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BREVE REPASO POR LAS REPÚBLICAS ESPAÑOLAS

Por JOSÉ ANTONIO CARMONA GUILLÉN

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Desde Alarico I, primer rey visigodo en el año 395, España ha tenido a la monarquía como forma de gobierno. Con dos períodos excepcionales, el primero en el siglo XIX y el segundo en el XX. Es cierto que esa monarquía fue electiva con los primeros visigodos y que ha sufrido cambios de dinastía no siempre pacíficos (Caspe, Trastámara, Borbón, Napoleón, Saboya) pero esa forma de gobierno se ha mantenido hasta nuestros días. Con diversas formas de ejercer el poder ejecutivo a través de validos, secretarios y, a parir de noviembre de 1823, con la creación del Consejo de Ministros. Creado éste Consejo, la forma de nombrar o elegir a sus presidentes ha variado desde la asignación inherente al Secretario de Estado pasando por la designación real para llegar a la actual elección por las Cortes y ratificada por el Rey.

En resumen, podemos afirmar que España ha tenido forma monárquica durante más de dieciséis siglos. ¿Quiere esto decir que España no ha sido republicana nunca? No. Ha tenido dos períodos o experiencias bajo la forma republicana.

El primero de ellos tuvo 326 días de vida aunque en los distintos libros de historia dé la sensación de que fueron dos años al figurar 1873-74 y no detallando que se extendió desde el 12 de febrero de 1873 (día posterior a la renuncia de Amadeo I) hasta el 3 de enero de 1874.

Esa corta duración no impidió que tuviese cuatro presidentes de la República (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar) que a su vez lo eran del poder ejecutivo y que lograsen formar siete gobiernos y nombrar a 58 ministros que recayeron en 31 personas físicas. Todo un record para tan corto período, consiguiendo que la media de sus gobiernos fuese de 47 días. De ellos el de mayor duración lo presidió Castelar y llegó a los 118 días.

Las Cortes se constituirían el 1º de junio de 1873 bajo la denominación de Asamblea Nacional. El 17 de julio de ese mismo año entraría en la Asamblea un proyecto de Constitución de la República federal española, pero ese proyecto no llegaría nunca a aprobarse  ya que aunque la mayoría de los diputados coincidían en el carácter federal del nuevo régimen, no consiguieron ponerse de acuerdo en si esa federación debería tener su base en las regiones o en los cantones. Esta Replúbica mantuvo como bandera nacional la existente desde Carlos III.

La entrada del general Pavía en la Asamblea Nacional puso fin a la I República y se nombraría a Serrano como presidente, el cual formaría un gobierno de conciliación que llegaría hasta el 26 de febrero en que se encargaría a Zabala para, finalmente, ser sustituido en septiembre por Sagasta.

 

Y llegamos al siglo XX.

 

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales en toda España, en las que los republicanos ganaron en Madrid, Alicante, Castellón, Granada, Huesca, Málaga, Murcia y Zaragoza. En Barcelona, la Esquerra apoyada por los sindicalistas derrotaba a la Liga. El cómputo nacional era claro, 22.150 concejales monárquicos frente a 5.875 contrarios al régimen. El día 14 ya se había constituido un Gobierno provisional en el domicilio de Alcalá Zamora en Madrid. Se busca, con Romanones como enviado, una tregua hasta las Constituyentes pero a su vuelta de Palacio, un nuevo mensaje dlce que el rey debe salir “antes de que el sol se ponga”.  Y así se proclamó la II República Española.

El 11 de mayo, no llevaba un mes la República proclamada, cuando ardieron en toda España unas cien iglesias y casas religiosas.

Las elecciones se celebraron el 28 de junio y el Gobierno provisional recibió la confianza de las Cortes presididas por Besteiro. De los 406 miembros de la Cámara 115 son socialistas, 90 radicales, 26 de Acción Republicana, 61 de radical-socialistas, 25 de Derecha Liberal Republicana, 7 de PNV, 29 de ERC, 15 del Partido Agrario... Es una Cámara con mayoría de izquierdas. Se crea una Comisión constitucional que elabora un texto presentado a las Cortes a finales de agosto. Alcalá Zamora dimite por su disconformidad con los artículos 26 y 27 del proyecto que atacaban a la Iglesia. Le sustituye Azaña, pero al aprobarse la Constitución en diciembre, resulta elegido presidente  Alcalá Zamora.

La nueva Constitución define al Estado como una República democrática de trabajadores de todo orden (tras una enmienda de Alcalá Zamora). El poder legislativo reside exclusivamente en las Cortes  que son unicamerales: el Congreso de los Diputados. El jefe del Estado es el Presidente de la República elegido por un período de seis años por un sistema mixto del Congreso y por un número de compromisarios igual al de diputados. Éstos serán elegidos por sufragio universal, libre y secreto. El Consejo de Ministros es presidido por el Jefe de Gobierno, nombrado por el presidente de la República y ratificado por el Congreso. Se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales cuyos miembros son elegidos por el Congreso.

Se cambian el escudo y la bandera nacionales. En el primero se sustituye la corona real por una encastillada y en la bandera se sustituye la tercera franja (roja) por el color morado con lo que se llega a hacer coincidir (sin buscarlo o saberlo) la bandera nacional con el guion-estandarte que el general Prim usara en el XIX.

Los temas más discutidos en el Congreso sobre la nueva Constitución hacen referencia al nacionalismo y a la Iglesia. Para resolver el primero, se define a España como un Estado integral, donde se concede a las provincias y municipios el derecho a configurarse en autonomías, prohibiéndose expresamente, la federación entre ellas. Lo que produjo en 1932 el estatuto de Cataluña mientras que el elaborado en ese mismo año para el País Vasco en el que se pretendía incluir a los navarros, a lo que éstos se opusieron, por lo que no entró en vigor hasta 1936 y ya solo tuvo aplicación en parte de las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.

En cuanto a la Iglesia Católica resultó muy perjudicada no sólo por suspenderse el sostenimiento público para el culto y clero, sino porque se prohibía a las órdenes religiosas el desempeño de funciones educativas, industriales o comerciales y se declaraban disueltas aquellas Órdenes “que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado.  Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes”. (art. 27.3)

Las elecciones del 19 de noviembre de 1933 dieron amplia mayoría a la coalición de centro-derecha que obtuvo 300 actas (115 CEDA, 102 radicales y 43 monárquicos...). Los socialistas obtendrían 59. En octubre de 1934 tuvo lugar una huelga general revolucionaria socialista-anarquista en Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao y principalmente en Asturias, que necesitó el empleo del ejército para sofocarla. El 6 de octubre del mismo año, el presidente de la Generalidad de Cataluña proclama el “Estado Catalán”, lo que obligó al Gobierno de la República a declarar el Estado de Guerra y encargar al general Batet a liderar el enfrentamiento en las calles contra los secesionistas. Las acciones violentas contra cristianos, iglesias y clérigos se combinaban con la represión a los partidos de izquierdas y la suspensión del Estatuto catalán.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936, en las que ha quedado bien demostrado su fraude electoral, se asignaron 250 escaños a la izquierda coaligada en el Frente Popular, 60 para los centristas y republicanos moderados y 150 para la derecha. El Presidente Alcalá Zamora fue sustituido por Azaña, alegando haber sobrepasado el número de disoluciones del Congreso asignado a su mandato.  Es por ello que se debe considerar como período de la II República desde su proclamación en abril de 1931 hasta las elecciones de 1936. A partir de esta fecha se inicia una nueva época-régimen, el del Frente Popular, ¿precedente de lo que más tarde serían las “republicas democráticas” en el este de Europa? ya que no gozó de base democrática alguna. Por ello el alzamiento de julio de 1936 no podía ser contra la República, sino contra los que ya la habían suprimido en febrero.

En cinco años (1.767 días) se constituyeron 16 gobiernos con una duración media de 111 días en los que se nombraron 198 ministros que recayeron en 78 personas físicas.

Estos datos y los expresados para la I República, muestran la inestabilidad que esta forma de gobierno ha tenido en sus dos experiencias españolas.

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