El ex-obispo de Santander niega ante el juez que revelara información personal de una exempleada
"Parece que para el arzobispo el fin justifica los medios”, comentó la letrada de la defensa. También declararon como investigados al ecónomo eclesiástico y el perito informático.
04-03-2017
FOTO Y TEXTOS DE HERALDO DE ARAGÓN.
El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha declarado este viernes ante el juez en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos e intromisión en la intimidad. La denuncia fue presentada por una exempleada del Arzobispado de Zaragoza, quien mantiene que el prelado autorizó un volcado de los datos del ordenador que usaba en la oficina para obtener información personal (mensajes de Whatsapp, principalmente) y conseguir pruebas contra ella. Además de al arzobispo, el titular del Juzgado de Instrucción número 11, Luis Fernando Ariste, ha interrogado también como investigados al ecónomo eclesiástico, Ernesto Meléndez, y al perito informático contratado para extraer el disco duro de la computadora, Jorge Pina.
La comparecencia del arzobispo se ha prolongado durante 45 minutos, pero este ha preferido no hacer declaraciones a su salida del juzgado. Lo mismo han hecho los otros dos encartados, que han terminado de contestar a las preguntas del instructor sobre las once y media de la mañana.
El exobispo de Santander, Vicente Jiménez, ha admitido que autorizó el volcado de datos del ordenador, pero ha negado que lo hiciera para buscar conversaciones personales o conseguir pruebas de despido. De hecho, el arzobispo ha declarado que la extracción de datos se efectuó después de dicho despido y con el único fin de comprobar si había base para impulsar una demanda canónica contra la trabajadora, ya que esta desempeñaba funciones de notaria eclesiástica y existían sospechas de que había cometido irregularidades. Jiménez ha recordado al juez que se hizo una "búsqueda ciega" de datos del disco duro y que se llevó a cabo bajo la supervisión de un notario para que quedara garantizada la cadena de custodia.
Con la información obtenida, el Arzobispado de Zaragoza envió un informe al Tribunal de la Rota, que entendió que sí existían indicios suficientes para impulsar dicha demanda canónica contra la extrabajadora. Esa investigación interna sigue su curso y podría suponer la expulsión de la Iglesia de esta última.
La única que ha hecho declaraciones tras los interrogatorios fue la abogada Susana López, que representa a la querellante, María del Carmen Amador. "Parece que para el arzobispo el fin justifica los medios”, comentó la letrada. “Ha venido a decir que la actitud que habían adoptado los denunciantes (en referencia a los anónimos difamatorios que supuestamente enviaron a la prensa) les llevó a hacer una investigación e incluso un despido", dijo.