El 18 de mayo desahuciarán a uno de los activistas más veteranos del movimiento antidesahucios de Cantabria

En este momento ya se han agotado todos los recursos judiciales, a pesar de la existencia de informes médicos sobre su estado de salud -es un enfermo del corazón que ha sufrido dos infartos en los últimos años-.

Santander

16-05-2023

El próximo jueves 18 de mayo, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano intentarán llevar a cabo el lanzamiento de un veterano activista del movimiento antidesahucios, Roberto Mazorra. Este sería el segundo intento de desahucio que sufre Roberto, ya que en octubre de 2022 hubo otro lanzamiento programado pero se suspendió por causas jurídicas. En este momento ya se han agotado todos los recursos judiciales, a pesar de la existencia de informes médicos sobre su estado de salud -es un enfermo del corazón que ha sufrido dos infartos en los últimos años- y de vulnerabilidad socioeconómica.

Los antecedentes del caso se remontan al año 2015, cuandola extintaLIBERBANK cede la vivienda en alquiler social a varias personas afectadas de la plataforma Stop-Desahucios. Dos años después, en el año 2017, el inmueble es adquirido por el fondo inmobiliario DESARROLLOS LAS PEÑICAS, S.L. En 2018, DESARROLLOS LAS PEÑICAS denuncia por usurpación a los residentes en el inmueble. Pero la sentencia es favorable a los ocupantes y el juez dictamina que las personas que vivían allí lo hacían legalmente ya que contaban con la autorización del propietario en su momento, LIBERBANK. Posteriormente, el fondo vuelve a la carga y presenta demanda de desahucio por precario (procedimiento civil), recibiendo sentencia a su favor, después de diferentes recursos, a finales de 2021.

Unos meses antes de la sentencia definitiva, en mayo de 2021, un empresario vallisoletano adquiere la vivienda por 50.000 euros sin haberla visto y a pesar de conocer que el inmueble estaba habitado. Pocos días después de la compra, en junio de 2021, dos individuos asaltan la vivienda, destrozando la puerta y entrando al interior del inmueble. Un par de semanas después volvían de nuevo para arrancar el contador de la luz después de forzar el armario del cuadro de contadores y el buzón de los afectados. Durante varios meses, el supuesto nuevo propietario se puso en contacto telefónico con los afectados, amenazándolos en numerosas ocasiones y contratando a una empresa alicantina dedicada a la extorsión de inquilinos, denominada SERVIOKUPAS. Posteriormente, llevó las ‘negociaciones’ un abogado de un bufete de Valladolid, que no se quedó atrás en cuanto a las amenazas y coacciones: “Vais a iros de allí, ya sea por las buenas o por las malas. La gente que va a ir es de fuera. Y si os tienen que dar dos hostias os las van a dar. Que a esa gente no se la pone nada por delante”. Las víctimas de los hechos descritos presentaron sendas denuncias por amenazas, coacciones, allanamiento de morada, extorsión, daños, etc., contra los responsables. Como consecuencia de las amenazas, dos de las personas inquilinas abandonaron la vivienda.

Roberto Mazorra lleva más de una década militando en el movimiento antidesahucios; es asesor legal tanto de la PAH como de la plataforma Stop-Desahucios, y actualmente es portavoz de la Red Antidesahucios, que es el colectivo constituido de forma reciente y dedicado única y exclusivamente a parar los lanzamientos judiciales. Mazorra describe unos hechos “muy turbios”, en su opinión: “Inicialmente, me pareció absurdo que alguien comprara una vivienda sin haberla visto, con gente dentro y sin sentencia definitiva. Es obvio que el nuevo propietario tiene `negocietes’ y contactos en Valladolid que poseen vinculaciones con el fondo buitre. Y supongo que pensaría que utilizando la fuerza y las amenazas nos íbamos a ir de forma inmediata de nuestra casa. Y parece que fue un chollo el precio de venta. Y si a eso añadimos que el nuevo propietario tiene varias empresas y una de ellas se dedica al alquiler de inmuebles, pues el tema está claro. Se trata de un negocio. En el caso de que sea el propietario real y no un testaferro”.

Mazorra también carga contra la actuación de los abogados del turno de oficio en el proceso civil: “Estoy convencido de que nuestros primeros abogados en el procedimiento civil fueron ‘tocados’ por el fondo buitre. Mi primera abogada, por ejemplo, se abrazó unos minutos antes de la celebración del juicio con la letrada de Desarrollos Las Peñicas y sólo pronunció una frase en el juicio. El abogado de mis compañeros de piso los intentó engañar para que firmaran un documento de desistimiento delante mío. El siguiente abogado que nos designaron ya conjuntamente se dedicó a torpedear la defensa, no se opuso a la sucesión y no presentó recurso de casación, mintiéndonos de forma descarada. Por si no fuera suficiente, mi procuradora renunció en 2022, dejándome en situación de indefensión, lo cual tuvo como resultado el lanzamiento de octubre de 2022. Aunque tengo que decir que mi actual abogada es una excelente profesional”, puntualiza Roberto.

“El silencio y la inacción” de la administración autonómica

En los últimos meses y, sobre todo, en los últimos días, tanto el propio afectado, como la PAH y la plataforma Stop-Desahucios, han intentado reunirse con los responsables de Vivienda de la Comunidad Autónoma, con resultados infructuosos. Por ello, celebraron una concentración la semana pasada en la puerta de la D.G. de Vivienda.

Para Mazorra, “tanto la consejera, Eugenia Gómez de Diego, como la directora general de Vivienda, Alicia García, se han negado a recibirnos a los representantes de las tres plataformas existentes. Algo verdaderamente inaudito. Creo recordar que nunca había pasado hasta ahora. Es obvio que todo esto responde a una represalia por haber denunciado públicamente el funcionamiento errático y la falta de comunicación de las instituciones que dirigen o representan en relación, sobre todo, con los dos últimos desahucios ejecutados. Resulta todo un poco ridículo. Les decimos que no hay buena comunicación y la respuesta es una absoluta falta de comunicación”.

Pero para Roberto, lo que están haciendo “refleja una nula sensibilidad hacia los afectados. En realidad, en este momento que nos mientan con que no tienen viviendas o recursos es ya lo de menos. El problema es que les da exactamente lo mismo lo que nos pase, les da igual que nos desahucien o no”.

Por último, desde la Red Antidesahucios, así como desde la PAH y la plataforma Stop-Desahucios se hace un llamamiento a la ciudadanía para que acudan a la movilización contra el lanzamiento de Roberto, que se producirá el próximo jueves 18 de mayo a las 8,15h. de la mañana en la calle León Felipe nº 7 de Santander.