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CRISIS INDUSTRIAL Y DIVISIÓN POLÍTICA EN CANTABRIA

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EL TITULAR resume lo mejor posible la situación que vivimos: por un lado, una crisis industrial que se agudiza con el cierre de Sniace y, por otro, la división política entre los socios de Gobierno prácticamente desde  que se firmó la coalición para gobernar tras las elecciones de mayo de 2019, agudizada con el "no" del PRC a Pedro Sánchez en su investidura se ha agravado todavía más con la situación planteada en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera con la negativa del Gobierno central a transferir a las Comunidades Autónomas el IVA de 2017. La guinda al pastel ha sido el voto de la senadora Isabel Fernández, exalcaldesa de Cabezón de la Sal, a rechazar que se transfiera dicho IVA, en abierta disonancia con la resolución del Parlamento de Cantabria votada conjuntamente por el PRC y PSOE en el pleno del pasado lunes.

Una y otra situaciòn llegan en el peor momento, si a ello unimos el traslado a Bilbao desde el 1 de marzo del ferry que desde el puerto de Santander nos unía con Irlanda. Una decisión que aunque económicamente no represente mucho, su significado es muy grave cara al futuro. Ante estas situaciones el Gobierno regional está demostrando una atrofia que debe denunciarse ya que esta pérdida por Santander de un transporte vinculado al puerto, debió provocar, de inmediato, la caída del presidente de la Autoridad Portuaria, cargo que corresponde al Gobierno de Cantabria en cuanto a su competencia sobre nombramiento y cese.

Sin embargo, nada de ello se ha producido y el presidente de la Autoridad Portuaria -el sueldo más alto de los presupuestos de Cantabria, por encima, incluso, del presidente de la Comunidad Autónoma- sigue en el cargo en un autobombo personal que está fuera de lugar. Mal, pues, por esta autoridad pero también por quienes le mantienen en el cargo. 

Existe la impresión en sectores de opinión pública de que caminamos hacia una deriva de Cantabria muy grave a la que es necesaria poner remedio cuanto antes. Cantabria no precisa de discrepancias -que no dudamos que en algunos casos pueden ser clarificadoras y saludables- sino de decisiones que nos lleven por el buen camino para la supervivencia de la propia Comunidad Autónoma que si bien está garantizada tanto por la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, parece hacer aguas en cuanto a sus presupuestos y a su industria como estamos viendo en los últimos días.

Bueno es, por tanto, rectificar que debe comenzar por el cese inmediato del presidente de la Autoridad Portuaria por la pérdida no justificada suficientemente del ferry con Irlanda.  

 

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