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Editorial de Cantabria24horas.com

EL PP INTENTA ANULAR LA SENTENCIA DEL "CASO GURTELL" EN EL SUPREMO

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El PP presentó el pasado viernes en el Tribunal Supremo un escrito en el que informa a los magistrados que analizan los recursos a la sentencia del caso Gürtelde que la Audiencia Nacional ha aceptado estudiar dos recusaciones planteadas contra uno de los magistrados que la dictó: José Ricardo de Prada. La formación, condenada como partícipe a título lucrativo, pretende con ello anular el fallo por una supuesta vulneración del derecho a un juez imparcial. La sentencia, de mayo de 2018, contra la trama de corrupción desencadenó, un mes después, la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Las vacaciones ya han llegado, pero el PP sigue plenamente activo en el frente judicial. Mientras la Fiscalía Anticorrupción pide al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que tome declaración como imputadas a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la supuesta financiación irregular del partido en el caso Púnica, la formación conservadora maniobra en el Tribunal Supremo en pleno agosto para tratar de anular una sentencia. En concreto, el fallo de la pieza principal del caso Gürtel, la llamada Época 1, en la que se certificó la existencia de una caja b en el partido y en la que se consideró a este beneficiario, si bien involuntario, del “sistema de corrupción institucional” orquestado entre altos cargos de la formación, como el extesorero Luis Bárcenas, y las empresas de Francisco Correa. La resolución, de mayo de 2018, fue el detonante para la moción de censura que situó a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno. 

Aquella sentencia se encuentra pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, y el PP pide su anulación y la repetición del juicio. Mientras, el partido de Pablo Casado pugna jurídicamente para frenar el resto de piezas del macrosumario Gürtel que faltan por enjuiciarse en la Audiencia Nacional. Los abogados del PP han encontrado una palanca para sus intereses en la recusación del magistrado progresista José Ricardo de Prada, uno de los tres firmantes de la sentencia de la trama central de Gürtel, por supuesta ausencia de apariencia de imparcialidad.

El pasado abril, el partido pidió a la Audiencia Nacional que apartara a De Prada de los tribunales que enjuiciarán otras dos grandes piezas de la macrocausa: el llamado caso Bárcenas —sobre la caja b del PP y su uso para pagar las obras de la sede nacional de la calle Génova 13 de Madrid— y la referida a los negocios de la red de Correa en Boadilla del Monte, un municipio al noroeste de la capital. Los incidentes de recusación fueron admitidos a trámite para su estudio a finales de junio y ahora corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si aparta a De Prada de ambos juicios. La Fiscalía Anticorrupción se opone.

El viernes, a primera hora de la mañana, el abogado del PP, Jesús Santos, registró en el Supremo un escrito en el que informaba al alto tribunal de que la Audiencia Nacional había aceptado estudiar las dos recusaciones planteadas contra De Prada. También le daba conocimiento de esos autos de admisión “a los efectos que pudieran ser oportunos” en el fallo sobre los recursos de la sentencia de la trama central de Gürtel. Esos “efectos oportunos” que el PP busca en el Supremo no son otros que la anulación de la sentencia por supuesta vulneración del derecho fundamental a un juez imparcial, como ya planteó en octubre en su recurso contra el fallo ante el alto tribunal.

El PP planteaba tres motivos de recusación contra el juez José Ricardo de Prada, todos ellos recogidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El primero era tener “amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes”. El partido alegaba que el magistrado mantiene una amistad notoria y estrecha con Baltasar Garzón, primer juez instructor del caso Gürtel, y con la ministra de Justicia en funciones y exfiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado. Esta causa fue desestimada para su estudio, ya que ni Garzón ni Delgado son parte en el procedimiento de Gürtel.

La Sala de lo Penal de la Audiencia sí va a analizar los otros dos posibles motivos que expone el PP para apartar a De Prada: el supuesto “interés directo o indirecto” del magistrado en la causa y la alegación de que este ha “resuelto el pleito o causa en anterior instancia”. El “interés” del magistrado deriva, según el PP, de su “notoria cercanía y relación” con el PSOE, que lo propuso como vocal del Consejo General del Poder Judicial en el intento fallido de renovación del pasado noviembre. En su escrito de alegaciones contra la recusación, De Prada negó tener una relación con el PSOE.

Redacción del fallo

También extraen esta conclusión de la propia redacción de la sentencia de caso Gürtel Época 1, en la que, según denuncia el PP, De Prada “introdujo una serie de manifestaciones y afirmaciones concretas de las que puede inferirse, sin ninguna dificultad, un ánimo acusatorio contra el Partido Popular y, por tanto, parcial, pues tales manifestaciones y afirmaciones eran absolutamente innecesarias”.

El letrado Santos, antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, señala al Supremo que este motivo de recusación “es coincidente en su contenido” con el que se expuso en el recurso de casación para sustentar la vulneración del derecho fundamental del Partido Popular a un juez imparcial. De modo que si la Audiencia apreciara parcialidad en De Prada por ese punto de la sentencia de Gürtel, esta debería anularse en el Supremo.

De Prada también rechazó este motivo y manifestó que la sentencia del caso Gürtel “expresa[N] la voluntad de un tribunal colegiado [en el que participaron con él los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego], sin que pueda atribuirse a ningún magistrado en concreto esa redacción”. “Por lo tanto la falta de imparcialidad subjetiva que pueda inferirse respecto de él, carece de sustento”, señaló.

A la estrategia del PP se suma la de procesados individuales, como el dirigente de la trama Pablo Crespo, antiguo secretario de organización de los populares en Galicia. Estos han añadido un elemento más contra De Prada: la entrevista que concedió a EL PAÍS el 25 de junio de 2018, un mes después de conocerse el fallo del caso Gürtel, y en la que denunciaba haber recibido presiones.

La Audiencia considera que la recusación del juez De Prada debe ser estudiada en su fondo, pues no se trata de la alegación de mera ideología o afinidad, sino porque deriva de una serie de “manifestaciones públicas” y “actos de participación en cargos de significativa relevancia política” del magistrado, que deben analizarse teniendo en cuenta “la trascendencia, asimismo política, del caso”.

Y, ADEMÁS, PÚNICA, LEZO, LOS PAPELES DE BÁRCENAS...

De los problemas judiciales a los que se enfrentará el PP en los próximos meses, el más inmediato es la sentencia por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas. El pasado junio, el partido —como persona jurídica— y tres de sus empleados se sentaron en el banquillo acusados de daños informáticos y encubrimiento. La Fiscalía pidió la absolución. En el caso Púnica, el juez Manuel García-Castellón debe decidir si acepta la petición de Anticorrupción de imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Este sumario está dividido en 16 piezas separadas —la fiscalía ha pedido condensarlas en 11—, en nueve de las cuales se investiga la financiación del PP.

En el caso Gürtel aún deben iniciarse cuatro juicios. De ellos, dos son especialmente sensibles para los populares. Uno sentará en el banquillo a los 27 implicados en la segunda etapa de la trama, conocida también como la pieza de Boadilla del Monte, la localidad madrileña en la que la trama corrupta campó a sus anchas hasta 2009. Más mediática será la vista por la pieza que se abrió tras publicar EL PAÍS en 2013 los llamados papeles de Bárcenas. El PP repetirá en el banquillo como partícipe a título lucrativo.

En el caso Lezo, en el que el principal implicado es el expresidente madrileño Ignacio González, se están instruyendo cinco piezas que desembocarán previsiblemente en otros tantos juicios, cuatro de ellos con González como principal imputado. En los juzgados de Valencia se instruye la Operación Erial —en la que está imputado al exministro Eduardo Zaplana— y el caso Taula, en el que se investiga desde el supuesto del blanqueo fondos para las campañas de Rita Barberá a las irregularidades en la Diputación de Valencia.

 

 

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