Es el caso de Juan Ramón Garai, quien asegura que "ya es hora de que se haga justicia, pero yo como Santo Tomás, mientras no meta la mano no lo veo". Garai, que se encuentra estos días enfrascado en la preparación de la segunda edición de un libro sobre la Guerra Civil en Arrasate, añade que "cargarse la Ley de Amnistía es lo que llevamos pidiendo las víctimas desde hace 85 años". Una exigencia enquistada desde hace mucho y que sigue rechazando el PSOE, que no avala anular esta norma de la Transición.

El también miembro de Intxorta 1937 Kultur Elkartea alude a continuación a un aspecto fundamental, el de la legislación internacional, que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben, y cita el caso de su propio abuelo, miembro del PNV, fusilado en la guerra en Hernani y aún hoy desaparecido. "Es lo que ha hecho la jueza Servini al procesar a Martín Villa, porque en Argentina estos crímenes siguen vigentes", ilustra. Añade que la Ley de Amnistía ha sido enarbolada de forma "torticera" por muchos "jueces españoles que se agarran a la misma para no cumplir con los preceptos internacionales".

Sobre este mismo asunto, Jon Irazabal considera que reabrir las causas por crímenes cometidos durante el franquismo tendría sobre todo un carácter "simbólico", debido a que "muchos de los culpables ya han fallecido". Este investigador de la dictadura considera, eso sí, importante dar este paso por lo que supondría de "restitución a muchas familias, que han tenido sentimientos de culpabilidad por lo que les decían los jueces en la época". Opacar esta Ley tendría por tanto como consecuencia "un reconocimiento moral, más moral que efectivo".

Preguntado por otro aspecto del acuerdo, la ampliación de la consideración de víctima del franquismo hasta 1982, valora que "Franco murió en el 75, las primeras elecciones democráticas fueron en el 79 y hubo unos años de vacío en los que el dictador desapareció pero la estructura seguía: los juzgados, la Policía...". "Franco siguió después de la muerte de Franco, el ejército franquista civil perduraba en las instituciones", insiste Irazabal, que es también miembro de la Asociación Guerra Civil y Exilio (AGE).

LEY DE PUNTO FINAL

Otro testimonio reseñable es el de Jimi Jiménez, que trabajó en la sociedad Aranzadi como investigador de personas desaparecidas y fusiladas, y que ahora integra Durango 1936 Kultur Elkartea. A preguntas de este medio, califica en primer lugar la Ley de Amnistía de "ley de punto final, que impide la investigación sobre vulneraciones de derechos en el franquismo". Considera por ello que "lo suyo sería que dejara de existir pero veo bien que para ciertos crímenes haya una ley que está por encima".

Sobre la propuesta de rebautizar el Valle de los Caídos como Valle de Cuelgamuros, subraya que esta última denominación "define geográficamente el espacio donde se ubicó", y que este paso "formaría parte de la readaptación" del mausoleo a nivel simbólico. Coincide por último con Irazabal al opinar que "evidentemente, el franquismo no se acaba en noviembre del 75, la estructura que mantenía pervivió unos años más donde se siguieron vulnerando los derechos humanos".