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NUEVO PROBLEMA: EL GRADO DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRESOS

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La clasificación de los presos independentistas se ha convertido en otra trinchera en las tensiones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Sus defensas habían mantenido hasta ahora una imagen de relativa unidad y cordialidad pese a sus estrategias distintas y las divergencias a lo largo del proceso, pero la clasificación penitenciaria ha desatado las diferencias.

Esta semana se cumplen dos meses de la sentencia del procés y las juntas de tratamiento de las tres prisiones catalanas donde están los presos independentistas anunciarán el grado de clasificación de los presos. Este miércoles sólo se conocerá el informe de las juntas de tratamiento de Lledoners, Mas d’Enric y Puig de les Basses, pero es la Secretaria de Mesures Penals del Departament de Justícia, en manos de los republicanos, quien tiene sobre la mesa la decisión final.

Fuentes de la formación republicana han comunicado que descartan que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carme Forcadell puedan salir de la cárcel por Navidad ya que auguran que la junta de tratamiento de las prisiones propongan aplicarles el segundo grado penitenciario –el ordinario–, lo que impediría poder solicitar permisos de forma inmediata. Así, fuentes jurídicas de los republicanos ven muy complicado que de entrada las juntas de tratamiento puedan concederles un tercer grado que supondría ir a dormir a prisión entre semana.

En respuesta, Jordi Pina, el penalista que defendió a Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez en el Tribunal Supremo, consideraba que sus clientes deberían ser clasificados en tercer grado penitenciario. El letrado se ha pronunciado después de las informaciones procedentes de los servicios jurídicos de ERC.

Pina en un comunicado ha expuesto que sus mandantes tienen un entorno social que les acoge y la posibilidad de encontrar trabajo. Además, añade que no hay riesgo de reincidencia al estar inhabilitados y que no representan peligrosidad en la medida que no han actuado con violencia –“como de hecho ha manifestado el Tribunal Supremo al no condenarlos por rebelión”, señala el letrado–. También cumplen el requisito de no tener ninguna responsabilidad civil subsidiaria impuesta pendiente de pago, concluye el penalista de Molins & Silva.

Con todo, las defensas coinciden en su intención de recurrir ante la justicia si tienen el segundo grado para reclamar que se les conceda el tercero, que permite salir a diario y regresar a la cárcel sólo a dormir. El primer recurso irá dirigido al juez de Vigilancia Penitenciaria asignado a la prisión. En caso de que no sea aceptado, los abogados de ERC también se plantean elevar la petición al Supremo con lo cual el magistrado Manuel Marchena deberá pronunciarse sobre las restricciones que impone a los condenados una vez más.

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