentado por el Ministerio público en Lo Mercantil, y junto a los quebrantos económicos, repasaba los hechos por los que la actuación empresarial tornó en chapuza. A saber, «el modelo financiero diseñado resultó totalmente inadecuado; faltó fundamento comercial en el proyecto; la situación de insolvencia y el grave perjuicio causado a los acreedores se produjo sin haberse iniciado la actividad productiva; hubo cierta dejación en el deber de colaboración al no haberse facilitado toda la información y documentación necesaria a los administradores; y la compañía presentó la solicitud de concurso voluntario por escrito de fecha 2 de abril de 2009 cuando, al menos, desde el año 2007 la sociedad tenía una situación de insolvencia».