Editorial Cantabria24horas.com

EL GOBIERNO UTILIZARÃ ESTE AÃ‘O 3.000 MILLONES PARA EL RESCATE DE EMPRESA VIABLES EN CRISIS

LEEMOS EN CINCO DÃAS El Gobierno estima que este aÃ±o solo utilizarÃ¡ 3.000 de los 10.000 millones del nuevo fondo de rescate a empresas viables afectadas por la crisis del coronavirus que aprobÃ³ el pasado viernes. AsÃ figura en el anexo presupuestario del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaciÃ³n econÃ³mica y el empleo, que entrarÃ¡ en vigor hoy tras su publicaciÃ³n ayer en el BoletÃn Oficial del Estado (BOE). Fuentes oficiales confirman que esa es la partida inicialmente presupuestada dentro del crÃ©dito extraordinario insuflado a los Presupuestos de 2018, cuya prÃ³rroga sigue vigente, aunque inciden en que la cifra no supondrÃ¡ un corsÃ© si es necesario acabar invirtiendo mÃ¡s fondos ya en 2020. De hecho, el decreto apunta a que los 10.000 millones son una â€œdotaciÃ³n inicialâ€, lo que sugiere que el monto podrÃa ser ampliado si se considera conveniente. MÃ¡s allÃ¡ de estos cÃ¡lculos, el decreto contiene la letra pequeÃ±a del diseÃ±o del nuevo fondo de rescate, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que serÃ¡ gestionado por un Consejo Gestor de nueva creaciÃ³n cuyos miembros estÃ¡n por definir. El mecanismo podrÃ¡ aportar apoyo pÃºblico temporal, en forma de prÃ©stamos participativos, compra de deuda subordinada, suscripciÃ³n de acciones u otros instrumentos de capital, para reforzar la solvencia â€œexclusivamente para empresas consideradas estratÃ©gicas para el tejido productivo nacional o regionalâ€, â€œpor su sensible impacto social y econÃ³mico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribuciÃ³n al buen funcionamiento de los mercadosâ€. La medida, recoge la norma, entra dentro de los preceptos de intervenciÃ³n estatal temporal en las empresas privadas contemplados por la UniÃ³n Europea como parte de la respuesta a la crisis abierta por la pandemia del coronavirus. El rescate, en todo caso, deberÃ¡ ser solicitado por la empresa interesada y el Consejo tendrÃ¡ seis meses para tomar una decisiÃ³n al respecto. El silencio administrativo, detalla el BOE, serÃ¡ entendido como una desestimaciÃ³n de la peticiÃ³n. Las operaciones, en cualquier caso, deberÃ¡n tener el visto bueno del Consejo de Ministros mientras que las resoluciones del Consejo Gestor serÃ¡n firmes en cuanto a que pondrÃ¡n fin a la vÃa administrativa, si bien frente a ellas podrÃ¡ interponerse un recurso contencioso-administrativo. A partir de ahÃ, el decreto allana el terreno al Ejecutivo para la entrada en los consejos de las firmas asistidas. En primer lugar, en el caso de empresas cotizadas, el Estado estarÃ¡ exento de la obligaciÃ³n de formular una oferta pÃºblica de adquisiciÃ³n (OPA) en caso de superar el 30% de participaciÃ³n, como exigirÃa la Ley del Mercado de Valores si un inversor privado suscribiese una operaciÃ³n de este tipo. AdemÃ¡s, sin necesidad de la aprobaciÃ³n por parte de la Junta, u otros trÃ¡mites similares, el decreto recoge que el Consejo Gestor tendrÃ¡ votos, derechos polÃticos y asientos en el Ã³rgano de administraciÃ³n de las sociedades en cuyo capital social haya participaciÃ³n estatal â€œmediante la designaciÃ³n del nÃºmero de consejeros equivalente a su cuota de participaciÃ³n redondeada al nÃºmero entero mÃ¡s prÃ³ximoâ€. Un redondeo que, al contrario que en las operaciones corporativas, podrÃ¡ ser al alza, confirman fuentes oficiales. Todo ello â€œsin necesidad de ningÃºn acto o acuerdo salvo la notificaciÃ³n al Registro Mercantil. El decreto tambiÃ©n fija que todas las transmisiones patrimoniales, operaciones societarias y actos derivados del rescate, incluso las aportaciones de fondos o ampliaciones de capital o reestructuraciones financieras, estarÃ¡n exentas de cualquier tributo estatal, autÃ³nomo, local asÃ como del pago de aranceles y honorarios profesionales. ResoluciÃ³n del fondo Finalmente, el decreto detalla que la supresiÃ³n del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratÃ©gicas serÃ¡ acordada mediante Orden dictada por la Ministra de Hacienda, previo informe de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³mico. Llegado el momento de la resoluciÃ³n de este mecanismo extraordinario, detalla, el saldo correspondiente serÃ¡ ingresado en el Tesoro. Hasta entonces, â€œse integrarÃ¡n en el Tesoro PÃºblico el importe de los dividendos, intereses, plusvalÃas y cualesquiera otras remuneraciones que resulten de las inversiones u operaciones que se realicenâ€, asÃ como los resultados de las desinversiones y reembolsos efectuados, minorÃ¡ndose por las minusvalÃas y gastos.