Revilla cesa a su consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y al director general de Carreteras, Manuel del Jesus, por la trama corrupta dentro de la Consejería
José Luis Gochicoa abandonará la Consejería de Obras Públicas, según ha confirmado el presidente. El director general de Carreteras, Manuel del Jesus, también dejará el cargo
03-03-2023
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha aceptado la dimisión del consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, y ha defendido su honorabilidad en relación a la investigación judicial abierta por los contratos amañados, presuntamente, por un funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas.
“En este asunto, José Luis Gochicoa está limpio absolutamente, pero, como hemos puesto el código ético a un listón que ha de servir de ejemplo, creo, para todos, la semana que viene aceptaré su dimisión como consejero con harto dolor y consciente de que probablemente estoy cometiendo una injusticia”, ha dicho hoy Revilla en rueda de prensa.
El jefe del Ejecutivo ha matizado que la dimisión de Gochicoa se producirá la próxima semana para permitir al actual titular de Obras Públicas comparecer en el Parlamento, el próximo lunes, y “dejar las cosas claras”. Además, ha anunciado que será sustituido por un nuevo consejero.
Miguel Ángel Revilla ha dedicado buena parte de su intervención a defender la integridad de Gochicoa -“el mejor hombre de mi Gobierno”- y también del director general de Carreteras, Manuel del Jesus -“un técnico con un comportamiento impecable”-, que también ha presentado su dimisión. Según ha asegurado, ambos tenían “total desconocimiento” de las maniobras del funcionario detenido, del que ha dicho que, “aparte de ser un presunto sinvergüenza, tenía un sistema montado bastante perfecto”.
El presidente ha querido aclarar que en la investigación que está realizando el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander “no hay ningún hecho reprobable de ningún miembro del Gobierno”, tal y como se desprende del sumario del caso, que consta de más de 4.000 páginas y que ya ha sido revisado por los servicios jurídicos autonómicos.
Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo cántabro se ha personado como perjudicado en la causa y está colaborando con la justicia para llegar hasta el fondo de esta presunta trama de corrupción que apunta a una única persona, un “garbanzo negro” entre los 25.000 funcionarios que componen la Administración regional.
Por ello, ha hecho un llamamiento a no poner en cuestión la honradez de los empleados públicos, ni tampoco de los empresarios de Cantabria o de la clase política. “Aquí no hay tío Berni, ni hay Gürtel, ni hay compras de jueces… No. Aquí hay un presunto sinvergüenza que ha hecho algo increíble, pero también es cierto que los controles han fallado”, ha reconocido.
Medidas
Por otro lado, Miguel Ángel Revilla ha informado de las medidas que el Gobierno va a adoptar para reforzar los controles en materia de contratación y las cautelares que ha solicitado al juzgado como parte implicada en el proceso.
Sobre las primeras, ha adelantado que la Administración va a obligar en adelante a que los informes técnicos, económicos y de valoración de las consejerías incluyan la firma de al menos dos funcionarios con competencias en la materia y no de uno solo como hasta ahora. “De esta forma será más complicado que ocurran situaciones de éstas”, ha añadido.
En cuanto a las medidas de carácter cautelar, en primer lugar, el Ejecutivo regional ha pedido ampliar la investigación a las personas jurídicas (hasta el momento solo afecta a las personas físicas responsables de las empresas) para poder apartar a las firmas presuntamente implicadas en la trama de los procesos de adjudicación que están en marcha y en los que ha tomado parte el funcionario detenido.
Según ha explicado el presidente, el objetivo es que el juzgado determine la prohibición temporal de contratar con las empresas investigadas para no paralizar la actividad ordinaria en lo que se refiere a actuaciones, por ejemplo, de vialidad invernal, limpieza de argayos u otras relativas al mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.
En segundo lugar, se ha puesto en conocimiento de la jueza que instruye el caso la existencia de otros expedientes de contratación en los que están implicadas las empresas señaladas y sobre los que no existe “ningún indicio” de ilegalidad. Por este motivo, el Gobierno quiere continuar con su tramitación para no perjudicar la prestación del servicio público, pero con el conocimiento y el amparo del juzgado.
En tercer lugar, se ha solicitado también la apertura de una cuenta bancaria donde consignar las cantidades a abonar por las obras en las que han participado algunas de las firmas investigadas y en cuya adjudicación haya intervenido el funcionario en cuestión.
Finalmente, se ha notificado la apertura de un expediente disciplinario para la suspensión de esta persona como empleado público de la Comunidad Autónoma.
Por el contrario, Pablo Zuloaga, portavoz del Gobierno de Cantabria, no pone la mano en el fuego por José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas. Y remarca que el escándalo de corrupción del Caso Carreteras recae en exclusiva sobre en el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), y el Consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa (PRC).
La investigación
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria. En el marco de la operación, se ha procedido a la detención de ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la región. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos.
Las detenciones han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
La investigación arranca en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tienen conocimiento de la posible participación de un alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.
Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos. A su vez, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.
Tras las primeras actuaciones, se forma un equipo conjunto con la UDEF de Policía Nacional y se judicializan las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.
Incremento patrimonial no justificado
Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el grupo familiar del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en varios millones de euros.
El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada.
Vehículos y regalos costeados por las adjudicatarias
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo, el principal investigado de la trama, conjuntamente con su entorno familiar, habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales. Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.
Registros y bloqueos de cuentas
La fase de explotación de la operación se concretó el pasado miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los correspondientes domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.
Durante el registro que se practicó en el domicilio del funcionario investigado se detectaron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.
En los registros también se ha incautado abundante documentación, tanto en soporte papel como informático, que permitirá seguir avanzando en la investigación. Asimismo, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.