Liberados otros 12 terroristas, entre ellos la 'grapo' detenida en Santander en 1992
Fue condenada a un total de 98 años, 5 meses y 21 un días por diversos delitos relacionados con la actividad de los Grapo, entre ellos un asesinato
20-11-2013
LIBERADOS DOCE TERRORISTAS, ENTRE ELLOS EL AUTOR DEL ATENTADO DE ETA EN VIC
Nueve etarras y tres miembros de los GRAPO fueron excarcelados ayer en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que anuló la doctrina Parot. Entre ellos, el etarra Juan José Zubieta Zubeldia, uno de los autores del atentado contra la casa cuartel de Vic en 1991, en el que murieron diez personas, entre ellas cinco niños. Con los presos liberados ayer, ya son 41 los terroristas liberados en un mes, recuerdan los diarios.
Por otra parte, la Fiscalía defiende excarcelar al único condenado por el crimen de Alcasser, Miguel Ricart.
EL PAÍS 14/EL MUNDO 1,6/ABC 1,20/LA VANGUARDIA 1,19/EL PERIÓDICO 22/LA RAZÓN 1,12,13/LA GACETA 17
Por otra parte, UPy D presentó ayer una moción, consensuada con el PP, que hoy se votará en el Congreso en la que reclama al Gobierno que los terroristas excarcelados no cobren subsidios ni puedan acceder a cargos públicos a no ser que acrediten que han dejado la violencia y que rechazan el terrorismo. Además, deberán pedir perdón públicamente por sus crímenes.
EL PAÍS 14/EL MUNDO 6/LA RAZÓN 13
LA RAZÓN destaca el "cambio de criterio" de la Audiencia Nacional con respecto al colectivo de presos de ETA, Herrira, cuyas actividades fueron suspendidas en octubre por organizar homenajes a etarras. Entonces, una resolución del juez Eloy Velasco definía a los miembros de Herrira como "peones vinculados a ETA" e integrantes, "junto al frente militar y al de infraestructuras, de la ETA misma". Según el diario, en una sentencia notificada ayer por la sección Primera de lo Penal, se absuelve a Ibon Larrinaga de un delito de enaltecimiento del terrorismo y se refiere a Herrira como "movimiento social de reivindicación de los derechos de los presos".
LA RAZÓN 1,12,13
LA GRAPO DETENIDA EN SANTANDER
La integrante de los Grapo, Encarnación León Lara, abandonó este miércoles la cárcel de Campos del Río en la que ha pasado los últimos años de los casi 21 que ha permanecido en prisión. Mientras ella recupera su libertad, su novio, el etarra Óskar Cadenas Lorente, seguirá esperando en el centro penitenciario de la localidad murciana, donde se conocieron, informaron fuentes conocedoras de su situación.
Su salida de prisión se produce después de que la Audiencia Nacional acordara la excarcelación de otros nueve etarras y tres miembros de los GRAPO , incluida León, a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para alargar su estancia en prisión, informaron fuentes jurídicas.
León, detenida el 5 de diciembre de 1992 en Santander, fue condenada a un total de 98 años, 5 meses y 21 un días por diversos delitos relacionados con la actividad de los Grapo, entre ellos un asesinato. 'Encarni', como se la conocía en la banda terrorista, es sevillana y tiene 54 años. Tras pasar por varias cárceles en 2010 llegó a la prisión de Campos del Río donde conoció a su pareja.
Cadenas Lorente nació en San Sebastián, concretamente en el barrio de Amara de donde han salido otros históricos militantes de ETA como José Ignacio De Juana Chaos. Pero el curriculum de Cadenas --a quien también se le aplicó la 'doctrina Parot'-- no es tan extenso como el del que fuera integrante del 'comando Madrid'.
Llegó a España el 18 de febrero de 2000 tras ser extraditado por las autoridades mexicanas. Arrestado en 1996, vivía al menos desde 1992 en la ciudad azteca de Toluca, según los datos recogidos por Europa Press. En febrero de 1990 se había integrado en el 'comando legal' de ETA denominado 'Ipar Haizea' (viento del Sur), que realizaba labores de apoyo al grupo de liberados --fichados por la Policía- 'Donosti'.
Su víctima resultó herida
En 2001 la Audiencia Nacional le condenó a 36 años de cárcel por el atentado cometido el 10 de enero de 1991 en el barrio donostiarra de Loyola contra el joven de 20 años Ignacio Lago San Juan, que resultó herido. Por esta acción también fueron condenados los terroristas José Ignacio Echebarria Pascual, María del Amor Sagastume y José Arizmendi Oyarzábal, compañeros suyos en el 'comando Ipar Haizea'.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó en abril de 1996 una querella en la Audiencia Nacional contra él por su presunta implicación en el secuestro de José María Aldaya. Se le acusaba de haber enviado a los cabecillas de ETA una información en la que proponía el secuestro del empresario vasco. Se le acusó también de haber prestado su vehículo para el asesinato del capitán de Infantería retirado Ignacio Urrutia Bilbao, el 28 de junio de 1990, en San Sebastián.
Oskar Cadenas Lorente trató de evitar su entrega a España y pidió asilo político a las autoridades de México. El etarra recibió el apoyo del Partido de la Revolución Democrática, que llegó a enviar una carta al entonces ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Angel Gurria. Alegaban que la detención de Cadenas se realizó a partir de una solicitud provisional "en la que se le acusa, sin pruebas, de haber incurrido en asesinato frustrado y estragos".
Su novia, Encarnación León, es una de la cuarentena de terroristas que abandona la cárcel tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que derogó la doctrina Parot.
42 asesinos excarcelados
De esta forma, se eleva a 42 el número de asesinos excarcelados por la Audiencia Nacional desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal de Estrasburgo condenara a España a indemnizar a la etarra Inés del Río por aplicarle de forma retroactiva la 'doctrina Parot'.
De ellos, 36 son miembros de la organización terrorista ETA y cinco de los GRAPO, a los que hay que sumar el almeriense Pompeyo Miranda, que fue condenado en Bolivia por varios asesinatos.
Tras la sentencia que el 21 de octubre dictó el Tribunal de Estrasburgo, que obligó a la excarcelación de Del Río al día siguiente, la Audiencia Nacional acordó el día 25 de ese mes la salida de prisión de Juan Manuel Piriz López.
El 8 de noviembre el tribunal excarceló a otros nueve etarras, entre los cuales se encontraba Domingo Troitiño, autor del atentado que costó la vida en 1987 a 21 personas en el centro comercial Hipercor de Barcelona. El resto fueron Jon Koldo Aguinagalde Urrestarazu, Luis María Azkargorta Belategi, Isidro María Garalde Bedialauneta, Jokin Mirena Sancho, José Ignacio Urdiain Ciriza, Joseba Koldobika Artola, Elías Fernández Castañares y Juan Francisco Gómez López.
El 14 de noviembre pasado el Pleno de la Sala de lo Penal ordenó la salida de otros 13 etarras, la miembro del GRAPO Olga Oliveira y el almeriense Pompeyo Miranda. Entre los etarras se encontraban José Antonio López Ruiz, 'Kubati', que fue condenado entre otros asesinatos por el de la disidente etarra María Dolores González, 'Yoyes'; Gonzalo Rodríguez Cordero, autor de 19 asesinatos; y la miembro del 'comando Madrid' Inmaculada Noble, que participó en 1986 en el asesinato del comandante Ricardo Saénz de Ynestrillas.
El resto de excarcelados fueron Francisco Javier Lujambio Galdeano, Jesús Díaz de Heredia Ruiz de Arbulo, Pedro Juan Odraizola Aguirre, Juan María Gabirondo Agote, Pedro María Rezabal Zurutuza, Miguel Turrientes Ramírez, José Félix Zabarte Jainaga, María Josefa Urkudun Etxenagustia, Antonio Alza Hernández (preso de la denominada 'vía Nanclares') y Raúl Ibáñez Díez.
Además, ayer, martes, 19 de noviembre, la Audiencia acordó la excarcelación de otros cuatro presos. Se trata de los etarras de la denominada 'vía Nanclares' Luis María Lizarralde Aguirre e Ignacio Recarte Ibarra, así como del miembro del 'comando Araba' Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias 'Paterra', condenado por 14 asesinatos, y el miembro de los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre (GRAPO) Jaime Simón Quintela.
«Privación de libertad irregular»
La mayoría del Pleno, formada por nueve magistrados, argumenta que no se podía "demorar una privación de libertad irregular" con el pretexto de esperar la decisión que debía adoptar el Tribunal Supremo cuatro días después. Los ocho jueces de la minoría creen que la sentencia de Estrasburgo es de obligado cumplimiento aunque su ejecución no debería corresponder a la Audiencia Nacional
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió el pasado 12 de noviembre, por doce votos frente a cuatro, que debe ser cada tribunal sentenciador el que dirima el alcance de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo respecto de los presos a los que se aplicó la 'doctrina Parot', cuya aplicación da por anulada para todas las sentencias condenatorias en ejecución dictadas antes del 28 de febrero de 2006.