
EMPACHO DE LEYES EDUCATIVAS
Por JESÚS MANUEL LÓPEZ
La petición de un pacto de Estado sobre educación es clamorosa por parte de los profesionales y de los ciudadanos conocedores del tema. Pero hemos comprobado la nula flexibilidad de los partidos políticos para llegar a acuerdos básicos y trazar una ley con unos fundamentos esenciales que perduren y den estabilidad.
Nuestra Educación no está tan mal como algunos pregonan, ni tan bien como otros repiten. Pero sí hay un sentir general sobre ciertos aspectos básicos que se deben mejorar con urgencia. De ellos, quizás los cuatro apartados más graves sean, la alta tasa de abandono, la baja tasa de titulación ESO, la baja tasa en niveles de excelencia y el mediocre nivel en resultados PISA.
Esto último ha de ser tomado con precaución pues hay grandes diferencias de unas comunidades autónomas a otras y en todos los apartados. Hay zonas (Baleares) donde el abandono es ¡tres veces! mayor que en otras, mientras que en otros lugares (La Rioja, Castilla y León) se constatan niveles de lectura o de ciencias de los mejores de Europa. Además no coinciden niveles bajos de abandono con mejores resultados; ni los buenos resultados con una pronta elección en la ESO. He puesto estos ejemplos de aspectos polémicos, para que observemos lo complejo del problema y para que se vea que el compromiso político debe ser de enjundia, precedido de buenos estudios, análisis y diagnóstico. Podemos para ello ayudarnos de PISA, Finlandia, etc., pero somos nosotros los que debemos adoptar las soluciones.
Es evidente que los problemas debieron ser atajados hace tiempo, que esas grandes diferencias territoriales, norte-centro por un lado y sur mediterráneo por otro, suponen desigualdades entre los ciudadanos españoles de graves consecuencias futuras.
Estos son los aspectos que considero más importantes de este debate: En primer término, la educación en España necesita de un impulso general que le corresponde dar al Gobierno de España, aportando valor y creando necesidad de la importancia real que tiene. Como dice el filósofo J.A. Marina, la conciencia de la “tribu” es esencial si queremos que la solución sea global.
Para que sea más efectiva la igualdad en todo el país, la directriz competencial debiera volver al Gobierno central, manteniendo la responsabilidad de la gestión en las CCAA. Es paradójico que hayamos reclamado un Espacio Europeo de la Educación y, sin embargo, nosotros tengamos una ley en cada Comunidad.
El Estado debe priorizar la mejora de la red de centros públicos para que se dé un igual servicio y deje de depender de conciertos con entidades privadas, dando más autonomía a dichos centros.
Que las necesarias pruebas externas –bastante universales en Europa- no se utilicen para marginar, sino para serios análisis y diagnósticos.
Propongamos acciones para mejorar los niveles de excelencia, pero sin perder aspectos que en las pruebas se nos señalan como positivos, de equidad, o mecanismos de compensación y apoyo.
Es muy urgente un impulso digno a la FP, de inversión fuerte, para que surja con calidad, adaptada a los cambios, relacionada con los sectores productivos. No importaría un comienzo más temprano del alumnado, siempre que no se cortara la posibilidad futura de acceder al bachillerato y universidad.
Entendemos también que una parte del consenso debiera ser la idea ilustrada de la educación laica en convivencia mixta, que reconoce la fe religiosa como un derecho individual; la escuela para los conocimientos culturales, científicos, no para las creencias. La cultura religiosa, importante, puede estar en la Historia y la Filosofía. También el Consejo de Estado y el Consejo Europeo ven necesaria “Educación para la Ciudadanía”.
Motivo esencial para que la educación funcione bien es la formación del profesorado, tanto inicial, desde el grado, con lo propio del área y con destrezas básicas del rol –comunicativas, dinámicas de grupo, etc.-; como permanente, desde la acción e investigación cotidianas. Una buena preparación del profesional debe llevarle a enseñar lo programado de forma que cohabiten esfuerzo y disciplina, con confianza y respeto. La ley de autoridad del profesor debiera ser una ayuda simbólica en el sentido de que puede reforzar la conciencia de responsabilidad de la “tribu”, pero será un adorno si el profesional no domina las destrezas del rol.
Final
y tristemente no veo al actual ministro (o consejeros), ni a la LOMCE, con el
espíritu de querer el consenso imprescindible, sino con la necesidad de dejar
la impronta de grupos (baronías, parroquias, etc.); lo ya visto. ¿Otra prueba
más del inmovilismo bipartito-nacionalista?
Jesús Manuel López – Miembro de UPyD de Cantabria.
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