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El Gobierno alivia la situación de muchas familias con cargas hipotecarias

Además, se facilita la amortización anticipada de créditos y la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.

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El Gobierno alivia la situación de muchas familias con cargas hipotecarias
22-11-2022


El Gobierno facilitará el pago de las hipotecas a las familias vulnerables y la conversión a tipo fijo
(Foto: Moncloa)
Martes 22 de noviembre de 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete normativo, negociado con la banca, que permitirá aliviar la situación financiera de las familias vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por la subida del Euribor a la hora de pagar las hipotecas.

Se refuerza el alivio financiero para los hogares cubiertos por el Código de Buenas Prácticas y se crea un nuevo Código que beneficiará a familias de clase media (con rentas inferiores a los 29.400 euros anuales).

Además, se facilita la amortización anticipada de créditos y la conversión de hipotecas de tipo variable a fijo.

También en el ámbito del Ministerio de Economía, que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño, el Gobierno ha creado la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para reforzar la protección de los clientes.

Además, ha ampliado hasta diciembre de 2023 la Línea de Avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas y paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania.

Detalles de las nuevas medidas adoptadas

 

Más de un millón de hogares podrá beneficiarse de esta protección, aproximadamente un tercio de los que tienen hipotecas a tipo variable, según ha señalado la vicepresidenta primera.

También ha señalado que el Euribor se encuentra por debajo de los niveles históricos y las previsiones apuntan a su estabilización. Así que no existe "riesgo macroeconómico" porque la situación es muy diferente a la que se produjo con la crisis de 2007. Gracias al apoyo del sector público y a la reducción del crédito, la posición financiara de los hogares es "más saneada, con más ahorro y menos endeudamiento que en otros momentos de nuestra historia, y todo ello refuerza la resistencia, la fortaleza de la economía española en este contexto".

Aún así, ha indicado la ministra de economía, hay familias, especialmente las vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, que están acusando el aumento de la subida del Euribor, por lo que el Gobierno ha aprobado este conjunto de medidas que proporcionará a los ciudadanos un "menú de opciones" para amortiguar la carga hipotecaria y contar con más "certidumbre" sobre su nivel de gastos a medio y largo plazo.

Medidas de alivio de los deudores hipotecarios

Las iniciativas adoptadas actúan en 3 vías, según ha explicado la vicepresidenta primera: mejoran el tratamiento de las familias vulnerables; crean un nuevo marco de actuación para los hogares de clase media en riesgo de vulnerabilidad, y establecen medidas generales aplicables a todas las hipotecas.

En primer lugar, se refuerza el actual Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año y un incremento del esfuerzo del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. En concreto, se reduce el tipo de interés aplicable durante los 5 años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor más 0,25% al Euribor menos 0,10%.

Además, se introduce la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión; se duplica hasta los 24 meses el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual, y se amplía de 6 a 12 meses el plazo para solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.

Como ejemplo del impacto de estas medidas, Calviño ha detallado que una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual -tras la revisión de los tipos de interés- de 524 euros verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de 5 años en más de un 50%, hasta los 246 euros.

Se amplía, además, el ámbito del Código para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria podrán acogerse también al Código, en este caso con una carencia en el pago del principal de 2 años, un tipo de interés menor durante ese periodo y la posibilidad de alargar el plazo de la hipoteca hasta 7 años.

Familias con rentas inferiores a 29.400 euros

La protección se extiende a las familias de clase media que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria: el nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a 3,5 veces el IPREM -unos 29.400 euros anuales- que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria de al menos el 20%.

Para estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, una reducción del tipo de interés aplicable al principal que se aplace y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.

Este nuevo catálogo de medidas permitirá hasta a 700.000 familias adaptarse gradualmente al nuevo escenario de tipos de interés, según ha sostenido Calviño.

Reducir los costes de conversión

Entre las iniciativas aprobadas, se incluyen otras dirigidas a reducir aún más todos los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo y a eliminar las comisiones por amortización anticipada y por conversión durante 2023. Además, el Banco de España elaborará una guía para deudores hipotecarios en dificultades, y se reforzará el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Protección del cliente financiero

Reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero es también el objetivo del proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes. Esta nueva autoridad administrativa, que estará financiada por las entidades financieras, se encargará de resolver los conflictos que se produzcan entre las entidades financieras y los clientes cuando estos no queden satisfechos por la respuesta que se dé en las ventanillas de quejas y reclamaciones de las propias entidades.

La vicepresidenta primera ha apuntado que el procedimiento de presentación de reclamaciones será gratuito y con atención personalizada y que se establece un plazo máximo general de 90 días para la resolución de la reclamación, salvo circunstancias excepcionales. El texto amplía el ámbito de protección a los clientes en el ámbito de los criptoactivos o los servicios 'fintech'.

Apoyo a Ucrania y a las empresas afectadas por la guerra

El Ejecutivo ha adoptado otros 2 acuerdos relacionados con la guerra de Ucrania:

Por una parte, ha aprobado la dotación de las garantías para el apoyo financiero a Ucrania, necesario para el mantenimiento de la economía y la administración de ese país.

Por otro lado, ha extendido hasta el 1 de diciembre de 2023 el plazo de la línea de avales para proporcionar liquidez a las empresas y autónomos afectados por la guerra de Ucrania.

Otros acuerdos en el Consejo

Por otra parte, el Ejecutivo ha abordado 2 anteproyectos de ley para armonizar la situación laboral de los bomberos forestales y los agentes medioambientales en todo el territorio nacional.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno ha reiterado en una Declaración Institucional su compromiso para garantizar la protección y los derechos de las víctimas.

El Consejo de Ministros ha acordado, igualmente, convocar ayudas para financiar actuaciones de fortalecimiento industrial en el marco del PERTE Agroalimentario y ha autorizado el contrato de construcción en Soria del nuevo Centro de Proceso de Datos de la Seguridad Social, por valor de 73 millones de euros.

También ha destinado 12 millones a paliar los daños de la erupción volcánica de La Palma, 8 millones a proyectos de políticas de empleo para personas especialmente vulnerables, y 2,6 millones a universidades públicas que estén acogiendo a estudiantes e investigadores ucranianos.