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Editorial de Cantabria24horas.com

PRIMERAS REUNIONES PARA LA REFORMA DE LAS PENSIONES

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La reforma de las pensiones que se propone sacar adelante el Gobierno comienza a andar a partir de esta semana. El Gobierno ya ha convocado este mismo martes a empresas y sindicatos y en el Congreso se reabre la comisión parlamentaria que propone los cambios a uno de los pilares del Estado del bienestar. Lo hace justo un año después de que tras el adelanto electoral, Podemos rompiera filas en el Pacto de Toledo en una iniciativa que fue inmediatamente secundada por el PP. «Nuestro grupo es el único que habla claro, no vamos a estar en un pacto en el que se quiere recortar las pensiones.», afirmó la entonces diputada y hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Doce meses después y dos elecciones generales de por medio, los pensionistas han visto subir sus prestaciones un 0,9% y, para los jubilados, el valor medio de la paga mensual es de 1.144 euros. En positivo, 2019 traerá una mejora de los ingresos por cotizaciones para el sistema. Pero será insuficiente. La estructura de la Seguridad Social mantiene un déficit cercano a 16.000 millones anuales; su fondo de reserva ha desaparecido virtualmente y organismos como el Banco de España o la AIRef mantienen que la mejor manera de garantizar su futuro es a través de las reformas que autorice el Congreso por consenso.

 

La ex ministra de Trabajo Magdalena Valerio, presidirá el nuevo Pacto de Toledo. Prometió el pasado jueves alinear el Congreso más fragmentado de la Historia con unas recomendaciones que quedaron «bastante vistas para sentencia». El ambiente parlamentario es muy distinto: la presencia de un grupo abierto a las negociaciones y acuerdos como Ciudadanos -clave también en las pensiones- ha dado paso a Vox, que ha sido excluido de las comisiones y está prácticamente vetado por el Gobierno. «Millones de personas están pendientes de esta comisión», recordó.

José Luis Escrivá, ex presidente de la AIReF y debutante en política como ministro de Seguridad Social será el responsable de ejecutar las reformas. «No todas serán precisamente populares», explica un conocedor de los problemas del organismo y de la dificultad de casar sus necesidades financieras con las medidas políticas.

Pensiones contributivas de la SS

Los partidos deberán decidir ahora si discutir las reformas desde cero, debatir la oleada de votos particulares introducida tras la convocatoria electoral del 28-A o asumir con un «como decíamos ayer» el compromiso previo a la cita en las urnas. Esta última opción consistiría en ratificar 23 recomendaciones que suponen abrir la puerta al mayor paquete de reformas aprobado sobre uno de los pilares del Estado de bienestar. Algunas propuestas están sobre la mesa desde 2011 y otras fueron introducidas en la pasada legislatura. Los principales capítulos sobre son los siguientes:

LÍNEAS ROJAS. El Congreso plantea su punto de partida indicando que su objetivo es el mantenimiento y la mejora del sistema de pensiones que se basa en cinco principios: universalidad, unidad, solidaridad, igualdad y suficiencia. Junto a ellos, hay unas líneas rojas, que son el rechazo a limitar el sistema a la provisión de pensiones mínimas o a realizar reformas que lo hagan «irreconocible».

EL IRP, SIN APOYOS . Aún vigente pero sorteado por el Gobierno en los dos últimos años para revalorizar las pensiones con el IPC, el Pacto de Toledo constata que el Índice de Revalorización de las pensiones (IRP) introducido por el PP en 2013 para limitar el gasto en prestaciones mientras el sistema esté en déficit no tiene suficiente consenso ni político ni social. Como confirmó ayer Valerio, el IRP está condenado, pero hacen falta alternativas.

FONDO DE RESERVA. La hucha de las pensiones se ha quedado en poco más de 2.150 millones de euros de los 65.000 con que contó debido a las disposiciones que han realizado tanto Gobiernos del PP como del PSOE. Con el fondo en mínimos el Congreso admite que su uso ha sido una huida hacia adelante para resolver los desequilibrios financieros que sufre el sistema y se ha debatido una dotación mínima en torno a 10.000 millones de euros sujeta a una regla de disponibilidad endurecida.

REEQUILIBRIO FINANCIERO. Tanto en la mesa de diálogo social con sindicatos y empresarios como en el Congreso y, a juzgar por las palabras de la responsable de Hacienda María Jesús Montero, hay acuerdo en reordenar las facturas que paga la Seguridad Social. Su déficit se debe en buena medida a gastos ajenos. Entre estos gastos figurarían las prestaciones no contributivas, como son las de maternidad o paternidad (2.500 millones entre enero y noviembre de 2019), ayudas por hijo a cargo... o los gastos de personal del ministerio (otros 2.500 millones de euros). O también, en una decisión que afecta a Yolanda Díaz, la financiación de las políticas activas de empleo de Trabajo a través de cotizaciones. Las propuestas establecen que separar esta serie de gastos aliviaría el presupuesto de la Seguridad Social ofreciendo una imagen muy distinta a la actual y señalan que su financiación corresponde al Estado.

JUBILACIÓN TARDÍA. Las reformas paramétricas orientadas a equilibrar los gastos son el punto donde el Gobierno y los partidos más arriesgan. Entre estas reformas están puntos como el periodo de cálculo, la revalorización o la edad de jubilación. Escrivá, como presidente de la AIReF, ha propuesto profundizar en la reforma de 2011 para llevar la edad real de jubilación desde los 62 años actuales a los 67. También ha planteado la necesidad de ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 25 años. En este punto hay coincidencias entre el ministro y el Congreso, que incluso plantea la posibilidad de elevar el periodo cotizado necesario para alcanzar el 100% de la base reguladora.

IGUALDAD. Para hacer más igualitario el sistema, los partidos llegaron a acuerdos para recomendar la introducción de medidas correctoras a favor de las mujeres tanto en el mercado laboral -por cuestiones como su exposición a contratos temporales o periodos de carencia en sus carreras profesionales- como en el ámbito de las pensiones no contributivas o de viudedad.

CONFIANZA EN EL SISTEMA. A lo largo de todos sus trabajos, los partidos presentes en el Congreso asumen que la confianza de los ciudadanos en el futuro del sistema se ha deteriorado de manera alarmante en los últimos años. En concreto, destacan el hecho de que la situación de la Seguridad Social y del mercado laboral llevan a los jóvenes a un pesimismo por el que consideran que no accederán a una pensión pública o que ésta será insuficiente para vivir. Sin entrar en cuestiones concretas, los partidos se abren a tomar cuantas medidas sean necesarias para que recuperen la confianza.

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