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Editorial Cantabria24horas.com

LA DOBLE VARA DE MEDIR EN EL JUICIO DE BANKIA

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LEEMOS EN EXPANSIÓN La causa que ha quedado vista para sentencia es más un aquelarre político que un acto de justicia.Una de las características más despreciables del ser humano es su capacidad para sumarse al inquisidor por el mero placer de encender la pira sobre la que se deposita a la supuesta bruja. Son muy pocos los civiles que se atreven a levantar la mano en contra de una causa general para discrepar o introducir argumentos que reconduzcan hacia el sentido común tendencias que son claramente populistas o que están pensadas para alimentar a una masa que en pleno siglo XXI sigue exigiendo sacrificios humanos.En diciembre del 2017 el Frob vendió en el mercado un 7% de Bankia a un precio de 4,1 euros por acción. Ahora esa acción vale alrededor de 1,6 euros, aproximadamente un 60% menos que cuando se colocó entre inversores. ¿Podría decir la fiscal Carmen Launa que el Frob ha estafado a los accionistas? ¿Podría decir que esa caída se debe a que se han ocultado quebrantos? ¿Podría decir que los gestores del Frob lo hicieron para salvar su silla? Evidentemente no lo puede decir porque todos los que saben algo de esto entienden que son circunstancias de mercado que superan en muchos casos a los que toman las decisiones, basándose en estimaciones que luego se pueden cumplir o no. ¿Lo diría Launa si ahora hubiese una muchedumbre interesada en quemar a la bruja? Me gustaría pensar que no, pero a la vista de la displicencia con la que la fiscal ha actuado en la vista me temo que la realidad sea distinta. El juicio de Bankia que ha quedado visto para sentencia es una buena muestra de este comportamiento gregario e irracional. De todos era sabido que el problema que arrastraba Bankia era muy anterior a su constitución y que en su génesis estaba la gestión que se llevó a cabo en las cajas que luego se unieron para formar Bankia. Nadie ha acusado a los gestores de aquella cajas sino a los que heredaron el marrón, lo que ya de por sí constituye una injusticia y una señal inequívoca de que este juicio es mucho más un aquelarre político que un acto de justicia. Buena prueba de ello es que casualmente el juez instructor, Fernando Andreu, ha hecho una labor al menos sospechosa de disección dejando a un lado a protagonistas de un color y no a los de otro. Partiendo de la base de que no debería estar ninguno porque hay razones más que evidentes que argumentan el pinchazo del sector sin necesidad de buscar chivos expiatorios, es difícil explicar que Andreu sacase al exministro del PSOE Virgilio Zapatero que había sido vicepresidente de Caja Madrid y vocal de BFA y Bankia y que, sin embargo, metiese en la misma al exministro del PP, Ángel Acebes, que llegó en el último momento. La propia Sala dijo que este movimiento era inexplicable y contrario a todo principio de igualdad, pero el juez instructor se ha ido de rositas porque en este país las picadoras de carne son selectivas. Es difícil explicar que los mismos que acusan a unos hayan dejado al Banco de España o a la CNMV fuera. ¿Estarían los gestores de estas dos instituciones sentados en el banquillo si hubieran sido nombrados por otros? Ambos tuvieron responsabilidad y una posición activa en lo que aquellos momentos se pensó que era la única solución posible porque no había ningún comprador ni se contemplaba la intervención de Bankia. Eso no quiere decir que el Banco de España y la CNMV pudieran garantizar el éxito de la operación, entre otras cosas porque nadie lo puede hacer cuando estás sujeto a los imponderables del mercado. No lo podían garantizar ellos, ni Rodrígo Rato, ni lo podía garantizar el Frob en el caso de la última colocación. De todos es sabido que los reguladores y supervisores eran conscientes del problema y que todos intentaron poner fáciles las cosas para evitar la catástrofe. Viene a decir la fiscal Carmen Launa, basándose en no se sabe qué, que Bankia tenía quebrantos por importe de 6.000 millones cuando salió a Bolsa. De admitirle la hipótesis, esos 6.000 millones representarían menos del 2% sobre unos activos de 320.000 millones. ¿Estamos ante una estafa? No lo parece. La doble vara de medir es muy patente en la política española.

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