Pedro Sánchez se ha consagrado como gran decretador con la convalidación por el Congreso de los Diputados de su decreto de medidas sobre ahorro energético, mirando al tendido de sus diputados de investidura desde Colombia. Un decreto que es una mezcla de medidas sobre el transporte, becas, abonos gratuitos y controles de temperatura. Una chapuza en tiempos en los que hubiese sido necesario un debate energético serio, con reconsideraciones sobre centrales nucleares, diplomacia con productores de gas y planificaciones a nivel europeo ante un invierno crítico. Pero solo ha habido una frívola improvisación paralela al ingenioso invento de quitarse la corbata. La tramitación de las normas por los procedimientos ordinarios del sistema parlamentario, es decir, como leyes debatidas y votadas en Congreso y Senado, constituye la esencia del sistema democrático como ejercicio de la soberanía popular a través de sus representantes legítimos. El parlamento es el poder constituido para legislar en nombre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, controlando y mediatizando al poder ejecutivo del Gobierno. Allí es donde deben producirse las normas positivas discutidas que regirán la vida de las instituciones y de los ciudadanos con contraste y diálogo o como decía Maura “con luz y taquígrafos”.

Minimizar el papel del parlamento en su función legislativa, soslayando su papel por el método más expeditivo de los decretos-ley previsto para situaciones de emergencia o necesidades imprevistas, es una forma de deteriorar la calidad democrática de una nación. Pero se da el caso de que Pedro Sánchez “el gran decretador” recurre con sospechosa frecuencia a esta fórmula, sin inocencia, sino con conciencia de que le resultará más fácil confabular a todos sus asociados en la fórmula conocida como Frankenstein para convalidar sus decretos sin exhibir ante la opinión pública las discrepancias y contradicciones que su chapuza suscita en la oposición y también en su llamado “bloque de investidura” hoy sustituido por un bloque de turbias contraprestaciones ajenas al tema tratado, insuficientemente, disfrazado con “el truco del almendruco” que es la futura tramitación del decreto-ley como proyecto de ley, en cuya tramitación el Gobierno dice estar dispuesto a admitir enmiendas que complazcan a sus socios de investidura y remienden sus aparentes discrepancias cuando haya pasado el tiempo suficiente para que el decreto mal planteado haga sus destrozos. Todos sabemos que los proyectos de ley tienen lista de espera y, aun declarados urgentes, pueden prorrogarse sistemáticamente los plazos para presentar enmiendas. En resumen, que el decreto impera y el invierno habrá pasado y pasarán las circunstancias que han provocado tal decreto sin las prometidas enmiendas a los socios de Sánchez que se conformarán, tan contentos de mantenerlo invicto e inalterable para desgracia de los españoles. El truco consiste en que PSOE y Podemos disimularán sus discrepancias y negociarán por debajo de los escaños con sus acompañantes a la deriva que se limitarán a reservar sus críticas para en su día mientras colaboran a base de reales decretos-leyes a borrar el debate y el control parlamentario además de lesionar a otras instituciones jurídicas del Estado con capacidad de aconsejar o controlar y sin escuchar las voces de los sectores económicos y sociales más implicados en la temática de la norma.

Ahora, terminando el verano, más de cuarenta proyectos legislativos están estancados, entre los cuales más de la mitad se refieren a asuntos urgentes, como las relaciones de España con el Brexit, la ejecución de los fondos europeos, la vivienda, las consecuencias de una guerra en Ucrania, etc. Los plazos se prolongan o se acortan para la tramitación de leyes de forma desmesurada. Pero los objetivos inmediatos del izquierdismo electorero se tramitan como urgentes, sin debate político profundo. La afición o adicción de Sánchez a usar un trámite de urgencia cuando esta urgencia es cuestionable, viene convirtiendo la excepción en una costumbre viciosa. Con más de ciento veinte iniciativas, Sánchez bate el record de utilización de los decretos con preferencia a la tramitación debatida de las leyes. Es un record expresivo de la falta de respeto de Sánchez a la soberanía de las cámaras y al protagonismo de los parlamentarios y sus competencias de expresarse en debates públicos detallados y razonados. Este último decreto convalidado con el uniformismo mal disimulado del bloque de investidura sobre medidas de ahorro energético ha sido calificado acertadamente por Isabel Díaz Ayuso como “chapucero y sin consenso”, como una proeza del decretador Pedro Sánchez “impuesto sin diálogo e incluso de manera autoritaria” según Alberto Núñez Feijoó Esta forma de aplicar la democracia; de manera formalista pero sin escuchar las necesidades y criterios sectoriales y, por descontado, sin tener en cuenta ninguna aportación de la oposición; es lo que explica que el presidente Sánchez pueda ser clasificado como el mayor decretador del Reino.